La fiscal de la República, Luisa Marvelia Ortega, realizó una solicitud de medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), con el fin de limitar las manifestaciones pacíficas de las víctimas frente a la sede del Ministerio Público, debido a que estas protestas supuestamente atentan contra la integridad física de la autoridad. En respuesta, las organizaciones de derechos humanos enviaron una misiva al secretario ejecutivo de la comisión, Paulo Abrao, para rechazar estas medidas.
En la misiva, las organizaciones resaltaron que “la Cidh no debería adoptar medida alguna que tenga como resultado la limitación de las acciones propias de los defensores y las defensoras de derechos humanos ante autoridades públicas de alto nivel”, así mismo denunciaron que esta solicitud de medidas cautelares por parte de la fiscal representa “una amenaza real a sus derechos como víctimas”.
Las organizaciones de DDHH, denunciaron que “una decisión de la Cidh de esta naturaleza impediría a integrantes de asociaciones de víctimas y organizaciones de DDHH realizar pronunciamientos públicos en contra de la fiscal general o manifestaciones en las adyacencias del Ministerio Público”. Indicaron que la protestas que se han realizado frente a la institución tienen el propósito de manifestar, dentro del marco constitucional, sobre los retardos o desviaciones del acciones de la fiscalía en el proceso de impartir justicia.
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