La Paz, 19 may (PL) El ministro de la Presidencia de Bolivia, René Martínez, exigió a Chile una solución por vía diplomática del caso de los nueve compatriotas detenidos injustamente en ese país hace hoy dos meses.
Martínez apeló a la reciprocidad del Estado chileno para la devolución de los bolivianos, como se ha hecho en similares casos con ese país y otros vecinos, entre ellos Perú y Argentina.
El 19 de marzo la policía de carabineros arrestó a dos militares y siete aduaneros que combatían el contrabando cerca de la frontera común.
Las autoridades bolivianas afirman que estaban en territorio nacional, pero Chile alega que se encontraban en zonas bajo su jurisdicción, ordenó detención preventiva en su contra por 120 días y los acusó de varios delitos.
Muchos de quienes siguen el caso entienden que hubo un conflicto diplomático y esperamos que haya un reencause en ese sentido para viabilizar una salida y terminar esta injusta privación de libertad, dijo el ministro de la Presidencia.
Martínez agradeció la solidaridad de entidades internacionales, e incluso de la iglesia católica chilena y de parlamentarios de ese país, con la causa de los nueve.
El funcionario criticó la decisión del gobierno de Santiago de negar la entrada a los presidentes de las Cámaras de Diputados y de Senadores, Gabriela Montaño y Luis Alberto González, respectivamente; así como al ministro de Justicia, Héctor Arce, y a otros funcionarios para visitar a los arrestados.
Este hecho no dice nada bueno, porque hasta en los Estados en conflicto bélico se permite el ingreso de comisiones diplomáticas, recordó.
La cancillería boliviana citó la víspera al cónsul chileno en La Paz, Manuel Hinojosa, para protestar por la negativa de visado a cinco autoridades nacionales.
Esta decisión va en contra del derecho a la defensa de los detenidos en la cárcel de Alto Hospicio, afirmó el ministerio de Relaciones Exteriores.
Para el 25 de mayo está prevista una audiencia donde se decidirá la suerte de los encarcelados, quienes enfrentan cargos por porte de armas, robo y contrabando, acusaciones que Bolivia considera injustas y arbitrarias.
arc/car
El 19 de marzo la policía de carabineros arrestó a dos militares y siete aduaneros que combatían el contrabando cerca de la frontera común.
Las autoridades bolivianas afirman que estaban en territorio nacional, pero Chile alega que se encontraban en zonas bajo su jurisdicción, ordenó detención preventiva en su contra por 120 días y los acusó de varios delitos.
Muchos de quienes siguen el caso entienden que hubo un conflicto diplomático y esperamos que haya un reencause en ese sentido para viabilizar una salida y terminar esta injusta privación de libertad, dijo el ministro de la Presidencia.
Martínez agradeció la solidaridad de entidades internacionales, e incluso de la iglesia católica chilena y de parlamentarios de ese país, con la causa de los nueve.
El funcionario criticó la decisión del gobierno de Santiago de negar la entrada a los presidentes de las Cámaras de Diputados y de Senadores, Gabriela Montaño y Luis Alberto González, respectivamente; así como al ministro de Justicia, Héctor Arce, y a otros funcionarios para visitar a los arrestados.
Este hecho no dice nada bueno, porque hasta en los Estados en conflicto bélico se permite el ingreso de comisiones diplomáticas, recordó.
La cancillería boliviana citó la víspera al cónsul chileno en La Paz, Manuel Hinojosa, para protestar por la negativa de visado a cinco autoridades nacionales.
Esta decisión va en contra del derecho a la defensa de los detenidos en la cárcel de Alto Hospicio, afirmó el ministerio de Relaciones Exteriores.
Para el 25 de mayo está prevista una audiencia donde se decidirá la suerte de los encarcelados, quienes enfrentan cargos por porte de armas, robo y contrabando, acusaciones que Bolivia considera injustas y arbitrarias.
arc/car
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