El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afronta una de las mayores crisis políticas de su gestión y en este contexto pone sobre la mesa un escenario de diálogo nacional paralelo al que se desarrolla desde mayo con la mediación de Noruega.
Esta nueva propuesta generó entre los consultados por Sputnik reacciones disímiles, incluso, dentro de los integrantes de la oposición.
"Estamos a favor del proceso de diálogo y estamos planteando que se produzca una forma de replantear el diálogo en Barbados a través del Gobierno noruego, que el presidente de la Asamblea Nacional [parlamento unicameral de mayoría opositora], Juan Guaidó, replantee su estrategia que hemos venido señalando que tiene algunas equivocaciones", indicó en declaraciones a Sputnik Carlos Melo, miembro de la dirección nacional del partido COPEI (Comité de Organización Política Electoral Independiente).
El partido de Melo aún no se ha sumado a este proceso, y él aseguró que aunque lo respalda, espera que se incorporen a la agenda temas de interés para la población, como el económico, más allá de "la gran política".
Hoja de seis puntos
Una delegación del Gobierno, encabezada por el ministro de Comunicación Jorge Rodríguez, y la vicepresidenta Delcy Rodríguez, firmó el 16 de septiembre un acuerdo de seis puntos con representantes de los partidos opositores Avanzada Progresista, Mas (Movimiento al Socialismo), Cambiemos, Soluciones y Esperanza por el Cambio, el cual se sumó al proceso el miércoles.
En el documento se establecieron seis puntos: incorporación del PSUV y aliados a la Asamblea Nacional, reforma del Consejo Nacional Electoral (CNE), liberación de políticos detenidos, un compromiso de defensa del territorio del Esequibo, ante las exploraciones petroleras de Guayana, rechazar las sanciones de EEUU e impulsar un programa de cambio de alimentos por petróleo.
Un sector de los partidos de oposición, integrado principalmente por Acción Democrática, Primero Justicia y Voluntad Popular, los grupos con más curules en el parlamento, repudian este nuevo proceso y sus dirigentes lo han calificado como "una trampa".
"Esta nueva trampa no es otra cosa que la reedición del fraude electoral que se cometió en Venezuela el año pasado el 20 de mayo, los mismos actores, mismos protagonistas que definitivamente se hacen llamar de oposición, pero que actúan para favorecer a Nicolás Maduro", dijo a Sputnik Alfonso Marquina, diputado opositor del partido Primero Justicia.
Pero desde el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) esta iniciativa es vista como "una esperanza" para resolver el conflicto político en el que se ha inmerso la nación caribeña en los últimos 9 meses.
"De verdad que nos da mucha esperanza, que pudiéramos conseguir el camino definitivo a desmontar toda esta estructura guerrerista, que se viene montando desde Colombia y que ha venido participando de manera directa, de manera activa, de manera protagónica la dirigencia opositora venezolana", sostuvo en entrevista con Sputnik el constituyente Julio Chávez.
Condiciones del PSUV
El 16 de septiembre, las partes acordaron que la bancada del partido de Gobierno se sumaría a las sesiones, tras lo cual el diputado opositor Timoteo Zambrano aseguró que esa incorporación se haría "de inmediato" y el presidente de la Constituyente, Diosdado Cabello, lo ratificó.
"Nosotros por la paz del país vamos a la Asamblea y nos incorporamos sin ningún problema y con la convicción de que eso servirá para abrir un espacio a la paz, para que los violentos se aíslen cada vez más y se queden solos con sus paramilitares", expuso.
Sin embargo, Chávez explicó a Sputnik que ese regreso no se haría de la noche a la mañana, como muchos aguardaron en la sesión del 17 de septiembre, e indicó que lo principal es remover a la actual junta, encabezada por el diputado Juan Guaidó, autonombrado presidente encargado de Venezuela.
"La reincorporación de nosotros pasa por una nueva junta directiva, y seguramente eso se va a trabajar, eso es un proceso de evaluación no es que nos íbamos a incorporar de inmediato eso no es verdad, puesto que esa Asamblea y esa junta directiva están en desacato", expresó.
Marquina calificó esta decisión de no incorporarse como una primera señal de falla del nuevo proceso de conversaciones.
"Lo ofrecieron el lunes [16 de septiembre], y ya el martes [17 de septiembre] no lo cumplieron, y el no ir a la Asamblea fue una decisión de ellos, en la cual ellos han podido regresar en cualquier momento, porque a ellos se les respeta sus curules", agregó.
En diciembre de 2015, cuando se celebraron los comicios parlamentarios, el Gran Polo Patriótico que agrupó a los partidos que respaldan al presidente Maduro obtuvo 55 escaños, y la oposición 112, pero tras su juramentación se desató una polémica por dos diputados del estado Amazonas (sur) que fueron desincorporados por el Consejo Nacional Electoral, tras asegurar que hubo irregularidades en su elección.
Allí comenzó la disputa de este poder con el CNE y el Tribunal Supremo de Justicia, pues ese órgano decidió juramentar a los involucrados en el presunto fraude, y seis meses después el máximo órgano judicial resolvió inhabilitar todas las funciones del parlamento al declarar en desacato sus decisiones.
De esta forma, cada acción de la Asamblea ha sido declarada como nula e írrita, los diputados del Gran Polo Patriótico decidieron poco a poco dejar de asistir a las sesiones y actualmente muchos de ellos integran la Asamblea Nacional Constituyente u otros cargos públicos.https://mundo.sputniknews.com/america-latina/201909181088713936-maduro-afirma-estar-listo-para-retomar-dialogo-con-mediacion-de-noruega/
Reforma del CNE
Otro de los puntos claves de este acuerdo en la reformación o ampliación del Consejo Nacional Electoral, como lo ha expuesto el jefe de Estado Venezuela.
La demanda de cambios en el CNE ha estado en la mesa de debate de los cuatro procesos de diálogo que ha sostenido el presidente Maduro con la oposición desde 2014, y se presume que también era objeto de negociación en Barbados, pero hasta el momento se desconoce con precisión los temas que allí se debatían.
El dirigente Carlos Melo destacó que debe haber una reforma de este órgano porque a su juicio está conformado por mayor número de rectores que simpatizan con Maduro.
"Tiene que haber una reforma, porque el CNE está compuesto por los rectores, y antes había representación de diferentes partidos y en este momento es precaria y de cinco hay solo uno que representa a la oposición, pudiesen ser dos pro Gobierno, dos pro oposición, y alguien ecuánime que ponga la balanza, pero además tiene que producirse la reforma de la junta electoral", expuso.
En tanto, Marquina opinó que cualquier vía para reformar el órgano electoral que no incluya a la Asamblea Nacional carecerá de legalidad.
"El problema son los términos de esta renovación, porque lo que establece la Constitución, es que es la Asamblea Nacional de Venezuela es la que debería desarrollar ese proceso, lamentablemente ellos siguen utilizando que la Asamblea está en desacato, para seguir, bien sea a través de ilegal Constituyente o de un Tribunal Supremo de Justicia, haciendo designaciones caprichosas que a ellos le convengan, y creo que esa no es la solución", añadió.
Chávez avala la decisión de realizar cambios en el CNE, pero siempre que la Asamblea Nacional retorne al marco de la legalidad.
"En eso podría establecerse una agenda para trabajar que pasa primero por colocar la Asamblea en el marco de la legalidad que establece la Constitución, retomar funciones importantes, el trabajo de las comisiones y creo que, en definitiva, puede ser parte de la agenda a desarrollar en el próximo año, o el último año de la actual Asamblea Nacional", indicó.
Ese debate a juicio del diputado y constituyente debe darse a partir del 4 de enero de 2020, cuando se inicia el último período de sesiones del parlamento electo en diciembre de 2015.
En cuatro meses, la Asamblea Nacional deberá elegir una nueva junta directiva.
Al actual presidente de ese órgano, Juan Guaidó, se le siguen varias causas penales, luego de que el 23 de enero decidió desconocer el nuevo mandato del presidente Maduro para el período 2019–2025 y autonombrarse jefe de Estado encargado, acción que recibió el respaldo de 54 países, incluyendo Estados Unidos y que provocó masivas movilizaciones de oposición, que poco a poco se fueron perdiendo respaldo.
En el plano internacional Guaidó funge como el máximo representante de la oposición y de los diálogos que se realizaban en Barbados con la mediación de Noruega.
El parlamentario opositor acusa a Maduro de escurrirse de este proceso de negociación, luego de que decidió suspenderlo el pasado 8 de agosto, cuando el Gobierno de Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra Venezuela.
Sin embargo, el presidente Maduro ha dicho que pese al diálogo nacional está dispuesto a tomar la negociación con el apoyo de Noruega, algo que los sectores más radicales de la oposición ven distante.
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