Incendio forestal y fracaso de paro cívico marcan semana en Bolivia

Los esfuerzos del gobierno de Bolivia para combatir los incendios forestales que afectan la región de Chiquitania, Santa Cruz, y el fracaso del paro cívico nacional convocado por grupos opositores marcaron la semana que hoy concluye.

Autoridades nacionales, departamentales, municipales, las Fuerzas Armadas, la Policía y voluntarios trabajan desde hace varios días para combatir por aire y tierra el siniestro en esa llanura sudamericana ubicada entre el Gran Chaco y la Amazonía.

Para una mayor efectividad de las operaciones, desde el miércoles pasado la Agencia Boliviana Espacial monitorea mediante imágenes satelitales de georreferenciación procesadas la magnitud de los incendios y focos de calor.

El viceministro de Telecomunicaciones, Iván Zambrana, informó que el satélite boliviano Túpac Katari y otros extranjeros envían datos a la estación en tierra ubicada en Amachuma, ciudad de El Alto, para que los socorristas adopten las medidas necesarias y frenar el avance de las llamas.

Zambrana precisó que las primeras imágenes confirman el daño a nivel regional debido a que las mayores afectaciones están en la Amazonía de Brasil por los focos de calor, estos últimos extendidos también a Paraguay.

Informes oficiales confirmaron que los incendios dejaron hasta el momento un saldo de 774 mil 711 hectáreas afectadas en 35 comunidades de 11 municipios de esa región, ocho familias damnificadas que perdieron sus viviendas y mil 817 personas afectadas por el fuego.

Ante la gravedad de la situación, el presidente Evo Morales, contrató los servicios del avión 'SuperTanker' con una capacidad para almacenar 150 mil litros de agua y una tripulación de 14 personas especializadas en ese tipo de desastres.

La aeronave comenzó la víspera sus operaciones y, como parte del operativo intensivo, se prepararon seis helicópteros especiales para apagar incendios y cinco aviones cisterna. Por vía terrestre se dispone de mil 300 efectivos de las Fuerzas Armadas, 540 policías y 260 bomberos.

Por otra parte, el Ministerio de Salud y la Caja Petrolera de Salud desplazaron médicos de diferentes lugares del departamento santa cruceño para reforzar la atención a los damnificados, y fueron garantizados los medicamentos e insumos necesarios para asistir a la población en esos casos.

La viceministra de Medio Ambiente, Cynthia Silva, anunció la habilitación de refugios para animales, el cuidado de áreas protegidas y un plan de reforestación para mitigar los efectos del incendio en la Chiquitania.

A pesar de la situación medio ambiental que afectó a la nación andino amazónica esta semana, comités cívicos opuestos a la reelección del mandatario boliviano en las elecciones generales del 20 de octubre próximo realizaron un paro cívico nacional el 21 de agosto, convocatoria que fracasó por la falta de participación ciudadana.

El ministro de Comunicación, Manuel Canelas, y el viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, Alfredo Rada, confirmaron el fracaso del paro cívico porque se mantuvo el libra tránsito y muchos negocios abrieron al público de manera normal, aunque intentos de bloqueo ocasionaron algunos desvíos.

Rada rechazó el objetivo antidemocrático de la convocatoria, 'que busca descabezar el órgano Electoral y, por lo tanto, suspender las elecciones de octubre', señaló.

La derecha de este país alega que la candidatura de Morales es inconstitucional, a pesar de que el Tribunal Constitucional reconoció en 2017 el derecho del líder indígena a participar en los comicios generales del 20 de octubre próximo en virtud del artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Por otra parte, la justicia boliviana dictó el jueves pasado detención domiciliaria con salida laboral para el alcalde de La Paz, Luis Revilla, en el proceso en su contra por el deslizamiento del relleno sanitario de Alpacoma, en enero pasado.

El hecho, ocurrido el 15 de enero en el botadero, provocó el arrastre de 200 mil toneladas de desechos sólidos y 10 millones de litros de lixiviados (agua contaminada), en al menos 10 hectáreas de terreno y según expertos, es el mayor desastre ambiental de los últimos años en el país.

Además de esa medida, Revilla debe presentarse cada 30 días ante la Fiscalía paceña por ser responsable de un hecho punible que generó daños a la salud y al medio ambiente, informaron fuentes oficiales.

tgj/nmr

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