Por: Eduardo Rodriguez-Baz
Madrid, 23 feb (PL) El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de España ratificó hoy aquí la expulsión del juez Baltasar Garzón de la carrera judicial.
De esa manera, el pleno del órgano de gobierno de los jueces certifica el acuerdo adoptado el lunes último por la comisión permanente del CGPJ, que acordó hacer efectiva la expulsión del conocido magistrado.
Esta decisión se produce tras el fallo dictado el pasado 9 de febrero por el Tribunal Supremo (TS), que condenó a Garzón a 11 años de inhabilitación.
En su veredicto, el TS acusó al célebre y controvertido juez de los delitos de prevaricación y contra las garantías constitucionales, al ordenar interceptar las conversaciones telefónicas entre los jefes de la sonada red de corrupción Gürtel y sus abogados.
Esa trama corrupta salpicó a principios de 2009 a altos cargos del conservador Partido Popular, ahora en el poder.
La sentencia del alto tribunal en el caso de las escuchas supuso la pérdida definitiva de la condición de juez del hasta ahora titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional.
El CGPJ recordó que el veredicto del Supremo conlleva la pérdida del cargo y de los honores que le son anexos.
Le incapacita, además, para obtener durante el tiempo de la condena cualquier empleo o cargo con funciones jurisdiccionales o de gobierno dentro del Poder Judicial, o con funciones jurisdiccionales fuera del mismo.
Suspendido provisionalmente de su cargo desde 2010, el mediático juez aguarda el fallo de un segundo proceso en su contra, relativo a su indagación sobre los más de 100 mil desaparecidos en la Guerra Civil (1936-1939) y la dictadura del general Francisco Franco (1939-1975).
Garzón, quien ganó notoriedad internacional por sus intentos de procesar al exdictador chileno Augusto Pinochet, ha recibido innumerables muestras de apoyo de la sociedad española, de partidos políticos y de organizaciones defensoras de los derechos humanos.
En una reciente manifestación de solidaridad con el magistrado, el poeta Marcos Ana opinó que el laudo es una injusticia contra Garzón, con la intención de darle un escarmiento para que nadie pueda seguir su camino de denunciar las atrocidades del franquismo.
El pasado está en los entresijos del Estado y en los engranajes de la judicatura, porque la transición no cambió absolutamente nada, indicó Ana, que pasó 23 años en la cárcel y estuvo condenado a muerte durante el régimen de Franco.
José Antonio Moreno, letrado del Foro por la Memoria, consideró una "desfachatez rayana en lo ridículo" la afirmación del Gobierno y del CGPJ de que las críticas al dictamen del TS ofrecen una lamentable imagen de España en el exterior.
"Lo que está poniendo en solfa la imagen de España en el exterior es el procesamiento por parte del Tribunal Supremo del juez que ha encarnado durante muchos años la justicia universal y la tutela de los derechos de las víctimas de genocidio" subrayó.
Garzón, de 56 años, pidió la víspera la nulidad de la sentencia, un requisito previo para presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.
De ser necesario, adelantó que llegará hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
lac/edu
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