TeleSUR
El Congreso de Estados Unidos anunció este martes el hallazgo de 122 armas traficadas a México mediante la cuestionada operación Rápido y Furioso, la cual permitió la exportación ilegal de armamento a la nación vecina.
El referido operativo fue emprendido por Estados Unidos en México por la Oficina norteamericana para Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por su sigla en inglés).
Las armas exportadas ilegalmente terminaron, en su gran mayoría, en las manos del crimen organizado. La cantidad recuperada no llega ni a la mitad de las traficadas a través de la operación Rápido y Furioso.
La información fue dada a conocer por un reporte compilado por el Comité de Vigilancia de la Cámara Baja de Representantes, en el que se precisó que el armamento, que representa menos del 10 por ciento traficado ilegalmente por el programa, fue encontrado en 48 escenas de crímenes cometidos en México.
El especialista en operaciones de inteligencia de la ATF, Lorren Leadmon, discrepa de la mayoría de los cálculos dados a conocer hasta ahora, que colocaban en un máximo de dos mil la cifra de armas que las autoridades estadounidenses permitieron que fueran adquiridas por intermediarios.
Leadmon indicó que, en el curso de la investigación, los sospechosos “compraron más de dos mil armas” en lotes de 10 y 20 unidades y, aunque más de 800 han sido recuperadas por autoridades de Estados Unidos y México, “tomará años determinar el alcance de la carnicería” derivada de este operativo.
En cuanto a los tipos de armas, las autoridades determinaron que se encontraron rifles de asalto AK-47, rifles calibre 50 y otras que posteriormente fueron vinculadas a la operación estadounidense.
Congreso pide “capturas”
Luego del anuncio de la captura del armamento, el Departamento de Justicia de EE.UU. dijo que la ATF “no tuvo conocimiento” sobre la mayoría de las ventas de esas armas.
No obstante, indicó que "dada la gran cantidad procedente de la operación Rápido y Furioso, que posiblemente siguen en manos de miembros de carteles, los funcionarios del orden público deberían esperar más capturas y recuperaciones en escenas de crímenes".
En este contexto, este martes, durante el Comité de Supervisión en el Congreso, el presidente del mismo, Charles Grassley y el republicano Darrel Issa, reiteraron su acusación de que el Departamento de Justicia continúa tratando de interferir con la investigación que el panel ha ordenado al respecto.
“El Departamento de Justicia no es nuestro socio en esto, está interfiriendo”, denunció.
Por su parte, el director asistente para Operaciones de la ATF, William McMahon, reconoció que pese a las 'buenas' intenciones detrás del operativo “cometimos errores y por ello me disculpo”.
La operación Rápido y Furioso consistió en que Agentes de la ATF pactaron con vendedores estadounidenses, autorizados, para que ofrecieran armamentos a contrabandistas en México.
El objetivo supuestamente era rastrear esas armas y así poder desmantelar células del crimen organizado.
El pasado 15 de junio senadores estadounidenses presentaron un informe ante el Congreso de la nación en el que afirman que la operación estadounidense trajo más violencia al Estado mexicano y puso en peligro la vida de muchos civiles.
A finales de ese mes, el mismo presidente estadounidense, Barack Obama, admitió que el operativo fue inapropiado.
En México, la posesión de armas de fuego ha crecido de manera acelerada en los últimos años y se calcula, según cifras del Círculo Latinoamericano de Estudios Internacionales (CLAI), que existen alrededor de 15 millones de armas en todo el territorio nacional.
Lo preocupante de la situación es que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) asegura que esa dependencia ha otorgado cerca de cinco millones de permiso de porte de arma; lo que revela un sobrante de más de 10 millones de armas que no están reguladas.
Según las autoridades mexicanas, el problema radica en que en Estados Unidos la venta de armas es legal y cualquiera puede comprar un artefacto de este tipo si cumple con los requisitos que exigen las autoridades.
Partiendo de este dato, el Gobierno mexicano afirma que el 80 por ciento de las armas decomisadas proceden de establecimientos ubicados en la zona fronteriza de los EE.UU. con México.
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