"Una vez más se comete una grave injusticia", lamentó Rousseff, quien añadió que "ahora el objetivo es el expresidente Lula".
La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, criticó la demanda por corrupción interpuesta contra el exmandatario Luiz Inácio Lula da Silva, y aseguró que el objetivo es evitar que el líder sindical se mida en las elecciones presidenciales de 2018.
"Es evidente que esta denuncia atiende a los objetivos de aquellos que pretenden impedir su candidatura en 2018", expresó Rousseff por medio de sus redes sociales.
É evidente que esta denúncia atende ao objetivo daqueles que pretendem impedir sua candidatura em 2018.— Dilma Rousseff (@dilmabr) 14 de septiembre de 2016
Este miércoles el Ministerio Público presentó cargos por corrupción contra Lula, su esposa, Marisa Leticia Lula da Silva, y otras seis personas.
Lula da Silva y su esposa son acusados de corrupción pasiva, fraude documental y lavado de capitales.
É lamentável que uma denúncia sem provas seja feita contra o presidente Lula e sua família.— Dilma Rousseff (@dilmabr) 14 de septiembre de 2016
Rousseff, quien fue víctima del llamado impeachment (juicio político), indicó que "una vez más, la democracia es herida, una vez más, una grave injusticia se comete sin fundamentos reales".
"Ahora el objetivo es el expresidente Lula", manifestó la Presidenta constitucional de Brasil.
En contexto
Es la primera vez que Lula, quien sigue siendo el político más popular de Brasil pese a los señalamientos de corrupción contra el Partido de los Trabajadores (PT), es acusado directamente por los fiscales federales en relación a su presunta participación en el esquema de sobornos en la petrolera contratada por el Estado.
El 26 de agosto, la Policía Federal de Brasil presentó cargos contra Lula da Silva por lavado de dinero y falsificación sobre la adquisición de un apartamento.
Las pruebas debían ser analizadas por la Fiscalía de Brasil en un plazo de 90 días para determinar si se abría un proceso contra Lula y los otros acusados.
Los abogados del líder del PT consideran que tanto él como su familia sufren una persecución tras la denuncia presentada en la Organización de las Naciones Unidas (ONU), por abusos cometidos durante la investigación del caso Petrobras.
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