El movimiento indígena en la región del Cauca, al suroeste de Colombia, exige un diálogo directo con el presidente Iván Duque.
Las organizaciones indígenas y populares en la región del Cauca, en el occidente de Colombia, conocidas como la minga social, han denunciado que sus comunidades están en riesgo de perder sus derechos culturales y territoriales.
Cansada del abandono de anteriores gobiernos y acuerdos incumplidos en materia derechos económicos, sociales y culturales, la minga exige un diálogo directo con el presidente colombiano, Iván Duque, para resolver la problemática que sufren los pueblos indígenas de la zona del Cauca.
El movimiento social, que empezó el 10 de marzo pasado con el cierre parcial de la carretera Panamericana, ha puesto sobre la mesa los problemas presentes en la región, que van desde cuestiones ambientales hasta territoriales y de seguridad.
Las organizaciones indígenas y populares en la región del Cauca, en el occidente de Colombia, conocidas como la minga social, han denunciado que sus comunidades están en riesgo de perder sus derechos culturales y territoriales.
Cansada del abandono de anteriores gobiernos y acuerdos incumplidos en materia derechos económicos, sociales y culturales, la minga exige un diálogo directo con el presidente colombiano, Iván Duque, para resolver la problemática que sufren los pueblos indígenas de la zona del Cauca.
El movimiento social, que empezó el 10 de marzo pasado con el cierre parcial de la carretera Panamericana, ha puesto sobre la mesa los problemas presentes en la región, que van desde cuestiones ambientales hasta territoriales y de seguridad.
#ATENCIÓN| Desde @ONIC_Colombia anunciamos que NO hay acuerdo con el Gobierno Nacional de @IvanDuque, ya que no quiere brindar las garantías para la movilización en el marco de la #MingaNacionalPorLaVida. @luiskankui @NancyPatricia_G @FiscaliaCol @ONUHumanRights @MAPPOEA. pic.twitter.com/vdQ0LvOiTF— Organización Nacional Indígena de Colombia - ONIC (@ONIC_Colombia) 3 de abril de 2019
En sus peticiones al Gobierno de Duque, las comunidades solicitan ser reconocidos como autoridades ambientales, más de 20.000 hectáreas de tierra, construcción de 1.500 viviendas y proyectos de inversión en la zona, entre otras solicitudes.
Otros puntos de sus propuestas están relacionados con la oposición a que realicen proyectos de fracking en el país y la cancelación del proyecto de Zonas de Interés de Desarrollo Social, conocido como Zidres.
Luis Fernando Arias, uno de los voceros de la minga indígena en respuesta al rechazo de Duque a reunirse con el movimiento enumeró las peticiones de sus comunidades, como la autonomía indígena, seguridad jurídica territorial de los pueblos y la detención de la violencia contra sus líderes.
También la minga exige al Gobierno colombiano frenar las políticas públicas y de leyes que ponen en riesgo la supervivencia cultural, física y territorial, y piden atención inmediata para que la violencia y la guerra no resurjan en el país.
En este sentido, el movimiento pide un diálogo político sobre el asesinato de líderes sociales en esa región, el Acuerdo de Paz y la hoja de ruta de cómo será la implementación de las acciones e inversiones a pueblos indígenas que pactaron con el actual Gobierno.
La Minga por la Vida, la Paz, la Justicia y el Territorio, encabezada la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), exige el cumplimiento de más de mil acuerdos pactados con el Estado en los últimos años.
También reclama que los temas abordados en los pasados acuerdos de paz negociados en La Habana, referente a la reforma rural integral y el programa de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos sean resueltos de inmediato.
El movimiento solicita que la solución a la problemática indígena y campesina sea contemplada en el Plan Nacional de Desarrollo que se debate en el Congreso.
Ante la presión generadas por la movilización, la minga social y el Gobierno mantiene un diálogo en la zona del Cauda para atender varias demandas del movimiento indígena y campesino colombiano en varias rubros, en los destacan temas de sobre la implementación de proyectos productivos, distribución de tierras, salud y educación
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