La autora de una indagación, integrante de la organización Quinto Elemento Lab, dijo que dos años y ocho meses después de que los directivos de Odebrecht confesaron haber dado sobornos y realizado prácticas corruptas en México y otras naciones de Latinoamérica, las autoridades de este país rechazaron "al menos dos cartas enviadas por la firma brasileña a los fiscales mexicanos para agilizar la investigación y llevar a los presuntos inculpados ante los tribunales".
En cambio, ocho países sí aceptaron la ayuda directa de Odebrecht, para avanzar con más velocidad en la integración de los casos, las detenciones y los encarcelamientos.
Las cartas de la empresa con la propuesta fueron entregadas a la Procuraduría General, el 10 de febrero de 2017, y a la nueva Fiscalía General de la República (FGR), organismo que reemplazó al anterior, que recibió otra misiva el 27 de febrero de 2019, detalla la investigadora.
México ha preferido un segundo camino, más burocrático y largo: entre febrero de 2017 y noviembre de 2018, las autoridades mexicanas enviaron doce pedidos oficiales a Brasil para solicitar información y declaraciones de testigos como parte de sus pesquisas sobre Odebrecht.
"Aún no tienen respuesta para cuatro de esos pedidos", según respondió a Quinto Elemento Lab la Coordinación de Asuntos Internacionales de la FGR en junio pasado.
Las doce solicitudes reflejan que México ha sido uno de los países más inactivos en el envío de peticiones a las autoridades de Brasil.
A la pregunta de por qué la justicia mexicana prefiere tomar el camino más lento y prolongado, Cárdenas respondió a Sputnik que "en realidad desconocemos cuáles son las razones por las cuales la Fiscalía eligió el camino más largo".
La actual Fiscalía, que entró en funciones este año al mando de Alejandro Gertz Manero, declinó comentar a los investigadores independientes acerca de la oferta de colaboración que les envió Odebrecht.
Desde hace tres meses, Quinto Elemento Lab, que también participa de un red latinoamericana de periodistas de investigación, envió un cuestionario de 21 preguntas a los fiscales mexicanos "pero no hemos recibido respuesta", detalla Cárdenas a esta agencia.
"A la Fiscalía le preguntamos por qué no respondió a los escritos enviados por la constructora brasileña y las razones por las que rechazó la 'vía rápida' para hacer justicia por Odebrecht, son cuestionamientos que las autoridades mexicanas están obligadas a responder", abunda Cárdenas.
Sin restricción legal para aceptar cooperación
Acerca de alguna restricción legal para acudir a un acuerdo 'fast track' con Odebrecht, la experta respondió que "en México no hay ninguna restricción legal para firmar un acuerdo con la empresa brasileña".
Incluso, detalla, el Código Nacional de Procedimientos Penales contempla la figura de "acuerdos reparatorios", aunque es un camino poco explorado en la justicia mexicana.
"El ofrecimiento de Odebrecht no es un acto de generosidad o de buena voluntad: desde que estalló el escándalo de los sobornos en 2016, los fiscales de EEUU, Brasil y Suiza le obligaron a colaborar con la Justicia y entregar información a los países donde se cometieron delitos", añade Cárdenas.
Si la Fiscalía accediera a firmar un acuerdo con la constructora brasileña, también cumplir una serie de condiciones, a cambio de la ayuda y de la información ofrecida por la firma corruptora.
A la posibilidad de que el Congreso mexicano tome una decisión política, que no vulnere la autonomía de la fiscalía, comentó que en los ocho países que han aceptado la colaboración de Odebrecht, para avanzar en sus pesquisas, "han sido los fiscales quienes firmaron los acuerdos que después fueron homologados por un juez".
Los congresistas de esos países no han sido partícipes en esas negociaciones al no tener facultades en las labores de impartición de justicia.
En el primera misiva que la empresa brasileña envió a los fiscales mexicanos dejó claro que "la Fiscalía debía ser la única interlocutora del Gobierno federal con Odebrecht en el proceso de aclaración de los hechos ilícitos, así como la única receptora de la información que sería entregada por la empresa en caso de que se celebrara un acuerdo".
En México, hasta ahora, solo hay un funcionario públicamente imputado: el exdirector de la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya Austin (2012-2016), quien está prófugo de la justicia, y no existe hasta hoy ninguna persona procesada por la trama de corrupción desencadenada por el conglomerado brasileño.
Desde que salió a la luz el escándalo de los sobornos, Odebrecht ha negociado acuerdos con los países donde es investigada a cambio de reducir las sanciones y continuar sus operaciones comerciales.
Las autoridades que aceptan la colaboración de la compañía se comprometen a no presentar cargos por las conductas confesadas que ya tuvieron castigo o que están bajo investigación en Brasil.
En los documentos que no habían sido publicados hasta la fecha la compañía ofreció su "disposición y voluntad" para esclarecer "cualquier posible hecho ilícito" relacionado con México, pero inexplicablemente las ofertas fueron rechazadas.
Sputnik
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