Un escándalo político ha puesto en jaque al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Jody Wilson-Raybould, exministra de Justicia y ex fiscal general, acusa a Trudeau y a funcionarios de su oficina de haber impedido la investigación contra SNC-Lavalin, una empresa de ingeniería denunciada por fraude y corrupción. El escándalo tomó importantes dimensiones el 27 de febrero, con un detallado testimonio de Wilson-Raybould. Desde entonces, parte de la oposición canadiense ha estado pidiendo la renuncia de Trudeau, quien responde con evasivas diciendo que todo lo ha hecho bien, mientras comienza a perder adeptos, según las últimas encuestas.
¿Quién es Jody Wilson-Raybould?
Jody Wilson-Raybould, política del Partido Liberal, fue nombrada como ministra de Justicia y fiscal general en noviembre del 2015. Fue la primera persona de procedencia indígena en ocupar un puesto ministerial en el país.
El 14 de enero de 2019, en una reorganización del Gobierno, fue destituida de su puesto y nombrada ministra de los Asuntos de Veteranos. En el comunicado divulgado aquel mismo día explicaba que "el titular de Justicia y fiscal general de Canadá es algo diferente de los otros ministros del Gabinete […], debe ser independiente". No obstante, menos de un mes después, el 12 de febrero, abandonó el Gobierno.
Cinco días antes, el periódico canadiense The Globe and Mail publicó un material en el que afirmaba, refiriéndose a fuentes anónimas, que la oficina del primer ministro había presionado a Wilson-Raybould cuando era fiscal general para que no investigara el caso de SNC-Lavalin Group Inc., acusada de sobornar a altos funcionarios en Libia.
¿En qué consiste el caso de SNC-Lavalin?
SNC-Lavalin es una compañía de ingeniera especializada y uno de los líderes globales en su sector. La multinacional tiene su sede en Montreal (Quebec) y cuenta con unos 28.000 empleados y opera en más de 100 países.
Sus problemas empezaron en el 2011 en México, con el arresto de un grupo de personas bajo la sospecha de haber planeado sacar a escondidas de Libia a uno de los hijos del exlíder libio Muammar Gaddafi. Entre ellas estaba Stéphane Roy, ejecutivo de la empresa canadiense. Más tarde, uno de los altos empleados de SNC reveló anónimamente a un corresponsal del canal canadiense CBC que el grupo sobornaba al régimen de Libia y le blanqueaba dinero en los bancos de Suiza.
Riadh Ben Aissa, director ejecutivo de la firma, fue arrestado en este país centroeuropeo y confirmó su culpabilidad. Según la acusación, había canalizado decenas de millones de dólares depositados en bancos de Suiza y paraísos fiscales para sobornar a altos funcionarios de Libia y obtener contratos de miles de millones de dólares en el país norteafricano.
De hecho, sigue siendo el único de los altos directivos de SNC que ha reconocido el crimen. Ni una persona más fue sentenciada por la Justicia, a pesar de que la Policía del país presentó cargos contra la empresa en el 2015. Roy fue absuelto el 19 de febrero. Ese mismo mes presentaron cargos por obstrucción contra Sami Bebawi, predecesor de Ben Aissa en el puesto de director ejecutivo.
¿Cómo se ha desarrollado el escándalo?
El mismo día, cuando aparecieron las acusaciones, el 7 de febrero, Trudeau dijo que no dirigía las acciones de Wilson-Raybould, aunque no declaró explícitamente que su oficina no hubiera tratado de presionar a la exministra. A su vez, Wilson-Raybold no confirmó en la Cámara de los Comunes el hecho de haber sido presionada por parte de la oficina del primer ministro.
Más tarde, después de salir del Gobierno, no podía revelar los detalles por la obligación de guardar en secreto la información obtenida durante y relacionada con su labor como jurista. No obstante, el 25 de febrero Trudeau le levantó esta restricción en lo referente al tiempo en que fue ministra de Justicia y fiscal general, lo que condujo a su declaración de este miércoles.
Testimonio del 27 de febrero
En su declaración ante la Comisión de Justicia de la Cámara de los Comunes, Wilson-Raybould expuso detalladamente su versión y reveló los nombres de algunos de los altos cargos del Gobierno involucrados.
Dijo que los miembros del gabinete, e incluso el propio Trudeau, la presionaban, hasta expresar "amenazas veladas", para que limitara la demanda a un acuerdo de suspensión de procedimiento. Este tipo de acuerdo podría sustituir el enjuiciamiento criminal por una multa.
En caso contrario la empresa saldría de Canadá, persuadían los funcionarios, y el país perdería miles de puestos de trabajo. Wilson-Raybould explica que estaban preocupados por las repercusiones políticas del caso de cara a la próxima campaña electoral: los comicios están previstos para el próximo 21 de octubre.
Según sus palabras, a la clara pregunta de la fiscal general, "¿Está interviniendo políticamente en mi papel y mi decisión como fiscal general? Le recomendaría firmemente no hacerlo", el primer ministro le respondió: "No, no, no, solo tenemos que encontrar una solución".
Declaró que la presión empezó en septiembre del 2018 y se ejerció hasta sus últimos días como ministra de Justicia.
Consecuencias políticas
Justin Trudeau es el líder del Partido Liberal de Canadá. Tradicionalmente el primer ministro canadiense, designado por el Gobernador General, es el jefe del partido vencedor en los comicios, y Trudeau no es la excepción. Ganó las elecciones del 2015 con el 39,5% de votos y controla a 180 de los 338 diputados de la Cámara de los Comunes.
Sin embargo, según las encuestas presentadas por el analista Éric Grenier, el nivel de apoyo a los liberales está ahora cerca del 34%, un 4% menos que en diciembre del 2018. Los conservadores, la mayor fuerza opositora, con 97 diputados en la Cámara de los Comunes, lideran en la carrera electoral con el 35,8%.
Cualquier división en el Partido Liberal será fatal de cara a los comicios que vienen, dice Nik Nanos, encuestador canadiense de Nanos Research Group. "No recuerdo que algún líder de partido ganara una elección con su caucus dividido. Si el caucus ni siquiera puede ponerse de acuerdo, ¿cómo podrán gobernar?", cita Bloomberg al investigador.
Mientras tanto, Andrew Scheer, líder del Partido Conservador, pidió a Trudeau que abandonara su cargo, refiriéndose al caso de SNC-Lavalin como "un manual de corrupción gubernamental". Por su parte Jagmeet Singh, del Nuevo Partido Democrático, tercera fuerza política del país, se expresó a favor de una investigación independiente.
En este ambiente no se puede predecir el resultado de las próximas elecciones: "Es como si alguien hubiera tirado el tablero al aire", cita Politico a Darrell Bricker, director de Ipsos.
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