Pablo: Siris Seade
Rebelión
El diccionario de la Real Academia Española define la perogrullada -o verdad de Perogrullo- como una “verdad o certeza que, por notoriamente sabida, es necedad o simpleza el decirla”.
Por ejemplo, decimos una perogrullada cuando le decimos a una persona viva que no está muerta, ya que esta afirmación por ser obvia (la persona está vivita y coleando) es necia.
Pero más necio aún es afirmar, como se ha hecho en los pasados días, que -como forma de protesta por un supuesto fraude en la pasada elección presidencial del 14 de abril- nadie intentó incendiar los Centros de Diagnóstico Integral (CDI) por la sencilla razón de que no hay CDIs quemados.
Tal afirmación niega todos los pasos previos a la comisión del delito que en el Código Penal están debidamente establecidos, me refiero a lo que en los comunicados del Ministerio Público, del Poder Judicial y otros organismos se les llaman “grados”; por ejemplo, la ocurrencia de un “homicidio en grado de tentativa”, que así se le llama cuando alguien trata de asesinar a otra persona y no lo logra.
Porque es delito asesinar a otra persona desde el mismo momento en que se planifica o se intenta, aún cuando no se tenga éxito en la empresa.
Demostraremos en esta nota, que aún cuando no haya CDIs quemados, hubo diversos tipos de ataques contra ellos que incluyen los intentos por incendiarlos y que si no se logró concretar estos intentos fue gracias a la inmediata respuesta de los sectores populares para defender a sus médicos y a su nuevo sistema de salud. Lo haremos demostrando la falsedad de algunas de las afirmaciones que se han realizado por parte de la vocería opositora.
Cacerolear no es delito
No, no es un delito, pero como casi todo en la vida tiene algunas limitaciones. Por ejemplo, no tienes derecho a golpear una cacerola junto a mi oreja, entre otras cosas porque me producirás una obvia molestia y porque puedes lastimarme el tímpano, entre otras varias afecciones psíquicas y físicas.
Ahora bien, cacerolear en la puerta de un CDI o de cualquier otro centro de salud sí es una falta -e incluso puede ser una falta grave- y lo es porque allí hay pacientes que están siendo tratados. Por eso tampoco se puede tocar corneta frente a un hospital cualquiera ni se puede montar una rumba en la puerta. Por eso también suele haber en casi todos ellos, unos cuadritos muy graciosos que muestran a una enfermera realizando el gesto universal de llamar a silencio.
Si bien no soy médico, tengo la certeza de que para cualquier persona hospitalizada y sus familias, así como para el personal de salud que realiza sus labores en una instalación de este tipo, tener una turba en la puerta golpeando cacerolas no contribuye en nada al trabajo médico ni a la recuperación del paciente.
Cacerolear frente a un CDI -“para sacarse la arrechera”, como dijo Henrique Capriles Radonski- es negar su función fundamental: recuperar la salud integral de una persona que la ha perdido. Es por lo tanto, una violación al derecho a la salud, lo cual es un delito de lesa humanidad.
Tuitear no es un delito
De acuerdo a lo que él mismo indica, a las 2:54 pm del lunes 15 de abril, Nelson Bocaranda Sardi publicó un tuit que decía textualmente: “Informan que en el CDI de La Paz, en Gallo Verde,Maracaibo, hay urnas electorales escondidas y los cubanos de allí no las dejan sacar”.
Según publicó luego el mismo personaje en su web runrun.es del 19 de abril “Allí nada pasó. Fueron los periodistas conversaron y se dieron cuenta que todo se había solucionado pacíficamente. Las fotos de La Verdad, El Nacional, Panorama y El Universal así lo comprobaron”; sin embargo, Bocaranda jamás rectificó vía Twitter, red social en la que tiene más de un millón 350 mil seguidores, bastante más de los que leen su columna en internet o compran el diario El Universal, donde las publica. De hecho, Bocaranda jamás pidió disculpas por una afirmación de tal gravedad.
Era muy fácil prever que una afirmación como la que hizo Bocaranda provocaría un aluvión de hechos violentos en contra de los CDI y en contra del personal cubano que allí trabaja. Sobre todo a la luz delo ocurrido en abril de 2002, cuando Ruth Capriles dijo ante una manifestación opositora frente a la ex sede de PDVSA en Chuao que tenía información de que en la embajada de Cuba se estaban refugiando dirigentes chavistas y de que allí se estaban sacando cajas con armas largas.
Este anuncio realizado en circunstancias en las que se desarrollaba el golpe de Estado de 2002 terminó en el asedio a la embajada de la República de Cuba en Venezuela, ubicada en la misma urbanización de Chuao, del que otro Capriles -el ex candidato presidencial y gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles Radonski- fue protagonista ampliamente conocido.
Bocaranda era consciente de que estaba incitando al odio y esto es también un delito de lesa humanidad.
El Gobierno miente porque no hay pruebas gráficas o audiovisuales de CDI quemados
No las hay, y no las habrá, porque el motivo por el que los sectores fascistas no tuvieron éxito en su intento fue que nuestro pueblo salió y saldrá a la calle a defender a sus médicos cubanos y a sus instalaciones, porque son parte del legado de Chávez, porque la lucha por mejorar sus condiciones de vida sigue, porque nadie les va a quitar lo que por tanto tiempo lucharon.
Pero esa lucha por defender los resultados de la elección del 14 de abril no fue gratuita. Costó la vida de ocho jóvenes luchadoras y luchadores populares y del hijo de uno de ellos de tan sólo once años.
Esas muertes han dejado sin su madre o su padre a trece hijas e hijos. Y dos bebés en gestación nacerán sin su padre.
Dos (o tres, en caso de que así lo verifique el curso de la investigación en curso) de las víctimas cayeron como consecuencia directa de la defensa de un CDI, el de Piedra Azul, ubicado en el municipio Baruta. ¡Cómo negar entonces que ese CDI fuese atacado!
Muertes producto del odio político, del odio por pensar distinto, que es quizás el más terrible de los delitos de lesa humanidad.
El intento que hace la vocería opositora y los medios de este sector del espectro político y de la sociedad de negar el resultado de las elecciones del 14 de abril, aunque es poco feliz es también parte del natural ejercicio de la política. Aunque sea poco apropiado, no será la primera vez ni la última que un candidato afirma que le han robado las elecciones, aún cuando las garantías electorales sean las más absolutas.
Pero la negación del otro, la negación de su derecho a la existencia, es una peligrosa matriz a la que una y otra vez ha recurrido esa dirigencia contraria a la construcción del socialismo en Venezuela. Sus seguidores, la gente llana y sencilla que busca vivir en paz, no apoya estos ataques violentos contra los CDI, contra las sedes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), contra medios comunitarios, contra las residencias de militantes revolucionarios e incluso contra la de la rectora del Consejo Nacional Electoral Tibisay Lucena.
El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), organización que tiene como lema “todos los derechos para todas y todos”, se apresuró a certificar que el Gobierno mentía “tras un exhaustivo arqueo en medios digitales e informativos estatales”, sin hablar con voceros barriales, sin verificar los testimonios.
Cierto que algunos -incluyéndome- publicamos en las redes sociales un afotografía de la casa del PSUV en Anzoátegui en llamas creyendo que era un CDI, pero ¿acaso era eso menos grave? ¿acaso esto ameritaba el desconocimiento de una realidad que se hizo presente en casi todo el país?
La memoria de las y los caídos, la necesidad de construir un país en paz, el deseo de un futuro mejor para nuestro pueblo, reclama la más estricta aplicación de la justicia ante estos crímenes.
Pero en memoria de estos mártires por la democracia, se requiere también la aceptación de las y los otros, la erradicación del odio, el desprecio y el prejuicio.
Depende de todas y todos, pero más aún depende de ti que lo auspicias, lo ocultas, lo toleras, o aún lo aplaudes...
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