El tema estaba en la agenda de abril del STF, pero en ese momento se pospuso sin una nueva fecha. Se espera que el asunto, colocado en agenda por el presidente del STF, Antonio Dias Toffoli, dure por lo menos tres sesiones de la audiencia superior.
La corte analizará tres llamadas Acciones Declaratorias de Constitucionalidad (ADCs), las cuales exigen que los jueces revisen la posición adoptada por ellos en 2016.
Ese año la mayoría de los ministros del Supremo decidió que el magistrado podría solicitar la detención de los acusados, cuya condena fue confirmada en segunda instancia. Sin embargo, el párrafo 57 del artículo cinco de la Constitución establece que 'nadie será considerado culpable hasta que se dicte una sentencia firme e inapelable'.
Rogerio Dultra, profesor de derecho de la Universidad Federal Fluminense, considera esta discusión -y especialmente la forma en que se realizó en el Supremo-, como uno de los síntomas del creciente desempeño político del tribunal.
Aunque la institución siempre ha tenido un papel en la política, el jurista, citado por el sitio noticiasr7, cree que ha habido una creciente sumisión de las discusiones legales a la lógica de la política nacional.
El caso involucra directamente a Lula. El aplazamiento de abril, por ejemplo, fue recibido como una señal de que el presidente del STF se había retirado ante las repercusiones políticas que recobró fuerza en los tribunales tras las revelaciones de la Vaza Jato (filtraciones que ponen en duda la imparcialidad de la operación anticorrupción Lava Jato).
Si se aceptan los argumentos de los ADCs, el exdirigente obrero seguiría siendo procesado, pero, en teoría, debería esperar en libertad el resultado de los casos en los que se le acusa.
Además de este juicio, al menos otros dos tienen que ver con su situación. La primera es la finalización de la decisión sobre la nulidad de los casos en que denunciados y delatores se manifiesten en el mismo momento del proceso.
La mayoría de los ministros ya han comprendido que por este acto se viola el derecho de defensa de los acusados.
Dependiendo de cómo se aplique esta posición en la práctica, la condena de 12 años y 11 meses contra Lula en el llamado caso del sitio de Atibaia puede ser anulada.
La denuncia establece que la finca en Atibaia (interior del estado de Sao Paulo) supuestamente fue entregada como coima, acusación que el expresidente niega en todo momento.
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