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23 septiembre 2019

Cancilleres del TIAR discuten en EE.UU. sobre más sanciones contra Venezuela

La aplicación del tratado también contempla la ruptura de las relaciones diplomáticas con Caracas y la interrupción parcial o total de las relaciones económicas y comunicaciones.

Ministros de Relaciones Exteriores de los países que integran el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) discuten en Nueva York, EE.UU., sobre Venezuela.

En el encuentro, que se lleva a cabo al margen de la la 74° Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), tienen previsto invocar el tratado y aprobar más sanciones ante la crisis en Venezuela, según lo acordado por el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), el pasado 11 de septiembre.
 En un comunicado emitido la semana pasada, el Departamento de Estado de EE.UU. confirmó la activación del TIAR contra Caracas y señaló que la medida "facilita más acciones colectivas" hacia la nación suramericana.

Entre las medidas que contempla el tratado para sancionar al país, se encuentran la ruptura de las relaciones diplomáticas, la interrupción parcial o total de las relaciones económicas y comunicaciones, y el empleo de la fuerza armada.

¿Fuerza militar?

El uso de la fuerza militar contra Venezuela ha sido uno de los temas principales de este debate, específicamente en el seno de los países del Grupo de Lima, integrado por representantes de gobiernos que se oponen a la administración de Nicolás Maduro en Venezuela, y que votaron a favor de la activación del TIAR en la OEA.

Sin embargo, este lunes, a través de un comunicado, este grupo dijo que está dispuesto a "adoptar nuevas sanciones u otras medidas económicas y políticas contra el régimen de Maduro", pero "sin el uso de la fuerza".

¿Se puede aplicar el TIAR contra Venezuela?

El TIAR es un tratado firmado en Río de Janeiro (Brasil), en septiembre de 1947, para la defensa mutua interamericana. En su artículo 3 establece que las partes firmantes "convienen en que un ataque armado por parte de cualquier Estado contra un Estado Americano, será considerado como un ataque contra todos los Estados Americanos" y, en consecuencia, "cada una de dichas Partes Contratantes se compromete a ayudar a hacer frente al ataque, en ejercicio del derecho inmanente de legítima defensa individual o colectiva que reconoce el Artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas".

Venezuela dejó de ser parte del tratado en 2012, cuando Caracas denunció el pacto, junto con Ecuador, Bolivia, Cuba y Nicaragua.

Además, este instrumento fue firmado en el marco de la OEA, de la cual Venezuela formalizó su salida el pasado 27 de abril.

En julio pasado, la Asamblea Nacional (AN) de Venezuela, que preside el diputado Juan Guaidó, aprobó volver al TIAR; sin embargo, ese organismo se encuentra en desacato desde 2016, por lo que sus actos carecen de validez.

De hecho, varios días después, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) del país suramericano declaró improcedente la decisión de la AN.





Declaración del Grupo de Lima

Declaración Conjunta


Los Gobiernos de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela, miembros del Grupo de Lima, reunidos en la ciudad de Nueva York, expresan lo siguiente:

1. Rechazan los reiterados y sucesivos bloqueos del régimen ilegítimo y dictatorial de Nicolás Maduro a los procesos de negociación con las fuerzas democráticas y la Asamblea Nacional de Venezuela para alcanzar una salida política a la grave crisis que padece dicho país, mediante la realización de elecciones generales libres, justas y transparentes, con observación internacional.

2. Renuevan su apoyo al Presidente Encargado Juan Guaidó y la Asamblea Nacional, como autoridades legítimas y democráticamente electas, y destacan su voluntad por alcanzar una salida pacífica conducida por los propios venezolanos. Siguen comprometidos a trabajar en estrecha colaboración con la comunidad internacional e instan a los demás países a unirse a los esfuerzos hacia ese objetivo.

3. Expresan la disposición de adoptar nuevas sanciones u otras medidas económicas y políticas contra el régimen de Maduro, orientadas a favorecer el restablecimiento, sin el uso de la fuerza, del Estado de derecho y el orden constitucional y democrático en Venezuela.

4. Rechazan los crecientes vínculos del régimen de Nicolás Maduro con grupos armados al margen de la ley y al amparo que otorga a la presencia de organizaciones terroristas y grupos armados ilegales en territorio venezolano, lo que representa una clara amenaza a la paz, la estabilidad y la seguridad de la región.

5. Promueven, de acuerdo a los ordenamientos jurídicos nacionales aplicables, la investigación, captura y sanción de funcionarios y testaferros del régimen ilegítimo de Maduro involucrados en actividades de apoyo a grupos armados y organizaciones terroristas, así como en actos de corrupción, narcotráfico, delincuencia organizada y violaciones a los derechos humanos.

6. Urgen al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas a establecer un mecanismo independiente de seguimiento e investigación sobre la violación sistemática de los derechos humanos en Venezuela, documentadas en el último informe de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, como el propuesto por los países del Grupo de Lima junto a otros miembros de la comunidad internacional.

7. Rechazan la candidatura del régimen ilegítimo de Maduro a dicho Consejo, por ser absolutamente contraria a la tarea de protección y defensa de los derechos humanos que compete a ese organismo intergubernamental e instan a la Asamblea General de Naciones Unidas a no apoyar esa candidatura.


8. Reiteran su profunda preocupación por la gravedad de la crisis humanitaria en Venezuela y por la dimensión del éxodo migratorio, más de 4.3 millones de personas según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), que desborda las capacidades para su atención y subrayan la necesidad de incrementar el apoyo internacional, especialmente financiero para ayudar a la migración venezolana y a los países de acogida, para atender esta situación sin precedentes en la región.

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