Bogotá, 13 feb (PL) Dos atentados se registraron el fin de semana contra líderes sociales en los departamentos de César y Cauca por banda paramilitares, denunció hoy el Congreso de los Pueblos de Colombia. (PLRadio)
La organización no gubernamental señala que los atacantes son grupos paramilitares, cuyos miembros ingresaron a las zonas controladas por la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias-Ejercito del Pueblo (FARC-EP), en proceso de desmovilización.
El primer atentado ocurrió en Valledupar, Cesar, donde hombres armados dispararon contra el dirigente sindical Alfonso Barón, quien resultó ileso, mientras este sábado, en el municipio Agustín Codazzi, del mismo departamento, desconocidos en una moto dispararon contra la vivienda de Carlos Jair Trujillo.
Trujillo se encontraba en su casa junto a la esposa e hija. La pareja resultó herida, como consecuencia de los disparos, agregó la organización.
En cuanto a la demarcación del Cauca, el Congreso de los Pueblos denunció la divulgación en ese territorio de panfletos firmados por la organización delictiva Águilas Negras, que asegura tener el control de la zona tras la desmovilización de las FARC-EP.
La denuncia añade que en el municipio del Tambo, en el propio departamento, circularon a su vez amenazas contra el líder de la Asociación Campesina y Ambiental de Playa Rica y del Coordinador Nacional Agrario, Daniel Ulcue.
El Congreso de los Pueblos informó que solicitó al Gobierno reforzar las medidas de seguridad en esos sitios, en especial, en protección a los activistas bajo amenazas.
Asimismo exigieron al Ejecutivo una respuesta inmediata al movimiento social colombiano sobre su voluntad real y compromiso de garantizar con protección de las fuerzas públicas la participación ciudadana en la construcción de la paz en el país.
Según la organización, en lo que va de este año se reportaron 13 asesinatos de líderes sociales, entre los que se encuentran dos integrantes de Marcha Patriótica, tres activistas comunitarios, dos reclamantes de tierras; así como representantes de juntas comunales, grupos indígenas y de asociaciones campesinas.
El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz publicó en días pasados un balance que afirma que durante 2016 fueron cometidos en Colombia 117 homicidios contra activistas y luchadores por los derechos humanos, además de 350 amenazas, 46 atentados y cinco casos de desaparición forzosa.
oda/fa
El primer atentado ocurrió en Valledupar, Cesar, donde hombres armados dispararon contra el dirigente sindical Alfonso Barón, quien resultó ileso, mientras este sábado, en el municipio Agustín Codazzi, del mismo departamento, desconocidos en una moto dispararon contra la vivienda de Carlos Jair Trujillo.
Trujillo se encontraba en su casa junto a la esposa e hija. La pareja resultó herida, como consecuencia de los disparos, agregó la organización.
En cuanto a la demarcación del Cauca, el Congreso de los Pueblos denunció la divulgación en ese territorio de panfletos firmados por la organización delictiva Águilas Negras, que asegura tener el control de la zona tras la desmovilización de las FARC-EP.
La denuncia añade que en el municipio del Tambo, en el propio departamento, circularon a su vez amenazas contra el líder de la Asociación Campesina y Ambiental de Playa Rica y del Coordinador Nacional Agrario, Daniel Ulcue.
El Congreso de los Pueblos informó que solicitó al Gobierno reforzar las medidas de seguridad en esos sitios, en especial, en protección a los activistas bajo amenazas.
Asimismo exigieron al Ejecutivo una respuesta inmediata al movimiento social colombiano sobre su voluntad real y compromiso de garantizar con protección de las fuerzas públicas la participación ciudadana en la construcción de la paz en el país.
Según la organización, en lo que va de este año se reportaron 13 asesinatos de líderes sociales, entre los que se encuentran dos integrantes de Marcha Patriótica, tres activistas comunitarios, dos reclamantes de tierras; así como representantes de juntas comunales, grupos indígenas y de asociaciones campesinas.
El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz publicó en días pasados un balance que afirma que durante 2016 fueron cometidos en Colombia 117 homicidios contra activistas y luchadores por los derechos humanos, además de 350 amenazas, 46 atentados y cinco casos de desaparición forzosa.
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