En julio de 2017, el exjuez Sérgio Moro, actual ministro de Justicia, condenó a Lula a nueve años y seis meses de prisión por supuestamente recibir un apartamento de tres pisos (triplex) de lujo en Guarujá, estado de Sao Paulo, a cambio de la promoción de intereses de la empresa OAS junto a Petrobras.
Según la imputación, como responsable de designar a los directivos superiores de Petrobras, el exdirigente obrero tenía un notable papel en el esquema delictivo de la llamada operación Lava Jato.
Esa red de corrupción propiciaba que grandes empresas nacionales convinieran para compartir los multimillonarios contratos de Petrobras, al sobornar a políticos y empleados de la compañía estatal.
Con el aparente pago, indicaron los investigadores en la ocasión, el exsindicalista amuebló el apartamento triplex en el área litoral de Guarujá.
La defensa de Lula pidió ahora la anulación de esa condena ante la posibilidad de que el STJ juzgue en los próximos días el recurso protocolado el año pasado e insistió en que el expediente se envíe a la Justicia Electoral.
Tal solicitud se basa en la decisión del Supremo Tribunal Federal (STF) que confirmó la competencia de la Justicia Electoral para juzgar crímenes comunes conexos a las votaciones.
En enero de 2018, Lula fue condenado por el Tribunal Regional Federal (TRF) de la cuarta región, con sede en Porto Alegre, a 12 años y un mes de prisión por corrupción y lavado de dinero.
Por determinación de Moro, el exgobernante cumple prisión desde el 7 de abril en la Superintendencia de la Policía Federal en Curitiba, capital del sureño estado de Paraná.
En febrero, el exlíder metalúrgico fue objeto de una segunda condena en Lava Jato, esta vez a 12 años y 11 meses.
oda/ocs
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