A fines de agosto y en medio de una oleada de noticias económicas que ocupaban casi toda la agenda informativa, el Gobierno de Mauricio Macri sacó un decreto vinculado a la importación de 'basura' que ha generado polémica en Argentina. Se trata de un cambio de reglas que divide opiniones: ¿Es para traer deshechos sin controles o es para renovar normas que habían quedado viejas?
El objetivo, según la normativa, era actualizar la disposición que estaba vigente hasta el momento y que era de los '90, cuando durante el Gobierno de Carlos Menem existieron acusaciones sobre importación de 'chatarra nuclear'.
El texto
El decreto concreto (el 591/2019) se publicó en el Boletín Oficial el 26 de agosto y parte del principio constitucional que establece "que todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano", y luego repasa la normativa referidas al movimiento de desechos peligrosos.
Después, el texto dispone que desde su entrada en vigencia (30 días después de su publicación) será innecesaria la presentación de un "certificado de origen que acredite la no peligrosidad" y que se permitirá la importación de mercaderías "obtenidas a partir de la valorización de residuos". También refiere a que a nivel mundial se avanzó en esa línea y que por eso llegó el momento de regular el ingreso de sustancias u objetos obtenidos de los desechos. La idea es que sirvan como insumos, materias y productos.¿El basural del mundo?— Juan Amorín (@juan_amorin) September 3, 2019
A través del decreto 591/2019, el presidente @mauriciomacri flexibilizó la Ley de Residuos Peligrosos y ahora Argentina puede importar residuos de otros países como papel, cartón, chatarra, desechos de plástico y cascotes de vidrio. pic.twitter.com/jLGLijyOEE
Un poco más adelante llega al punto clave en el que se centraron todas las críticas. Allí especifica que la necesidad de presentar un certificado de 'inocuidad' sanitario y ambiental, expedido en origen y ratificado localmente, en la práctica era "de imposible cumplimiento", por lo que justifica con eso la nueva resolución para que se salten el control.
También menciona que "a nivel mundial se ha avanzado hacia el concepto de la valorización de los residuos" y especifica entonces que, por esa razón, se podrán importar "materias primas o productos, tales como los desechos de papel y cartón, la chatarra ferrosa, la chatarra de aluminio, los desechos de material plástico y el cascote de vidrio, entre otros".
Las críticas
En ese sentido, Juan Grabois —referente de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP)— escribió en una columna de opinión: "Vamos a gastar las pocas divisas que nos quedan para que algunos socios del Gobierno puedan importar alegremente la basura del primer mundo. Tal vez estén buscando que Standard & Poor's ascienda a la Argentina de categoría 'patio trasero' a la de 'basural clandestino'".
Y luego agregó: "Tal vez crean que cuando los fabricantes de papel, plástico y cartón reemplacen por basura Made in USA los residuos sólidos urbanos que recuperan los trabajadores cartoneros llegará algún inversor benéfico a montar un emprendimiento de e-commerce para las decenas de miles de familias despojadas de sus fuentes de trabajo"
Pero la controversia no solamente levantó sospechas sobre por qué abrir la importación de basura sino que da en un punto central para la Argentina: los cartoneros y cartoneras son quienes —cada vez más organizados— recuperan, clasifican y acondicionan residuos sólidos urbanos.Antes de irse, Macri quiere convertir a la Argentina en un basural. Spoiler: con su nuevo decreto sobre residuos peligrosos ganan y pierden los mismos de siempre. pic.twitter.com/90orZMYvbn— Myriam Bregman (@myriambregman) September 4, 2019
Desde la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores (una organización reúne a distintas agrupaciones), expresaron en un comunicado: "En lugar de potenciar la recolección y reciclado de los residuos que tiramos los argentinos, se facilita la importación de los residuos de los europeos. Esto perjudica a los cartoneros que trabajamos de esa recolección y de la venta de ese material. Y en el medio de una crisis social y económica, significa que nos llevan al hambre", escribieron.
La otra pregunta —todavía sin respuesta— que varios periodistas, políticos y analistas ponen sobre la mesa a raíz de lo sorpresivo del decreto es: ¿a quién beneficia la decisión? ¿Hay algún negocio nuevo en puerta que requería de dicho decreto?
Julia Muriel Dominzain
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