Panamá, 14 sep (PL) La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Panamá fijó para hoy la continuidad del proceso por la causa penal contra el expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014), por compra de comida escolar a sobreprecio y en mal estado.
En la sesión conocida como 'audiencia de control', en el cual el imputado estará representado por sus abogados, el magistrado fiscal Oydén Ortega presentará los resultados de una investigación hecha en Brasil, donde se encuentra la empresa proveedora de alimentos deshidratados, comprado por el gobierno anterior.
La investigación por el supuesto delito de corrupción en el pago inadecuado a la empresa intermediaria Lerkshore International, involucró además, a los exministros Lucy Molinar (Educación) y Federico José Suárez (Obras Públicas) y a las exviceministras María Fábrega (Presidencia) y Marta Susana de Varela (Desarrollo Social).
También al exdirector y al exjefe de Nutrición del desaparecido Programa de Ayuda Nacional (PAN), Giácomo Tamburrelli y Ángel Famiglietti, respectivamente; la fallecida excontralora Gioconda Torres de Bianchini; al ex secretario privado de Martinelli Adolfo De Obarrio (prófugo) y al representante de Lerkshore, Rubén De Ycaza.
La figura del delito contra la administración pública se conformó tras la auditoría de la Contraloría General de la República al PAN, la cual reveló una lesión patrimonial de 44,9 millones de dólares, porque el proveedor brasileño supuestamente recibió sólo 196 mil 190 dólares, por la misma factura.
Tamburrelli declaró en enero de 2015 ante la Fiscalía, que Martinelli le ordenó cómo confeccionar y adjudicar a la empresa Lerkshore el contrato. El exmandatario es procesado por la CSJ en su calidad de diputado centroamericano y el resto de los inculpados enfrentan la justicia ordinaria.
El expresidente enfrenta siete expedientes aprobados por la CSJ, cuyos delitos prevén condenas de 45 a 67 años de cárcel, pero la duda es si regresará a Panamá desde su 'autoexilio' en Estados Unidos, a pesar de que desde diciembre pasado el pleno de la Corte aprobó solicitar su extradición.
El Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó a Prensa Latina que sugirió al magistrado Jerónimo Mejía y la CSJ incorporar un documento adicional 'para evitar subsanaciones futuras que puedan retrasar el trámite' ante el Gobierno de Estados Unidos.
Ese paso pudiera generar acciones de los abogados de Martinelli, y sobre ello la fuente señaló que 'siempre y cuando no haya algún otro impedimento relacionado con recursos de la defensa, se procederá a solicitar la autenticación de los documentos' y enviarlos a la embajada panameña en Washington.
Desde la llegada del expediente a la Cancillería, el 26 de mayo pasado, los representantes legales del exgobernante presentaron objeciones al trámite que no fueron admitidas.
Mientras, el demandado se burla de la justicia de su país a través de las redes sociales, y cataloga de 'persecución política' las serias acusaciones en su contra, campaña a su favor que secundan algunos de sus más fieles seguidores en el partido Cambio Democrático.
arc/orm
La investigación por el supuesto delito de corrupción en el pago inadecuado a la empresa intermediaria Lerkshore International, involucró además, a los exministros Lucy Molinar (Educación) y Federico José Suárez (Obras Públicas) y a las exviceministras María Fábrega (Presidencia) y Marta Susana de Varela (Desarrollo Social).
También al exdirector y al exjefe de Nutrición del desaparecido Programa de Ayuda Nacional (PAN), Giácomo Tamburrelli y Ángel Famiglietti, respectivamente; la fallecida excontralora Gioconda Torres de Bianchini; al ex secretario privado de Martinelli Adolfo De Obarrio (prófugo) y al representante de Lerkshore, Rubén De Ycaza.
La figura del delito contra la administración pública se conformó tras la auditoría de la Contraloría General de la República al PAN, la cual reveló una lesión patrimonial de 44,9 millones de dólares, porque el proveedor brasileño supuestamente recibió sólo 196 mil 190 dólares, por la misma factura.
Tamburrelli declaró en enero de 2015 ante la Fiscalía, que Martinelli le ordenó cómo confeccionar y adjudicar a la empresa Lerkshore el contrato. El exmandatario es procesado por la CSJ en su calidad de diputado centroamericano y el resto de los inculpados enfrentan la justicia ordinaria.
El expresidente enfrenta siete expedientes aprobados por la CSJ, cuyos delitos prevén condenas de 45 a 67 años de cárcel, pero la duda es si regresará a Panamá desde su 'autoexilio' en Estados Unidos, a pesar de que desde diciembre pasado el pleno de la Corte aprobó solicitar su extradición.
El Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó a Prensa Latina que sugirió al magistrado Jerónimo Mejía y la CSJ incorporar un documento adicional 'para evitar subsanaciones futuras que puedan retrasar el trámite' ante el Gobierno de Estados Unidos.
Ese paso pudiera generar acciones de los abogados de Martinelli, y sobre ello la fuente señaló que 'siempre y cuando no haya algún otro impedimento relacionado con recursos de la defensa, se procederá a solicitar la autenticación de los documentos' y enviarlos a la embajada panameña en Washington.
Desde la llegada del expediente a la Cancillería, el 26 de mayo pasado, los representantes legales del exgobernante presentaron objeciones al trámite que no fueron admitidas.
Mientras, el demandado se burla de la justicia de su país a través de las redes sociales, y cataloga de 'persecución política' las serias acusaciones en su contra, campaña a su favor que secundan algunos de sus más fieles seguidores en el partido Cambio Democrático.
arc/orm
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