Por: Ryan Mallett-Outtrim
Rebelión
Traducción por S. Seguí para Rebelión
Los telegramas transmitidos por el exembajador de EE.UU. en Venezuela William Brownfield, filtrados por WikiLeaks, muestran el papel de respaldo de dicho embajador a grupos de la oposición opuestos al gobierno de Venezuela.
En la semana previa a las elecciones presidenciales venezolanas del 14 de abril, WikiLeaks publicó un telegrama clasificado en el que se indicaba que organizaciones de ayuda basadas en Estados Unidos estaban colaborando para derrocar al Gobierno y defender los intereses de las empresas estadounidenses en el país andino.
El telegrama, enviado desde la embajada de EE.UU. en Caracas en noviembre de 2006, detalla cómo docenas de organizaciones no gubernamentales (ONG) reciben financiamiento del gobierno de EE.UU. por intermedio del organismo oficial para el desarrollo USAID (US Agency for International Development) y de la Oficina de Iniciativas de Transición (Office of Transition Initiatives - OTI). Este operativo incluye “más de 300 organizaciones de la sociedad civil venezolana”, que van desde defensores de los discapacitados a programas educativos.
Muchas de las iniciativas tienen un cariz aparente bien intencionado, como las de apoyo a un grupo de presión medioambiental y a un programa de recogida de basura en Caracas.
Sin embargo, el apoyo de USAID/OTI a estos grupos de aspecto tan benévolo forma parte de un proyecto más amplio que tiene cuatro vertientes.
El citado exembajador en Venezuela, William Brownfield, describe los objetivos últimos de la Embajada, a saber: “la infiltración en la base política de Chávez... la división del chavismo... la protección de los intereses vitales de EE.UU... [y] el aislamiento internacional de Chávez.”
Según Brownfield, el “objetivo estratégico” de desarrollar “organizaciones de la sociedad civil [sic] alineadas con la oposición... representa la mayor parte del trabajo de USAID/OTI en Venezuela.”
Sin embargo, entre las docenas de grupos mencionados en el documento, aparecen también los sospechosos habituales del universo intervencionista estadounidense.
Según el documento, la OTI ha financiado con 1.100.000 dólares un programa de Freedom House en Venezuela, mientras que Development Alternatives Inc. (DAI) concedía a ésta subvenciones por un total de 726.000 dólares en nombre propio.
DAI tiene un largo historial de actividades destinadas a socavar a los gobiernos que se oponen a la hegemonía de EE.UU., y no es la primera vez que sus operaciones en Venezuela han planteado interrogantes.
En 2002, DAI colaboró con la Fundación Nacional para la Democracia (National Endowment for Democracy – NED) en la financiación de una campaña de propaganda de la extrema derecha, durante el cierre patronal de la industria petrolera de 2002, dirigido a derrocar al Gobierno de Chávez.
Estos grupos están ahora siendo demandados por la familia de un subcontratista que fue encarcelado en 2009 mientras operaba en Cuba.
Alan Gross estaba trabajando en una iniciativa de USAID para instalar sistemas de comunicación por satélite para uso civil, cuando fue arrestado por las autoridades cubanas por “actos contra la integridad del Estado”, y ahora cumple una pena de prisión de 15 años.
Su esposa, Judy Gross acusa a DAI de haberlo engañarlo y de no proporcionarle una formación adecuada.
Documentos divulgados por la DAI ante el tribunal indican sin lugar a dudas que la iniciativa de USAID y DAI presentaba aspectos más oscuros que los admitidos en un primer momento.
El 18 de enero, DAI presentó documentación relativa al caso que demuestra que se estaban facilitando equipos de comunicaciones a las comunidades a fin de “proporcionar una base desde la que los cubanos pudieran desarrollar visiones alternativas del futuro.”
En su presentación ante la Corte, DAI dijo también que le causa “profunda preocupación que el desarrollo de este dosier durante la resolución de este litigio pudiera crear riesgos significativos para la seguridad nacional del Gobierno de los EE.UU. nacional, su política exterior y sus intereses en los derechos humanos”.
En otras palabras, la DAI prefiere mantener en secreto su programa en Cuba, porque la seguridad nacional tiene prioridad sobre un subcontratista encarcelado.
Como DAI, Freedom House prioriza las preocupaciones geopolíticas de Estados Unidos por encima de los derechos humanos.
Algunas de las pasadas hazañas de Freedom House incluyen su apoyo a la guerra de Vietnam, su oposición a las iniciativas de integración de EE.UU. en la Corte Penal Internacional, su no condena de Guantánamo y su recepción de fondos de grupos de extrema derecha, como el Lynde & Harry Bradley Foundation.
Sin embargo, donde Freedom House realmente muestra su excelencia es cuando se trata de interferir en las elecciones, como en 2004 en Ucrania.
Durante la campaña presidencial de Ucrania, Freedom House administró fondos de la Iniciativa de Cooperación Polonia-América-Ucrania (PAUCI, por sus siglas en inglés), que supuestamente financió grupos que hicieron campaña a favor del candidato presidencial Victor Yushchenko.
En ese momento, el portavoz del Departamento de Estado de EE.UU. Richard Boucher, respondió a las acusaciones de que se estaban encaminando fondos públicos a la campaña de Yushchenko con las siguientes declaraciones a los medios de comunicación: “Nuestro dinero no va a manos de los candidatos. Se distribuye a las instituciones necesarias para llevar a cabo una elección libre y justa.”
Una de estas ONG financiadas por Estados Unidos era el Centro Internacional de Estudios Políticos, del cuya junta era miembro Yushchenko.
Cuando Brownfield escribió el cable de 2006 ahora revelado, Freedom House contaba con una financiación de 1.100.000 dólares en fondos de USAID/OTI para desarrollar su juego en Venezuela.
Según su sitio web, Freedom House sigue operando en Venezuela a efectos de “reforzar las instituciones democráticas con el fin de mejorar la gobernabilidad democrática.”
Entre sus actividades más recientes se incluye su oposición a los fallos de la Corte Suprema de enero y marzo.
En ambas ocasiones, Freedom House regurgitó acríticamente las interpretaciones de la Constitución de Venezuela que efectuaba la principal coalición de oposición, la Mesa de la Unidad Democrática (MUD).
Al igual que en las elecciones de Ucrania 2004, parece que Freedom House ha decidido centrar sus esfuerzos en el apoyo a su candidato preferido, en lugar de perseguir su objetivo declarado de “reforzar las instituciones democráticas.”
Como se ilustra en el documento de WikiLeaks, la relación entre la Embajada de EE.UU. en Caracas y grupos como Freedom House y DAI es estrecha.
En 2007, Brownfield fue acusado por el gobierno de Hugo Chávez de interferir en los asuntos internos de Venezuela. El 5 de marzo del presente año, el día en que Chávez fallecía, dos funcionarios de la embajada de Estados Unidos fueron expulsados después de que el gobierno los acusara de tratar de fomentar otro golpe.
No hay duda de que existe un imperativo común para poner fin a la revolución, ya sea a través de la violencia o de las aparentemente inocentes actividades de la “sociedad civil”.
Aunque los métodos varían, hay una constante en el enfoque de Washington hacia Venezuela: conseguir el cambio de régimen a toda costa y regresar a la relación neocolonial de los años anteriores a Chávez.
* Ryan Mallett-Outtrim es periodista de Green Left Weekly , residente en Mérida, Venezuela.
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