Caracas, 21 Sep. AVN .- La implementación de la normativa legal que reserva al Estado venezolano la exploración y explotación del oro y sus actividades conexas permitirá obtener los recursos necesarios para impulsar el desarrollo del sector minero.
Para el ministro del poder Popular para las Industrias Básicas y Minería, José Khan, el marco legal establece que el Gobierno tome el control de la industria y forme empresas mixtas, en las que cuente con una mayoría del 55% del capital.
“Nosotros vamos a dar una licencia de exploración siempre y cuando sea una asociación estratégica en donde el Estado tenga la mayoría accionaria”, indicó.
De igual forma, la legislación aprobada en el marco de la habilitante, plantea que a los grandes mineros se les establecerá un pago de regalías del 13%, mientras que los pequeños mineros —a quienes se les otorgará incentivos para migrar a la condición de empresas mixtas— sólo deberán cancelar 3%.
Al respecto, el ministro Khan explicó que esta medida garantizará la obtención de capital por parte del Estado, que podrá ser empleado en la inversión para la exploración de nuevas áreas de explotación, el mejoramiento de las plantas y de las condiciones laborales de los trabajadores.
Orden para el sector minero
Por su parte, el economista Luis Alberto Matos, describe como “necesario” el decreto con rango valor y fuerza de ley, publicado en la Gaceta Oficial 39.759, que circuló este lunes.
“La promulgación de esta ley se hacía necesaria, porque los grandes yacimientos de Venezuela se encuentran ubicados en la zona fronteriza del estado Bolívar, y el Gobierno Nacional debía actuar y poner orden, frente a la extracción ilegal del mineral, que llevan a cabo un grupo de empresas transnacionales”, dijo.
El economista celebró que dentro de la normativa se establezca que aquellas empresas o personas naturales que realicen extracciones ilegales, sin cumplir con las formalidades, serán penadas con prisión de 6 meses a 6 años.
“Se debe poner coto a todas las empresas inescrupulosas que se benefician de una comercialización ilegal de nuestro oro, esos recursos deben alimentar y fortalecer las reservas del Banco Central para ser aprovechados para el desarrollo de la nación”, expresó.
Para Matos, otro punto clave que se introdujo en el instrumento fue el respeto al medio ambiente, ya que las compañías autorizadas para efectuar las actividades primarias, deberán emplear las mejores prácticas y técnicas que procuren la extracción racional del mineral.
“El Ejecutivo ahora tendrá la potestad de verificar que la exploración y el transporte se realicen de una forma adecuada, para evitar que se produzcan desastres ambientales, en especial en los sistemas fluviales, que son necesarios para el consumo humano y la generación de energía hidroeléctrica”, subrayó.
0 comentarios:
Publicar un comentario