Recientemente, Luisa Ortega Díaz interpuso ante el máximo tribunal un "recurso contencioso electoral de nulidad" conjuntamente con "amparo cautelar y subsidiariamente, medida cautelar", contra decisiones emanadas de la Sala Electoral de esa instancia, a los fines de dejar sin efecto decisiones previas, como la de avalar, sostener y dar sustento jurídico a la convocatoria a Asamblea Nacional Constituyente (ANC), sus bases comiciales y proceso de postulaciones de candidaturas.
En virtud de esta solicitud, la Sala Electoral del TSJ resolvió declarar "inadmisible" el recurso contencioso de nulidad y, en consecuencia, declararon "inoficioso" el recurso sobre amparo cautelar introducido.
El alegato de la Sala Electoral se basa en dos premisas elementales: en primer lugar, Luisa Ortega emplea un rol distinto a las funciones inherentes a su cargo, dado que su solicitud se respalda sobre "pretensiones de nulidad de actuaciones emanadas de distintos órganos del Poder Público, cuyo conocimiento corresponde a jurisdicciones distintas". Lo que desnuda una evidente extralimitación de la Fiscal y contraviene el sano ejercicio institucional entendiendo que es cuestión fundamental que las instituciones segundarias (como el Ministerio Público y sus representantes) se subordinen por obligación a las decisiones del máximo tribunal nacional.
En segundo lugar, la Sala Electoral del TSJ concuerda en que la actuación de la Fiscal queda sin efecto por "inepta acumulación de pretensiones", en esencia esta "no admite, ni aún preliminarmente, la presunción de buen derecho". Es decir, la Fiscal además presentó una solicitud mediante un acto jurídicamente incongruente, no sustentado y totalmente fuera de todo parangón jurídico.
Maniobras tras bastidores
Necesario es colocar la diatriba en las instancias públicas como lo que es: un problema de alta gravedad y connotación política. Lo cual implica colocar en segundo plano la parafernalia leguleya y analizar los hechos y actuaciones de los responsables de estas instituciones que embisten al Estado desde adentro.
Luego de más de año y medio en que la Asamblea Nacional comenzara, como caballo de Troya, a mellar las instituciones venezolanas desde un poder público y emprendiera su arremetidas contra los demás poderes, el Ministerio Público por medio de su representante se ha sumado a la escalada reproduciendo (con todo el ánimo de hacerlo) un ciclo de inestabilidad política, institucional y, en consecuencia social, una vez que comienza a fracturarse el pacto social venezolano y las máximas instancias nacionales se enfrentan, desgastan y debilitan.
Los actos de la Fiscal General, aún rodeados de tecnicismos jurídicos, en realidad están empapados de tinte político. El día lunes 12 de junio, casi dos años después de los últimos nombramientos en el Tribunal Supremo de Justicia (en diciembre de 2015), Luisa Ortega impugnó el nombramiento de esos magistrados. Ortega introdujo una demanda de nulidad contra la designación de 13 magistrados y 20 suplentes y, además, solicitó la nulidad de los actos de la Asamblea Nacional donde seleccionaron a dichos magistrados, alegando que ese diciembre de 2015 "no se firmó el acta de designación de los magistrados del máximo tribunal del país ni la del secretario del Consejo Moral Republicano debido a que el proceso estaba viciado".
Según el presidente del Consejo Moral Republicano y Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, la Fiscal Luisa Ortega Díaz nunca se opuso a la designación de estos magistrados en diciembre de 2015.
En el marco de la misma acción errática y sin asidero legal, hoy martes solicitó un antejuicio de mérito a 8 magistrados de la Sala Constitucional del TSJ mientras la Asamblea Nacional (en desacato) dominada por la oposición venezolana discute designaciones (ilegales) de nuevos magistrados al TSJ, en una evidente maniobra coordinada.
Luisa Ortega emprende una nueva acción que, seguramente, será declarada sin lugar por tratarse de una acción errática, extralimitada a sus funciones y por no ser actos de ejercicio del buen derecho (fumus boni iuris). Es necesario preguntarnos si la Fiscal es o no una persona conocedora del derecho venezolano. La respuesta es que sí, sí lo es. ¿A qué se debe entonces que la Fiscal emprenda actos erráticos que, bien conoce, no pueden proceder? ¿Son torpezas leguleyas tardías o se trata de algo más?
Hay elementos para sostener que las acciones aparentemente erráticas de la Fiscal son en esencia golpes de opinión, episodios del enfrentamiento deliberado y propiciado de poderes, actos detonantes del tambaleo institucional y reproducción de la matriz de deslegitimación de las instancias venezolanas, todo esto en el marco de un plan político que, en su escalada golpista, ha alcanzado las máximas instituciones nacionales.
Las actuaciones de la Fiscal General en otros ámbitos son mucho más serias y graves. En circunstancias en que la violencia con fines políticos donde la escalada violenta del antichavismo venezolano ha cobrado más de 80 víctimas fatales, la parte responsable del Estado venezolano en acusar a los responsables se encuentra parcialmente inhabilitada, políticamente teledirigida y penalmente blanda y complaciente.
Dicho de otra manera, la vulneración de las instancias públicas (desde adentro) tiene consecuencias contundentes en las calles venezolanas, donde las acciones articuladas de violencia paramilitarizada y en etapa germinal, se desenvuelven en una sensación de casi total impunidad. Un significativo número de las personas que han sido detenidas en actos flagrantes de vandalismo, destrucción, incendios, desorden público, vulneración del derecho al libre tránsito, concierto para delinquir, posesión de armas y hasta señalados de asesinato, homicidio culposo o intento de homicidio en primer grado, han sido dados en libertad plena o bajo régimen de presentación por decisión de los fiscales del Ministerio Público, ha denunciado el Ministro de Interior Justicia y Paz Néstor Reverol.
Paradojas importantes
Quien aún suponga que las decisiones de Luisa Ortega Díaz no están políticamente teledirigidas y que están apegadas a derecho, o que en estas instancias responden a su criterio puramente legal, sincero y formal, debe recordar dos eventos importantes:
Fue Luisa Ortega Díaz quien emprendió desde su cargo acciones para la debida pena contra Leopoldo López por sus actos de instigación a la violencia en 2014 durante el plan violento "La Salida". ¿Declarará ahora Luisa Ortega que López es inocente?
La misma Luisa Ortega que hoy señala al Estado venezolano en materia de derechos humanos por las decisiones que ha tomado el TSJ, es la misma Luisa Ortega que en diciembre de 2014 fue sancionada por el Senado norteamericano junto a varios funcionarios venezolanos chavistas, por "Violaciones de Derechos Humanos" al imponer (en aquel momento) el debido peso institucional contra los actores violentos de las guarimbas de ese año.
Finalmente, valdría la pena preguntarnos si la negligencia deliberada de la Fiscal, su incumplimiento premeditado del deber y por ser factor acelerador de un conflicto al tomar lugar en un golpe de Estado, al no en impartir justicia en tiempos de crímenes políticos, conmoción y violación de derechos fundamentales contra la población (a causa de la violencia opositora), no es en esencia un acto pseudo-institucional que devenga en un crimen de lesa humanidad y violación, por vía institucional, de derechos humanos en Venezuela.
Por ahora y analizando sus últimos movimientos es cada vez más clara su afiliación al plan de socavar las bases del Estado y provocar una fractura institucional que paralice su accionar en un contexto de asedio interno y externo contra el país. Minar sus líneas de defensa en medio de la guerra.
Fuente: http://misionverdad.com/LA-GUERRA-EN-VENEZUELA/luisa-ortega-contra-el-tsj-el-golpe-desde-la-fiscalia
0 comentarios:
Publicar un comentario