Por: Manuel Vazquez
Naciones Unidas, 1 nov (PL) La necesidad de juzgar todas las violaciones de los derechos humanos cometidas por mercenarios y compañías privadas de seguridad cobra hoy impulso tras un nuevo debate en la sede de Naciones Unidas.
El tema fue expuesto ante la Tercera Comisión de la Asamblea General por el grupo de trabajo de la ONU sobre "la utilización de mercenarios como medio de obstaculizar el ejercicio del derecho de los pueblos a la libre determinación".
La presentación estuvo cargo de la paquistaní Faiza Patel, titular de ese equipo de la ONU integrado también por José Luis Gómez del Prado (España), Alexander Nikitin (Rusia), Amada Benavides de Pérez (Colombia) y Najat al-Hajjaji (Libia).
El mes pasado esos especialistas dieron a conocer en Ginebra un informe que demandó la rendición de cuentas ante la justicia de todos los mercenarios y empresas privadas de seguridad responsables de violar los derechos humanos.
Ese documento insistió en que todas las personas envueltas en incidentes relacionados con mercenarios deben ser procesadas por un tribunal competente, independiente e imparcial, de acuerdo con las regulaciones internacionales de derechos humanos.
Al mismo tiempo pidió atención particular a las normas contra la tortura y "otros tratamientos y castigos crueles, inhumanos y degradantes".
Como ejemplo del problema, el texto expuso el caso de Iraq, donde 17 civiles resultaron muertos en 2007 en Bagdad a manos de efectivos de la compañía norteamericana Blackwater.
Según los expertos, en ese mismo país esas entidades todavía disfrutan de inmunidad legal otorgada por las autoridades estadounidenses tras la invasión de 2003, lo cual impide la acción de las cortes judiciales.
Desde hace varios años, el grupo de trabajo de la ONU impulsa un proyecto de convención sobre las empresas militares y de seguridad privadas que ya es objeto de análisis por los Estados miembros de la organización mundial.
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