España ha hecho progresos en la lucha contra la corrupción, sobre todo en materia de transparencia, pero le han faltado estrategias de prevención para acabar con los corruptos, tal y como han demostrado los sucesivos casos revelados en las últimas semanas. Este es uno de los principales toques de atención que hace la Comisión Europea a España en sus recomendaciones específicas por país, publicadas este lunes.
"A pesar de aumento de los casos de corrupción que implican a administraciones locales y regionales, no se han elaborado estrategias preventivas hechas a medida para mitigar los riesgos de corrupción en esos niveles administrativos, ni existe una estrategia preventiva compartida a nivel central", reza el documento.
Además, el Ejecutivo comunitario lamenta la desprotección legal que sufren los denunciantes de los casos de corrupción, la falta de independencia de la recientemente creada Oficina de Conflictos de Intereses y la ausencia de una regulación que haga frente a los grupos de presión.
Respecto a la nueva ley de enjuiciamiento criminal, aprobada por el Ejecutivo de Rajoy en 2015 para supuestamente limitar en el tiempo las investigaciones y reducir retrasos en los procedimientos criminales, Bruselas lo tiene claro: "Esta medida puede provocar impunidad en casos complejos de corrupción, en los que un tiempo limitado podría no ser suficiente para construir los casos".
Mercado laboral: una de las tasas de temporalidad más altas de la UE
Por otro lado, la Comisión Europea aplaude las recientes reformas del mercado laboral que han aumentado la creación de empleo en los últimos años, aunque considera que son insuficientes. Así, el Ejecutivo comunitario considera necesario reducir las indemnizaciones por despido y acabar con la incertidumbre judicial relacionada con los despidos de trabajadores con contratos fijos.
Bruselas también advierte una vez más de la elevada temporalidad de los contratos: "una de las tasas más altas de la Unión Europea", critica el documento. Esta situación, según la institución europea, provoca una baja productividad, peores condiciones laborales y aumenta los riesgos de pobreza. Por ello, insta a España a adoptar medidas para fomentar la contratación indefinida y mejorar la coordinación entre los servicios regionales de empleo, los servicios sociales y los empleadores.
La Comisión también da un toque de atención a España en materia de investigación e innovación, cuya promoción son esenciales para mejorar la productividad y la competitividad. "Sin embargo, la actuación en innovación ha ido disminuyendo y se sitúa ahora en su nivel más bajo desde 2007, mientras que durante este tiempo ha aumentado la brecha del país respecto a la media europea", asegura el informe.
Bruselas pide nuevos ajustes en 2018
Para el Ejecutivo comunitario, la educación es otro tema fundamental para solucionar la productividad en España. "Los débiles resultados educativos afectan negativamente al potencial crecimiento de la productividad a largo plazo en España", advierte el documento, que recuerda que la tasa de abandono escolar del país sigue siendo la más alta de la UE.
Tampoco consigue España librarse del procedimiento de déficit excesivo pautado por Bruselas, al no conseguir reducir el déficit por debajo del 3% que marca la legislación europea. Así, aunque el documento aplaude la recuperación y la reducción prevista del déficit en 2017 y 2018, insta a España a realizar nuevos ajustes en 2018.
En este sentido, la Comisión recomienda al Ejecutivo de Rajoy llevar a cabo un análisis "amplio" sobre el gasto público con el objetivo de identificar áreas de mejora para incrementar su eficiencia. En este sentido, la institución comunitaria destaca de nuevo los bajos ingresos que reporta el IVA, debido a que España tiene unos tipos "relativamente bajos". Asimismo, recuerda que el país todavía no recauda los suficiente en impuestos medioambientales, e insta a gravar las prácticas contaminantes.
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