Bruselas, 14 nov (PL) La Comisión Europea (CE) propondrá este martes prohibir a las agencias de calificación de riesgos que publiquen notas sobre los países vulnerables de la Eurozona (en fase de rescate, o que negocien planes de ayuda internacional).
Me parece legítimo que haya un tratamiento específico cuando una nación negocie o se encuentre bajo un programa del Fondo Monetario Internacional o europeo, afirmó a la prensa el comisario de Servicios Financieros, Michel Barnier, como justificación de la embestida contra las agencias de rating.
El político comunitario exigirá que tales entidades avisen con 24 horas de antelación al Estado del cual proyecten rebajar la nota de la deuda pública, para darle oportunidad al país de presentar alegaciones, en lo que analistas temen degenere en actos de manipulación de cifras.
Todo ello es resultado de la degradación errónea el pasado viernes del dato de solvencia de Francia por la agencia Standard & Poor's, grave error que avivó la polémica sobre la responsabilidad de las calificadoras en la actual crisis especulativa de la región por mostrar alarmantes índices de débito de países afectados.
Los detractores apuntan que estas empresas de evaluación de créditos muestran datos de adeudo fiscal sin proporcionar argumentos convincentes, lo que genera intranquilidad en los mercados.
No obstante, otros observadores indican una intención por parte de la Unión Europea (UE) de esconder la verdadera magnitud de la crisis financiera.
Con todo, Bruselas reclamará a las instituciones públicas, bancarias e inversionistas europeas que realicen sus propias evaluaciones de riesgo en aras de reducir la dependencia con respecto a las entidades de rating.
Asimismo, la CE demandará que la metodología que utilicen las agencias para calificar a un país sea "más rigurosa y transparente", y más aún para el caso de naciones en proceso de rescate financiero como Grecia, Irlanda, Portugal o en situación vulnerable como Italia, ante la latente amenaza de una desintegración de la zona euro.
La propuesta de la CE deberá, no obstante, ser aprobada por el grupo de los 27 y la Eurocámara, y constituye la tercera moción elaborada por la UE para acrecentar el control sobre las organizaciones evaluadoras de riesgo.
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