Madrid, 6 feb (PL) El expresidente de Cataluña Artur Mas será juzgado a partir de hoy por organizar el 9 de noviembre de 2014 un referendo simbólico sobre la independencia en esa región, declarado ilegal por la justicia española.
Presidente de la Generalitat (gobierno catalán) entre 2010 y 2016, Mas está acusado, junto a otros cargos de su administración, de desobediencia grave y prevaricación por organizar un plebiscito sin efectos jurídicos sobre la independencia de Cataluña.
La fiscalía pide 10 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos para el exgobernante y nueve años para sus antiguas consejeras Joana Ortega, encargada del dispositivo electoral, e Irene Rigau, responsable de las escuelas públicas que acogieron la votación.
Días antes de su celebración, el Tribunal Constitucional (TC) ordenó suspender el citado referéndum, pero el ejecutivo autonómico siguió adelante con la consulta, en la que participaron 2,3 millones de personas en una región de 7,5 millones de habitantes.
Según el Ministerio Público, los encausados articularon 'una estrategia de desafío completo y efectivo' a la suspensión de la consulta del 9N acordada por el TC, siendo 'plenamente conscientes de que con ello quebrantaban el obligado acatamiento' de sus órdenes.
El movimiento secesionista presentó este juicio por desobediencia como un proceso político y un ataque a la libertad de expresión del gobierno español presidido por Mariano Rajoy, del conservador Partido Popular.
Los tres acusados en esta causa, que debe prolongarse hasta el viernes en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, adelantaron la víspera que recurrirán al Tribunal Europeo de los Derechos Humanos si finalmente son inhabilitados.
Este domingo, Mas denunció en una rueda de prensa que se enfrentó a un Estado (el español) intolerante y poco democrático, por lo que, advirtió, volvería a convocar a un referendo de autodeterminación.
Con mayoría en el parlamento regional, los partidos separatistas preparan para septiembre próximo un referéndum vinculante para declarar la independencia en caso de victoria.
Sin embargo, la administración de Rajoy aseguró que no permitirá ninguna ilegalidad y amenazó incluso, según versiones periodísticas, con intervenir esa comunidad autónoma para frenar el desafío secesionista.
lam/edu
La fiscalía pide 10 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos para el exgobernante y nueve años para sus antiguas consejeras Joana Ortega, encargada del dispositivo electoral, e Irene Rigau, responsable de las escuelas públicas que acogieron la votación.
Días antes de su celebración, el Tribunal Constitucional (TC) ordenó suspender el citado referéndum, pero el ejecutivo autonómico siguió adelante con la consulta, en la que participaron 2,3 millones de personas en una región de 7,5 millones de habitantes.
Según el Ministerio Público, los encausados articularon 'una estrategia de desafío completo y efectivo' a la suspensión de la consulta del 9N acordada por el TC, siendo 'plenamente conscientes de que con ello quebrantaban el obligado acatamiento' de sus órdenes.
El movimiento secesionista presentó este juicio por desobediencia como un proceso político y un ataque a la libertad de expresión del gobierno español presidido por Mariano Rajoy, del conservador Partido Popular.
Los tres acusados en esta causa, que debe prolongarse hasta el viernes en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, adelantaron la víspera que recurrirán al Tribunal Europeo de los Derechos Humanos si finalmente son inhabilitados.
Este domingo, Mas denunció en una rueda de prensa que se enfrentó a un Estado (el español) intolerante y poco democrático, por lo que, advirtió, volvería a convocar a un referendo de autodeterminación.
Con mayoría en el parlamento regional, los partidos separatistas preparan para septiembre próximo un referéndum vinculante para declarar la independencia en caso de victoria.
Sin embargo, la administración de Rajoy aseguró que no permitirá ninguna ilegalidad y amenazó incluso, según versiones periodísticas, con intervenir esa comunidad autónoma para frenar el desafío secesionista.
lam/edu
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