Con una reunión en el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, comenzó sus actividades en Bolivia la Comisión de la Verdad que busca esclarecer las violaciones de los derechos humanos cometidas durante las dictaduras militares.
En el período 1964-1982 se sucedieron en este país 10 regímenes dictatoriales, durante los cuales se registraron mil 392 asesinados, 486 desaparecidos y dos mil 868 exiliados y confinados, según datos recopilados por el padre Federico Aguiló, autor del libro 'Nunca Más'.
Nuestro objetivo es esclarecer todos estos delitos de lesa humanidad para que no se vuelvan a repetir, declaró anoche en el programa televiso Tres en Línea la presidenta de la Comisión, Nila Heredia.
La entidad está integrada, además, por el exdirigente sindical Édgar Ramírez, el abogado Eusebio Gironda, la activista por los derechos humanos Isabel Viscarra y el exdirigente campesino Teodoro Barrientos.
La víspera, la comisión fue recibida por el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, general Luis Ariñez, quien manifestó la disposición de facilitar el acceso a documentación y testimonios para ayudar en el trabajo investigativo.
Durante dos años, los miembros del equipo deberán revisar una amplia cantidad de documentos, para lo cual podrán ingresar a inmuebles públicos y privados y a las antiguas casas de seguridad y excentros de privación de libertad.
También tendrán acceso a los archivos clasificados que se encuentran en poder del ejército y la Policía.
'Tenemos derecho a saber qué ha pasado. Es una verdad que le pertenece a la población, no sólo a los familiares de las víctimas', declaró Heredia.
La presidenta de la comisión consideró necesario investigar todos los casos de desaparecidos o asesinatos.
'Todos los casos son importantes', dijo.
No obstante, declaró que hay algunos que cobran relieve por el contexto político, como el de la guerrilla del Che, la masacre de San Juan, las víctimas del Plan Cóndor, la guerrilla de Teoponte, entre otros.
La Comisión de la Verdad trabajará durante dos años y redactará dos documentos que serán entregados al presidente Evo Morales, a la Asamblea Legislativa y al Defensor del Pueblo.
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