Ese día serán elegidos mil 101 alcaldes, 32 gobernadores, mil 101 concejos municipales, 32 asambleas departamentales y mil 40 juntas administradoras locales para el periodo 2020?2023.
Los aspirantes que resulten elegidos se posesionarán en sus cargos territoriales el 1 de enero de 2020. En estas elecciones podrán votar todos los colombianos mayores de edad que hagan parte del censo electoral, que residan en el país y los extranjeros que habitan aquí.
Entretanto, los hechos de violencia política persisten pues desde el inicio de la campaña, el 27 de julio último, fueron asesinados siete candidatos. A ellos se unen acciones como amenazas, atentados y alertas por supuesto fraude en la inscripción.
Según Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), más de 150 municipios colombianos están en riesgo electoral por fraude y factores de violencia.
'Si miramos los datos históricos venimos en una disminución de municipios con factores de riesgo. Sin embargo, la disminución este año es inferior a lo esperado respecto de lo logrado en anteriores elecciones', detalló.
Por ejemplo, apuntó, mientras que de los comicios locales de 2015 a los nacionales de 2018 en 128 municipios desaparecieron riesgos de violencia, de 2018 a 2019 la baja es solo de cinco municipios.
Lo mismo ocurre con los factores de fraude y manipulación electoral en donde la disminución de municipios en riesgo es solo de 26 municipios comparados con las anteriores locales de 2015.
Esto quiere decir que no están aumentando los espacios con riesgo, sino que se están concentrando los hechos en zonas muy específicas y con un impacto mucho más localizado, subrayó Barrios.
La Defensoría del Pueblo subrayó recientemente que el 36 por ciento de los municipios está en riesgo electoral por la presencia de grupos armados ilegales.
Por su parte, organizaciones señalan la falta de garantías para ejercer la política.
El secretario general del Partido Comunista Colombiano (PCC), Jaime Caycedo, pidió al presidente Iván Duque y al Gobierno Nacional un pronunciamiento claro acerca de las garantías políticas para las fuerzas de la oposición, que actúan en la campaña electoral.
Dicho pronunciamiento tuvo lugar tras el ataque del 11 de octubre último a las sedes del PCC y de la Unión Patriótica (UP), y del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC).
Candidatos por la FARC denunciaron las amenazas de que han sido objeto y la falta de garantías para el ejercicio político, a pocos días de unos comicios que también son considerados importantes para el proceso de implementación del Acuerdo de Paz firmado en 2016 entre el Estado y la exguerrilla FARC-EP.
Unido a ello, autoridades informaron sobre la anulación de miles de cédulas de ciudadanía por supuesto fraude en la inscripción.
Así lo comunicaron el presidente del Consejo Nacional Electoral, Hernán Penagos; el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo; y el Fiscal General Fabio Espitia.
Los departamentos con más inscripciones irregulares son Antioquia, Atlántico, Santander, Tolima, Norte de Santander y Huila, precisaron.
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