Caracas, 19 Jul. AVN.- La autodenominada Mesa de la Unidad Democrática (MUD) presentó este miércoles a sus seguidores un "acuerdo de gobernabilidad", con el que pretende vulnerar los mecanismos y entes constitucionales del Estado venezolano, para interrumpir de facto el periodo de gobierno del presidente Nicolás Maduro, tal como lo hiciera la misma dirigencia durante el golpe de Estado perpetrado en abril de 2002 contra el gobierno constitucional del presidente Hugo Chávez.
"El cambio es indetenible e inminente. La MUD hace este compromiso para garantizar la estabilidad", reza el documento emitido por la coalición, leído por el diputado Henry Ramos. La misma aseveración hacía en 2002, días antes del golpe de Estado, el entonces presidente de la patronal Fedecámaras, Pedro Carmona, quien el 12 de abril asumió la presidencia de facto y anuló, durante las 47 horas de su gobierno, todos los poderes públicos y cargos de representación popular que conforman la República.
Del mismo modo procede hoy la oposición nacional, dirigida por muchos de los políticos firmantes del decreto dictatorial de Pedro Carmona, al asegurar en su "acuerdo de gobernabilidad" que convocarán a elecciones primarias para elegir un nuevo presidente, en total desconocimiento del Poder Electoral de la nación y de la Constitución nacional, que establece que el periodo de gobierno del presidente Maduro, electo por mayoría de votos en comicios nacionales, debe culminar en 2019.
En su "acuerdo" la MUD se propone desmontar el Estado democrático y social de derecho instituido por amplia aprobación del pueblo venezolano, con la promesa de "estabilización del país con un nuevo modelo social y económico", dictado en favor del capital privado y la clase empresarial por encima del bienestar social y los derechos laborales de los trabajadores, como se ha evidenciado en los planes de gobierno propuestos por la derecha nacional.
Este hecho también quedó evidenciado en diciembre de 2015, un día después de las elecciones parlamentarias en las que la oposición obtuvo mayoría de diputados, cuando las asociaciones y federaciones patronales se pronunciaron públicamente con exigencias de medidas en contra de los trabajadores y el campesinado.
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