Por: Juan E. Romero
Hemos insistido en identificar – no hemos sido los únicos- un conjunto de elementos que se enmarcan dentro del ámbito conceptual de las Guerras Sicológicas (GUS) u Operaciones de Guerra Sicológica (OPSIC), definidas como acciones destinadas a lograr – a través del uso de sofisticadas herramientas tecnológicas, audiovisuales y propagandísticas- cambiar la percepción de la realidad de los individuos con el fin último de alcanzar un control de las sociedades y las mentes.
Las operaciones de guerra sicológica se corresponden a una última etapa en la evolución conceptual de las guerras, como consecuencia del alta impacto y desarrollo tecnológico, propiciado por la revolución informática desatada a finales del siglo XX y lo que va del siglo XXI.
Las OPSIC, se corresponden además, con un planteamiento de sustitución de las operaciones de las guerras convencionales, donde jugaban un papel esencial la movilización de tropas y armamentos, por procesos menos evidentes – pero más efectivos- desarrollados a través de unidades mediáticas o círculos de conocimiento (think-thank). Teniendo claro estos elementos conceptuales, expresados en forma generalizante, podemos analizar los sucesos del 11 de abril de 2002 en el marco de una gran acción de OPSIC. Se debe comenzar estableciendo el marco conceptual – o cognitivo (de percepción)- que sirvió de base para el inicio de las operaciones de guerra sicológica. Ese comienzo se corresponde con el contexto político de formulación de las Leyes Habilitantes (LH) en los meses finales del año 2001. Esas LH(49 en total) planteaban áreas claves, tales como: petróleo, tierras, función pública, planificación, pequeña y mediana industria, fondo de inversión para la estabilización macroeconómica (FIEM), de puertos, identificación, entre otras; que resultaban esenciales para el desarrollo y avance del proyecto bolivariano (PB) formulado inicialmente en 1992 y aplicado – con modificaciones- a partir de 1999; y cuyas líneas generales conllevaban una confrontación con los intereses de clase y los objetivos de los grupos propietarios que históricamente se habían asociado con los actores políticos tradicionales (AD-COPEI) para usufructuar el poder.
Los titulares de prensa – el marco o framing-, las opiniones de operadores armadores de matrices de finales del año 2001, hablaban del caos inminente producto de la “proximidad del comunismo” adelantado por el gobierno de Chávez y que sumiría a los venezolanos en una conmoción desastrosa. Esa operación sicológica, está enmarcada dentro de procesos de extrapolación – sacando los hechos de su contexto- y generalización. En ese marco o framing, es que debe entenderse la acción de paralización que conjugo esfuerzos de la CTV y FEDECAMARAS el 10 de diciembre de 2001, buscando crear indignación en los colectivos y llamar la atención sobre la incapacidad institucional del nuevo gobierno bolivariano. Esa acción de “calentamiento de calle” no tuvo los efectos caóticos esperados, pero sí señalaba el comienzo de unas acciones concadenadas que buscaban articular la salida no institucional del gobierno democráticamente elegido en 1998. A esa situación perceptiva de incapacidad y caos, se le sumaria a finales de enero y principio de febrero de 2002, las marchas en apoyo a la democracia representativa ejercida entre 1958-1998 y el pronunciamiento de un conjunto de militares, que hacían público su inconformidad con el presidente y sus formas de acción pública. Esos militares iniciaron el “goteo” de elementos de la sociedad – o de una parte interesada de ella- en contra del gobierno. Se trataba de crear una percepción de proyección con el caos y el desastre que el fracaso del socialismo real soviético había creado en la URSS. El mensaje era claro: los venezolanos íbamos directo al repetir los errores y desastres de la URSS comunista y nadie mejor para advertirlo que un grupo de militares, entre los que estaban el Coronel Pedro Soto de la aviación y el capitán Luís García Morales de la Guardia nacional, que llamaban a conformar una Junta Patriótica (JP) contra el gobierno de Chávez.
Son ellos los 1eros en hacer pública la fórmula que sería utilizada en abril de 2002: la asociación entre militares y civiles para forzar una acción colectiva. Entre febrero y marzo de ese año, se producen protestas de otro sector importante de la sociedad venezolana: los trabajadores – o un grupo de ellos- de la principal industria generadora de ingresos: PDVSA. La causa de la protesta tenía el mismo “encuadre” que los pronunciamientos de FEDECAMARAS Y los militares: la incapacidad del gobierno. En ese caso – de la industria petrolera- tenía el ingrediente que los generadores de la protestas lo hacían bajo la idea de la “meritocracia” o mejor dicho, la capacidad técnica y profesional de un conjunto de individuos sobre otros – dentro del gobierno de Chávez- que no “conocen” la industria y pueden causar un caos en la misma. La verdad: la acción del presidente de PDVSA, Gastón Parra Luzardo, conducía a reformular en el marco de la Ley orgánica de Hidrocarburos (LOH) el papel de la industria como un Estado dentro del Estado. Todo ello, con conexión en organismos de inteligencia que actuaron desde la Embajada de los EEUU en Caracas, que “tocaron”, “identificaron” y “captaron” a elementos de la iglesia católica, de los militares, de los grupos económicos y de organizaciones civiles (Queremos Elegir, Gente del petróleo). Se trata en ese marco de los OPSIC, de articular protestas en el marco legal(movilizaciones, exigencias de reivindicaciones), para pasar a acciones de calle que sean penetradas por agentes violentos que procuren actos de desorden público, que deberán ser contenidas por agentes del orden público y en ese contexto producir una conmoción (muertes violentas) que luego justifiquen otras acciones.
Eso fue lo que sucedió el 11 de abril. Las protestas convocadas por FEDECAMARAS, CTV y Gente del Petróleo desbordaron los canales institucionales y cayeron en focos violentos ( “todos a Miraflores” como gritó Carmona Estanga y Carlos Ortega), que luego fueron manipulados a través de los medios (el video de Puente LLaguno de Venevisión) y propició el pronunciamiento de los militares, que desobedecieron a su comandante en jefe (Chávez) para ejecutar un golpe frío, enmascarado como una acción de protesta contra un gobierno caótico y violento. La OPSIC fue todo un éxito. Desde militantes del MVR, hasta opositores de Chávez fueron confundidos en su percepción. Unos creyendo que sí renunció, otros sosteniendo que el propio presidente ordenó disparar a la marcha. El resultado el mismo: la justificación de una ruptura institucional el 12 de abril.
La cronología de los hechos muestra como se produjo una perfecta articulación de un conjunto de acciones, generadas desde diversos sectores y actores, que se conjugaron para producir el efecto deseado: desestabilizar y producir una crisis emotiva o de percepción de los ciudadanos, generando indignación, histeria colectiva, caos y desorden. Tal como se planteó, debe establecerse el inicio el 10 de diciembre de 2001, con el paro general de FEDECAMARAS, con ello se construye la imagen de conflicto social y caos productivo que crea zozobra en la población. Posteriormente el 23 de enero, se convocan sendas marchas – tanto el gobierno como la oposición- en conmemoración al derrocamiento de la dictadura. Se trataba de generar acciones de calle cuyo objetivo era producir un “calentamiento social” en forma de movilización colectiva, que canalizara descontentos sociales hacia el gobierno. En el caso de la movilización de sectores sociales cercanos al gobierno, se trataba de una lucha por la presencia en los escenarios públicos, es en conclusión, una “territorialización de la política”, que expresa el control espacial que se trataba de ejercer sobre la presencia en la calle.
Como otra acción de esas OPSIC, se busco generar fraccionamientos hacia lo interno de los sectores de apoyo al presidente Chávez. Ese fraccionamiento procura producir la percepción de fracaso entre los propios adeptos del proceso bolivariano y con ello, buscar fortalecer a quienes se le oponen. En el caso de los sucesos del 2002, el 25 de enero se produce la salida de Luis Miquilena, quién fuera figura clave en el triunfo electoral de Chávez en 1998, fue coordinador de la Asamblea Nacional Constituyente y Ministro del Interior hasta ese año. Esa deserción fue manipulada mediáticamente para hacer ver que era producto del descontento con el manejo del gobierno por parte de Chávez, una muestra más en ese esfuerzo por “crear” la percepción de incapacidad. Posterior a eso, se genera el pronunciamiento de los militares –finales de enero, principios de febrero- de diversos componentes: aviación (Coronel Pedro Soto), Guardia nacional (Capitán Luís García Morales) y Armada (Contralmirante Carlos Molina Tamayo). Esa acción buscaba mostrar la debilidad institucional en el sector castrense, creando así la base para el futuro pronunciamiento de abril. La percepción: los militares no están con Chávez. La operación sicológica cuyo objetivo era propiciar el rumor, el temor, el miedo estaba en pleno desarrollo y en forma exitosa.El 25 de febrero, se interviene PDVSA, mediante la designación de un nuevo presidente: el Dr. Gastón Parra Luzardo, profesor emérito de la Universidad del Zulia, experto petrolero, quién anuncia el inicio de una política de revisión del papel de la industria en el marco del proceso bolivariano. Ese anuncio, permitió que la organización Gente del Petróleo – que hoy se sabe recibiera financiamiento de la NED y USAID- se manifestara en nombre de la “meritocracia” contra esas acciones.
La percepción que se impuso fue que la industria estaba siendo manejada por personas que desconocían el funcionamiento de la industria y que con eso, se causaría un daño económico al país. Se estaba en presencia de una generalización, que buscaba crear temor, miedo pero sobre todo un “marco interpretativo”: el gobierno no sabe lo que hace.Gente del Petróleo, inició una paralización de actividades, que poco a poco, bajo ese marco perceptivo incorporó a gerentes, supervisores, trabajadores en general en una oleada de protestas y acciones de movilización que generaban una confrontación con la directiva nombrada por el presidente Chávez. Mientras eso sucedía, desde sectores muy diversos – económicos, políticos y sociales- se propiciaba la conjunción de esfuerzos entre FEDECAMARAS, la CTV, los partidos políticos, la iglesia para formular un PACTO de GOBERNABILIDAD, que en la práctica era un plan de transición que preparaba el terreno para el golpe de estado de abril.
Sin embargo, la iniciativa fue presentada como un esfuerzo para buscar una salida pacífica de esos sectores, por parte de los medios de comunicación y los operadores comunicacionales. Se trataba de un cambio en la percepción: presentar un plan desestabilizador y conspirativo como una iniciativa institucional de negociación y paz. De esa forma fue presentada y en ese marco fue repetido por la agenda política (partidos y actores) así como por la agenda pública (opiniones del ciudadano).Se estableció un accionar que hoy se repite: los planes del candidato de la MUD, Henrique Capriles Radonski, se presentan como una salida a la crisis venezolana, a pesar de sostener la revisión del papel del PDVSA, las misiones y otros planes del gobierno. La intervención de intereses foráneos, representados en acciones encubiertas por parte de funcionarios ligados a la embajada de EEUU, ayer como hoy es evidente. La matriz es la misma: el peligro que representa el gobierno de Chávez para los intereses estratégicos de los EEUU en la región.Hace 10 años, esa acción encubierta tenía como marco los efectos que la convocatoria de la Cumbre OPEP en el año 2000 por parte de Chávez en Caracas tuvo, para la recuperación de los precios del petróleo. Hoy, la acción encubierta tiene por motivación el hecho que Venezuela cuenta con las reservas probadas más importantes de la actualidad (295.000 millones de barriles), que le brinda una capacidad económica que resulta incómoda a esos intereses continentales.
Todo estaba servido para la acción del golpe: los medios dispuestos a crear – y sostener- unas matrices informativas que creaban una percepción errada de la realidad, los actores económicos que colaboraron para un llamado a paro que creaba condiciones de precariedad y temor, los actores políticos que multiplicaron un discurso movilizador, sobre la base de esos temores creados mediante percepciones manipuladas y finalmente, los actores militares, que actuaron cuando se propició una movilización opositora que en forma provocativa busco un choque violento, que justificara una acción coactiva, bajo cuya excusa pudieran actuar los militares, para violentar el orden institucional. Debe recordarse, como Venevisión – uno de los principales canales privados de Venezuela- reconocía el 12 de abril, a través de uno de sus operadores comunicativos el papel primordial que tuvieron ciertos medios en el apoyo a la movilización contra Chávez.No queda duda, que el uso de los medios, como palanca comunicativa, en el objetivo de crear esas falsas percepciones fue – y sigue siendo- vital para el desarrollo de los acontecimientos. Al respecto, es poco lo que se hace desde las estructuras del Estado para minimizar el impacto de los medios privados sobre la capacidad de generar opinión en los públicos. Como es sabido, los principales canales privados en Venezuela (Venevisión, Televen, Globovisión) superan en cobertura informativa y raiting a los canales del Estado (VTV, TVES). Los medios impresos privados superan en una relación 4 a 1 a los medios públicos. Las radios privadas siguen siendo superiores en número que las radios comunitarias, cuyo radio de acción es limitado.
En este aspecto, aún hoy persiste un peligro latente, concretado en el control de los espacios radioeléctricos en nuestro país, por parte de sectores ligados a los grupos económicos más poderosos.Las OPSIC, tienen como objetivo hoy un conjunto de temas claves: la enfermedad de Chávez, las fallas eléctricas, las carencias de productos alimenticios, la inseguridad, la falta de pericia en el manejo de los asuntos públicos, que son planteados para generar – de nuevo como en abril de 2002- acciones de protestas que terminen en conflictos violentos y se justifique de esa manera la elevación de las contradicciones entre los que apoyan al gobierno de Chávez y quienes le adversan. Todo esto como un recurso pensado como última estrategia ante la imposibilidad de minimizar la brecha en la preferencia al voto entre Chávez y Capriles Radonski para las elecciones de octubre de 2012.
Hoy a 10 años del golpe las lecciones siguen vigentes.Dr. Juan E. Romero La Universidad del Juane1208@gmail.com
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