TeleSUR
El Gobierno de Chile pretende endurecer con un proyecto de Ley las sanciones en contra de las manifestaciones públicas, al tiempo que se desarrolla en el país una mesa de diálogo con representantes de la educación, que se mantienen movilizados desde hace cuatro meses por mejoras en ese sector.
El presidente Sebastián Piñera anunció un proyecto de Ley, mediante el cual aspira aplicar sanciones penales por manifestaciones públicas y saqueos a establecimientos. Entre las causas de penalización está la toma de colegios y hospitales.
La iniciativa se da en medio de una serie de protestas, que vienen realizando estudiantes de distintos niveles de Chile, en reclamo de la gratuidad de la educación. Una de las estrategias aplicadas fue la toma de colegios, para obligar la suspensión de actividades.
"En esta materia a nuestro Gobierno no le van a temblar las manos, y siempre va a poner por delante el derecho de las inmensas mayorías. Cuando esta Ley este aprobada, las cosas van a cambiar en nuestro país y van a cambiar para mejor, porque todos los chilenos somos amantes de la paz y la tranquilidad", argumentó Piñara.
Por su parte, el ministro de Gobierno, Andrés Chadwik, expuso que el peso de la Ley sólo aplicaría en caso de este tipo de sucesos se registren de forma violenta. Pero, aseguró, en el caso de manifestaciones pacíficas no se aplicarían sanciones penales.
La iniciativa ha sido mal vista por el sector estudiantil, que este martes fue nuevamente reprimido por Carabineros, al registrarse una movilización de estudiantes técnicos en el centro de la ciudad de Santiago (capital).
La Confederación de Estudiantes de Chile (Confech), organización que agrupa federaciones estudiantiles y encabeza las movilizaciones en el país, recibió con malos ojos esta iniciativa y argumentó que va en detrimento del diálogo.
Este proyecto condiciona el diálogo
La presidenta de la Confech, Camila Vallejo, declaró que el Gobierno “claramente condiciona el diálogo (...) “es mucho más difícil ver al Ejecutivo como un actor o un interlocutor válido en esta instancia, donde nuevamente se nos pone la pistola en el pecho”.
Este miércoles se llevará a cabo un nuevo encuentro entre representantes del sector educación y Gobierno, en el marco del recién instalado diálogo, en el que presentarán su rechazo al proyecto de Ley y continuarán insistiendo en la necesidad de una educación gratuita.
Vallejo consideró preocupante que “en el gobierno primen las ideas de la ultraderecha, sobre todo si se recuerda la historia de represión, tortura y de violación a los derechos humanos que vivió Chile”.
"La señal que se está dando (el Gobierno) en este momento sería el querer romper esta mesa antes de que se inicie, y esperamos que esto no sea así porque nosotros tenemos una tarea de poder avanzar en lo que Chile necesita que es recuperar la educación pública", agregó.
De acuerdo con la dirigente, "tampoco se puede jugar con algo que es un derecho de la sociedad en su conjunto que es el derecho a manifestación, el derecho de expresión, y eso hoy día se está coartando producto de esta ley reaccionaria que se está tratando de levantar desde el Ministerio del Interior".
El proyecto de Ley también fue rechazado por otros sectores de la vida política y jurídica del país.
La presidenta del partido por la Democracia, Carolina Tohá, advirtió que el Gobierno “busca enfrentar el conflicto estudiantil tratándolo como un problema de orden público, criminalizando las movilizaciones y minimizando el derecho de los estudiantes a cuestionar las bases del actual sistema educativo”.
La exdefensora Paula Vial alertó que el discurso gubernamental señala a los estudiantes como nuevos enemigos del Estado.
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