El presidente del Partido Comunista chileno, Guillermo Teillier, dijo a Sputnik que el Gobierno violó la Constitución al aplicar el estado de emergencia.
Teillier destacó las protestas de los últimos días en varios puntos del país y la adhesión masiva de la población a la convocatoria del 23 de octubre por Unidad Social, una concertación de organizaciones sociales, sindicales y de derechos humanos.
"Han sido un éxito porque [las movilizaciones] han sido absolutamente pacíficas. Hechos como quemas de propiedad privada y otras cosas se dieron de forma muy aislada, aunque los medios de comunicación chilenos ponen acento en eso y no en las demandas", afirmó el presidente del Partido Comunista (PC) que también es diputado en Chile.
Teillier se mostró optimista en la posibilidad de que la movilización social logren "imponer un diálogo distinto" con el Gobierno. En ese sentido, reclamó que el Ejecutivo chileno "escuche sus demandas, porque el Gobierno no ha querido escuchar a las organizaciones" y consideró que las medidas anunciadas son solo "paliativos" a los pedidos de los manifestantes.
Para el diputado, la oposición al Gobierno de Piñera en el Congreso debe acompañar esas protestas impulsando cambios de fondos a nivel político.
"Me da la impresión de que vamos a lograr, como oposición, poner como tema político el cambio de Constitución. Abrir las puertas para que se reinicie este proceso que fue interrumpido por este Gobierno", auguró.
En efecto, uno de los últimos actos de Gobierno del segundo mandato la expresidenta Michelle Bachelet (2006-2010 y 2014-2018) fue firmar un proyecto de reforma constitucional surgido de un proceso constituyente que se inició en 2015 y que incluyó una serie de 'cabildos ciudadanos' en los que participaron más de 200.000 personas.
Aquel proyecto reformaba por primera vez la Constitución que todavía sigue vigente, redactada en 1980 por la dictadura que encabezaba Augusto Pinochet (1973-1990) y ampliaba las funciones sociales del Estado chileno al tiempo que reconocía derechos de las comunidades indígenas.
La iniciativa llegó a ser enviada al Congreso chileno pero la resistencia del Gobierno de Piñera, que asumió en marzo de 2018, acabó por hacer naufragar el cambio.
"En la calle mayoritariamente se escucha 'nueva Constitución', 'asamblea constituyente' o 'plebiscito' y nosotros creemos que en lo que puede contribuir el Parlamento y los partidos es precisamente abrirle paso institucional para facilitar la discusión popular", sostuvo Teillier.
¿Es posible un juicio político contra Piñera?
La movilización popular en las calles de Chile tuvo como contrapartida una fuerte represión policial y militar, respaldada por el estado de emergencia decretado por Piñera y los sucesivos toques de queda implementados en Santiago y otras varias ciudades.
La represión ya dejó al menos 18 fallecidos (entre ellos un niño de 4 años). De acuerdo al Instituto Nacional de Derechos Humanos, hay más de 500 personas heridas y más de 2.600 detenidos. El organismo inició varias querellas por abusos policiales e incluso 8 denuncias por "desnudamientos" y amenazas de violación contra mujeres. "La gente espera y está exigiendo que se termine con las violaciones a los derechos humanos", remarcó Teillier.
El legislador dijo que, de acuerdo a los juristas que asesoran al PC chileno, las medidas restrictivas de la libertad adoptadas por Piñera en los últimos días son inconstitucionales. En ese sentido, se considera que el Gobierno se excedió en su forma de restringir los derechos de circulación y reunión masiva. Además, señaló que el presidente no tiene las facultades necesarias para decretar el toque de queda de la forma que lo hizo, limitando la libertad de comercio y de trabajo.
"Parece que el Gobierno se equivocó y puso en práctica el estado de emergencia como lo estableció Pinochet", señaló.
Ante esa situación, el Partido Comunista resolvió impulsar una "acusación constitucional" contra Piñera, entendiendo que el mandatario violó la Constitución con sus últimas medidas. Para Teillier, promover un juicio contra el presidente no es "atentar contra el Estado de Derecho", y los diputados tienen el derecho constitucional de promover la acusación.
"Incluso estamos pensando en que puede servir para dejar claro ante la opinión pública nacional e internacional que se están violando los derechos de la sociedad entera", completó.
Sputnik
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