Los detalles que Ud. nunca supo
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Hace 5 años el Estado venezolano tomó la decisión soberana de no renovar la concesión a la sociedad mercantil RCTV, para honrar exigencias constitucionales como democratizar el espectro radioeléctrico Los artículos 7 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones (LOTEL) vigente desde el año 2000 en nuestro país y 2 de la Ley de responsabilidad Social en Radio y Televisión (Resorte) expresan que “el espectro radioeléctrico es un bien de dominio público”.
No obstante, en la práctica, históricamente su uso y explotación ha estado concentrado en pocas, poderosas e inescrupulosas manos.
Hasta 2007, casi el 80 por ciento de las estaciones de televisión en VHF estaban adjudicadas al sector privado y el porcentaje minoritario restante correspondía al sector público. En la banda UHF la relación también es desigual, aunque el porcentaje de las públicas es aún menor porque incluye a operadores de servicio comunitario.
Durante más de medio siglo, los grupos que han detentado el control del espectro radioeléctrico en Venezuela son los dueños de Venevisión y RCTV: Organización Diego Cisneros (ODC) y Empresas 1BC (antes Grupo Phelps), respectivamente.
La ODC inicia actividades en 1929 con una empresa de transporte. Es hoy una estructura oligopólica con tendencia global e inversiones en distintas áreas económicas, aunque predomina la industria del espectáculo. Agrupa más de 80 empresas nacionales e internacionales. Tiene acciones importantes en Chilevisión, Caracol, el Caribe (Caribean Communication Network) y Venevisión. Es propietaria mayoritaria de Univisión y Galavisión. Gustavo, Ricardo y Marion Cisneros Rendiles son sus dueños.
Empresas 1BC es el segundo grupo más grande de la industria de la radio y la televisión venezolana. Tiene más del 80 por ciento del capital social de cinco empresas que operan en el país: RCTV, 92.9 FM, Radio Caracas Radio, Recorland y Aerotuy. Entre sus accionistas está Peter Bottome (principal) y Marcel Granier, uno de los asistentes al Palacio de Miraflores durante la juramentación ilegal de Pedro Carmona Estanga en abril de 2002.
Según un informe realizado por el antiguo ministerio para telecomunicaciones y la cartera de comunicación e información en 2006, RCTV y Venevisión concentraban hasta hace muy poco el 85 por ciento de la inversión publicitaria en medios. Pero hay más: de los 99 operadores de televisión en VHF y UHF, solo RCTV y Venevisión se llevaban 75 por ciento de los ingresos brutos gravables del sector. Las otras 97 operadoras televisivas se repartían el restante 25 por ciento.
Pero adicional a ello, si nos basamos en el sentido más amplio de la libertad de expresión, concluimos que no es cierto que la anterior representación haya sido garante de este derecho constitucional, porque ha impuesto (de manera inconsulta) el mismo patrón de contenidos (producción extranjera y anuncios publicitarios, en su mayoría), orientados todos al lucro particular y a la reproducción de la ideología dominante.
Durante décadas, el referido poder colosal limitó el término libertad de expresión a la libertad de difusión de las empresas de comunicación y desincorporaron la dimensión social del concepto, la necesidad de dar a los usuarios herramientas para el conocimiento liberador. Escasa o nula ha sido entonces la participación de los usuarios en la generación de los mensajes transmitidos y, lo que es peor, siempre estuvieron los intereses particulares de las estructuras económicas descritas por encima de sus obligaciones y responsabilidades legales. ¿Si los dueños de RCTV y Venevisión eran los dueños del mensaje, cuál libertad de expresión ejercía el pueblo?
Es así como en 2005 el gobierno nacional comenzó a desarrollar claras estrategias para democratizar el espectro radioeléctrico, a través de la creación de la Ley Resorte y la entrega de concesiones a medios radioeléctricos alternativos y comunitarios que desempeñaron un rol importantísimo en el rescate del hilo constitucional en abril de 2002.
Nada más la Ley Resorte innovó con la exigencia a radios y televisoras de difundir al menos cinco horas y media de producción nacional independiente (PNI); con el registro, capacitación y financiamiento de esa PNI; y con la creación de organizaciones de usuarios y usuarias para la participación y contraloría social en los contenidos de los medios.
Luego, en 2007, como resultado de un hecho natural e inexorable y no como una sanción política, retaliación o imputación alguna, el Estado venezolano decidió no renovar la concesión de RCTV para prestar el servicio en señal abierta. Natural e inexorable porque la habilitación, otorgada bajo el régimen de telecomunicaciones de 1940, tenía validez por 20 años, es decir, hasta el 27 de mayo de 2007. En Venezuela, las concesiones no se renuevan automáticamente ni tiene duración ilimitada.
Se presentó entonces la extinción jurídica de una concesión que el Estado decidió no renovar, de forma soberana y en calidad de administrador titular de un bien de dominio público, para honrar varias exigencias constitucionales: democratizar el espectro, propiedad de todos, y garantizar al pueblo “servicios públicos de radio y televisión, con el fin de permitir el acceso universal a la información”. Esta decisión estuvo acompañada de millones de firmas recogidas por colectivos organizados.
Esto sin contar que RCTV violó de manera flagrante la normativa legal durante el golpe de Estado de 2002: en dos oportunidades dividió la pantalla durante la difusión de alocuciones oficiales (una ministerial y otra presidencial), transmitió propaganda política anónima, durante esos días sólo mostró acciones opositoras y excluyó todas las voces disidentes, relacionó la imagen del presidente Chávez con el asesinato de civiles inocentes y creó una falsa información en el imaginario colectivo, interrumpió la transmisión del Fiscal General para ese entonces, Isaías Rodríguez, censuró movilizaciones a favor de la revolución e impuso silencio informativo.
Y por si fuera poco, similar conducta asumió RCTV durante el sabotaje petrolero que dejó pérdidas multimillonarias a la patria: tergiversó hechos, manipuló declaraciones, mostró desequilibrio en la escogencia de fuentes y eliminó la pluralidad de opiniones.
NACIÓ TVES
De tal manera que el 28 de mayo de 2007 nace la primera televisora de servicio público en el país: la Fundación Televisora Venezolana Social (Tves), que, según su actual presidente, William Castillo, se ha convertido en una alternativa audiovisual.
Castillo considera que, después de una feroz campaña política de satanización, Tves se ha perfilado como una opción cultural, deportiva y de entretenimiento, sin promover el consumismo, la banalidad y el negocio privado y sin depender de los patrones que dictan los grandes anunciantes y agencias de publicidad. Es hoy el único canal con más de 50 por ciento de producción nacional independiente en su programación: tiene más de 200 producciones venezolanas entre series, cultura, deporte y música.
Transmite los mejores animados de la TV venezolana y los clásicos nacionales e internacionales del cine. Una de sus metas, el gran desafío inicial: un cambio cultural. Además su equipo se prepara para transmitir los juegos olímpicos Londres 2012 y trabaja en la actualización de su plataforma tecnológica que marcará el salto definitivo hacia la televisión digital.
La programación aniversaria de Tves inició este sábado 26 de mayo y durará hasta el domingo 3 de junio.
Fuente: http://aporrea.org/medios/n206173.html
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