La demanda se oficializó mediante una 'Carta con Intención', dirigida por autoridades de 18 pueblos, 15 nacionalidades, 52 federaciones provinciales y 10 mil comunidades a Kristalina Georgieva, directora de la institución.
La presencia de esa alta funcionaria en este territorio andino es ampliamente rechazada, especialmente por los sectores de menos ingresos, los más afectados con las llamadas recetas del FMI, aplicadas por el ejecutivo.
El texto lo escribieron dirigentes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (Confeniae), Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador (Ecuarunari) y la Confederación de Nacionalidades y Pueblos Indígenas de la Costa Ecuatoriana (Conaice).
La Carta con intención censura 'la insistencia de aplicar, tercamente, políticas de austeridad que no sólo desconocen las complejas realidades de nuestros pueblos, sino que ignoran olímpicamente nuestras prioridades'.
También destaca que las políticas recomendadas por la institución financiera imponen una idea de 'desarrollo' que no responde a las necesidades concretas del país y parecen concentrarse en 'resolver' problemas que no son del pueblo.
Una de las críticas del movimiento indígena radica en que hace pocos meses, bajo la asesoría del FMI, 214 grupos económicos quedaron eximidos de pagar 987 millones de dólares que debían al Estado.
Asimismo, aseguraron que aún existe una deuda impaga, concentrada en las mismas principales empresas, por un valor de cuatro mil millones de dólares, ante lo cual consideraron adecuado, empezar por cobrar lo adeudado, antes de pedir préstamos o grabar impuestos.
Lo lógico, en su criterio, sería entonces buscar financiamiento, primero, en bancos donde la tasa de interés sea baja, pues, los préstamos ofrecidos por el FMI, se acercan a la usura.
En su análisis, también cuestionaron la necesidad de aplicar medidas agresivas de ajuste estructural, así como el aumento al precio de los combustibles, solo para cuadrar cuentas fiscales o la aplicación de flexibilización laboral y ambiental con el supuesto fin de mejorar la competitividad a largo plazo.
Los firmantes recordaron además que las disposiciones de la administración nacional, para cumplir el acuerdo con el ente, llevaron a una explosión social de 11 días, marcada con una fuerte represión y un saldo de ocho muertos, mil 192 detenidos y mil 340 heridos.
En ese contexto, instaron al Fondo a parar las presiones o 'los gobernantes y grupos de poder beneficiarios y benevolentes con ustedes, el FMI, deberán asumir las consecuencias de aplicar una política económica ortodoxa, cómplice, entreguista y antidemocrática que vulnera nuestro derechos y los de la Madre Tierra'.
La carta, difundida en el sitio digital de la Conaie, coincide con una etapa de diálogo indígenas-gobierno, iniciada el pasado 13 de octubre, cuando el presidente de la república, Lenín Moreno, aceptó derogar el Decreto 883, que eliminó el subsidio a los combustibles y elaborar, junto a los sectores movilizados, una nueva regulación, la cual, aún no ha dado frutos.
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