En cadena nacional del CNE, Lucena indicó que luego de aprobar la ampliación de la auditoría de verificación ciudadana, el candidato Henrique Capriles presentó una nueva solicitud con exigencias fuera de rango o ya cumplidas.
"Días después de aprobado la ampliación, voceros del equipo del ciudadano Capriles introdujeron un documento distinto al primero, en donde solicitaron revisiones impracticables porque están fuera del rango de lo que comprende una verificación ciudadana y de lo aprobado en sesión, y otras que ya habían realizado ellos mismos como es la auditoría al registro electoral y la producción de los cuadernos de votación, tal y como consta en las actas de esos procesos", puntualizó Lucena.
La decisión de ampliar esta auditoría se corresponde con una serie de eventos que ocurrieron incluso antes de los comicios del pasado 14 de abril.
La presidenta del órgano comicial recordó que previo a la elección, el equipo del ciudadano Capriles solicitó otras garantías que fueron sumadas al resto de las auditorías y que ya forman parte integral del sistema electoral.
"El Poder Electoral aprobó (las garantías) luego de constatar que se trataba de solicitudes razonables y dentro del marco de la ley, todo con el ánimo de generar un ambiente favorable para el evento", explicó Lucena.
Solicitaron en ese momento la incorporación de un testigo por candidato en la sala de transmisión del sistema de información al elector, la inclusión de un testigo en la sala de contingencia de miembros de mesa, y una nueva auditoría a la memoria removible con datos de la máquina de votación. Todas estas peticiones fueron aprobadas.
"Estas garantías adicionales, incluyendo la nueva auditoría que mencionamos, suman un total de 18 procesos de auditoría, que ahora son desconocidas y silenciadas, con ese desconocimiento se busca lesionar el proceso electoral, aludiendo a temas que ya fueron revisados y certificados por sus propios técnicos, tal como lo demuestran unas actas que son de conocimiento público", enfatizó Lucena.
Luego de que el CNE emitiera el boletín oficial de los resultados electorales, con tendencia irreversible, que dieron como ganador a Nicolás Maduro con 50,78% de los votos, Capriles ofreció unas declaraciones en las que se negó a reconocer su derrota.
"A quienes manifestaron inconformidad cuando se anunciaron los resultados electorales, se les advirtió que las vías para recurrir al CNE están en la Constitución y la Ley. Les asiste el derecho de impugnar la elección, pero también es su deber presentar las pruebas de ello. Esa ha sido nuestra posición tanto en las declaraciones públicas como en las reuniones con ellos", reiteró la rectora.
Contó que la solicitud formal se realizó en la tarde del miércoles 17 de abril y después de un largo análisis, el CNE pudo constatar que la imposibilidad de aprobar la solicitud en los términos planteados, ya que no está previstos en el ordenamiento jurídico. Sin embargo, el Poder Electoral propuso a los interesados la ampliación de la única auditoría que restaba.
"La decisión fue comunicada al país en cadena nacional (el 18 de abril), al término de la cual se pudo escuchar del ciudadano Capriles su conformidad; no obstante, en sus posteriores declaraciones públicas y las de sus voceros dijo que lo aprobado ya no era suficiente y que ahora habría que desarrollar una revisión del proceso electoral distinta a la decidida. Se manipuló para generar falsas expectativas con el procedimiento, incluso haciendo ver que la consecuencia de la verificación ampliada afectaría el resultado electoral", precisó.
Carencia de pruebas
La presidenta del CNE explicó que el documento que recibido el miércoles 17, firmado por Capriles, carece de dos condiciones para ser respondido por el órgano comicial.
En primer lugar, se tiene que no le corresponde al CNE recibir solicitudes de impugnación en estos casos, pues la Ley Orgánica de Procesos Electorales establece en su artículo 202 es el Tribunal Supremo de Justicia quien debe conocer cualquier recurso sobre los actos emitidos por el Poder Electoral.
"En segundo lugar el documento es acompañado por unos anexos que no le permitirían al Poder Electoral realizar ninguna investigación a propósito de lo denunciado, porque no señalan de forma clara y precisa cuáles son los hechos que supuestamente vulneraron las normas, cuáles son las mesas electorales, cuáles son las actas, cuáles son las personas involucradas, cuál es el posible daño producido a las electoras y a los electores", agregó.
"El que hace una denuncia de esta magnitud –dijo–, debe aportar un mínimo de elementos necesarios para que se pueda constatar que esas denuncias son realmente supuestos de hechos establecidos en la norma y así poder establecer su veracidad".
Por su parte, Lucena informó que la auditoría de verificación ciudadana en su primera fase, que se realizó el 14 de abril al 54% de las mesas, cumplió con todos los parámetros establecidos y no reportó error alguno.
"Asimismo, el jueves 18 de abril se realizó la auditoría, fase II que es el 0,5% de las mesas, con un resultado de error 0"
Cronograma
La rectora explicó que el artículo 162 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales indica que la verificación se efectuara mediante la revisión de los comprobantes de votación con relación a los datos contenidos exclusivamente en el acta de votación elaborada por los miembros de mesa.
"El alcance de esta auditoría es claro. El artículo 437 del Reglamento de esta ley advierte que bajo ningún concepto la verificación ciudadana se considerara escrutinio, ni forma parte de ese acto". En este sentido, el 6 de mayo comenzará la segunda fase de este proceso.
El próximo 29 de abril se establecerá la mesa técnica con las organizaciones políticas, mientras que el 30 de abril se hará un sorteo para seleccionar la muestra de cajas de resguardo que no se auditó el 14 de abril, cuando se revisó el 54% de estas.
Por su parte, la organización del material a auditar se hará del 2 al 5 de mayo y la acreditación del personal será el 3 de mayo. En paralelo se realizará la selección y capacitación de los equipos de auditores, que se llevará a cabo del 30 de abril al 2 de mayo.
Lucena precisó que el primer ciclo de esta segunda fase de auditoría de verificación ciudadana se hará del 6 al 15 de mayo; el segundo ciclo se efectuará del 16 al 25 de mayo; y el tercer ciclo del 26 de mayo al 4 de junio.
Además del cronograma, el Poder Electoral definió en su sesión de este viernes los aspectos que se desarrollarán en esta verificación.
En primer lugar, se sacará una muestra aleatoria obtenida del 46% de las mesas que no fueron auditadas el domingo 14 de abril. Así, se hará una auditoría durante 10 días continuos al término de los cuales se deberá hacer un informe. Se repetirá la operación hasta llegar al mes.
Asimismo, se procurará auditar diariamente la mayor cantidad de mesas de acuerdo a la capacidad instalada en el Galpón de Mariches, cuyas instalaciones se han acondicionado y donde ya se encuentran las cajas de resguardo, siguiendo los protocolos acostumbrados, a fin de garantizar su realización en el menor tiempo posible.
"La auditoría se llevará a cabo con el equipo auditor de la Universidad Central de Venezuela, que ha acompañado nuestros procesos desde hace muchos años", precisó Lucena.
En este proceso participará 24 auditores, 60 asistentes de auditoría externos, 60 asistentes del CNE, 6 coordinadores externos, 12 coordinadores del CNE y 30 técnicos de las organizaciones políticas.
"Seguimos trabajando con seriedad, para culminar la verificación ciudadana y continuar con actividades pendientes, entre ellas reactivar los lapsos suspendidos de la elección municipal que estábamos organizando antes del evento sobrevenido. A las venezolanas y venezolanos les decimos: es la hora de la sensatez, de apostar a la racionalidad y al respeto a la Constitución y la ley. Es obligación ineludible de cada ciudadana y ciudadano de este país, aportar al mantenimiento de la paz nacional y construir la convivencia en sociedad. Continuemos haciendo democracia verdadera", enfatizó Lucena.
AVN
0 comentarios:
Publicar un comentario