Bloqueo en frontera entre Perú y Bolivia continuará hasta que se eliminen concesiones mineras
TeleSUR
Los manifestantes peruanos, que desde hace 21 días mantienen en la región sureña de Puno una huelga indefinida contra la minería, anunciaron este domingo que continuarán con las protestas al considerar insuficientes los acuerdos alcanzados este sábado con el gobierno de Alan García. Este país celebrará en siete días elecciones presidenciales.
El presidente del Frente de Defensa de los Recursos Naturales de Puno, organización que reúne a los pobladores de la etnia Aimara, Walter Aduviri, sostuvo que no caerán en lo que calificó como “una mecida del Gobierno Central” y que no levantarán su medida de fuerza hasta que se promulguen dos decretos supremos que establezcan “la cancelación definitiva de todas las concesiones mineras y petroleras en la zona”.
“No hay marcha atrás, seguimos en esta huelga y le he pedido al gobierno que no sea terco. Hay un compromiso con un grupo económico (…). Estamos en un Estado de derecho, somos conscientes de ello, pero esto no significa la imposición de las normas de Lima a los estados aimara”, sostuvo.
Entretanto, el dirigente de la Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería (Conami), Pablo Salas, aseguró que continuarán la protesta porque no están satisfechos con la negociación sostenida durante la reunión en Lima (capital).
Tanto Salas como Aduviri coincidieron en señalar que los manifestantes regresarán a Puno para continuar con sus protestas. Aunque la ciudad se mantiene en calma y las actividades económicas se desarrollan con normalidad, las carreteras de Puno-Desaguadero e Ilo-Desaguadero continuarán bloqueadas.
Los manifestantes pidieron que las negociaciones se desarrollen en Puno y amenazaron con tomar el aeropuerto de Juliaca, este lunes, como parte de la protesta.
Precisamente, el representante Quechua consideró que el Ejecutivo busca "intencionalmente agudizar el conflicto" con la idea de que sea necesario suspender las elecciones en esta región, donde el candidato nacionalista Ollanta Humala cuenta con grandes respaldos.
"Nosotros no queremos que se suspendan las elecciones, pero el gobierno lo está buscando. Nosotros estamos animados a dialogar y a resolver este conflicto", aseguró Salas.
La primera ministra del país suramericano, Rosario Fernández, anunció el sábado que se había alcanzado un acuerdo con las autoridades de Puno, que incluye la suspensión por un año de nuevas concesiones mineras y la consulta previa a las comunidades sobre la operación de la minera Santa Ana en esta región.
Aunque Ferández instó a los líderes de la protesta a reabrir el paso en el puente Desaguadero, principal vía de comunicación entre Perú y Bolivia, las comunidades en Puno decidieron que los acuerdos alcanzados eran insuficientes.
El Frente de Defensa de los Recursos Naturales de la Zona Sur de Perú exige al Gobierno de Alan García, que concluye su gestión el próximo 28 de julio, que prohíba las concesiones mineras en la región de Puno, ubicada a más de mil kilómetros al sur de Lima, y que paralice el proyecto de la minera Santa Ana, que ya cuenta con una autorización de explotación.
Los manifestantes aseguran que la explotación minera produce contaminación en el lago Titicaca y el río Desaguadero, entre otros afluentes.
teleSUR- Efe - El Comercio/ao-PR
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Los manifestantes peruanos, que desde hace 21 días mantienen en la región sureña de Puno una huelga indefinida contra la minería, anunciaron este domingo que continuarán con las protestas al considerar insuficientes los acuerdos alcanzados este sábado con el gobierno de Alan García. Este país celebrará en siete días elecciones presidenciales.
El presidente del Frente de Defensa de los Recursos Naturales de Puno, organización que reúne a los pobladores de la etnia Aimara, Walter Aduviri, sostuvo que no caerán en lo que calificó como “una mecida del Gobierno Central” y que no levantarán su medida de fuerza hasta que se promulguen dos decretos supremos que establezcan “la cancelación definitiva de todas las concesiones mineras y petroleras en la zona”.
“No hay marcha atrás, seguimos en esta huelga y le he pedido al gobierno que no sea terco. Hay un compromiso con un grupo económico (…). Estamos en un Estado de derecho, somos conscientes de ello, pero esto no significa la imposición de las normas de Lima a los estados aimara”, sostuvo.
Entretanto, el dirigente de la Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería (Conami), Pablo Salas, aseguró que continuarán la protesta porque no están satisfechos con la negociación sostenida durante la reunión en Lima (capital).
Tanto Salas como Aduviri coincidieron en señalar que los manifestantes regresarán a Puno para continuar con sus protestas. Aunque la ciudad se mantiene en calma y las actividades económicas se desarrollan con normalidad, las carreteras de Puno-Desaguadero e Ilo-Desaguadero continuarán bloqueadas.
Los manifestantes pidieron que las negociaciones se desarrollen en Puno y amenazaron con tomar el aeropuerto de Juliaca, este lunes, como parte de la protesta.
Precisamente, el representante Quechua consideró que el Ejecutivo busca "intencionalmente agudizar el conflicto" con la idea de que sea necesario suspender las elecciones en esta región, donde el candidato nacionalista Ollanta Humala cuenta con grandes respaldos.
"Nosotros no queremos que se suspendan las elecciones, pero el gobierno lo está buscando. Nosotros estamos animados a dialogar y a resolver este conflicto", aseguró Salas.
La primera ministra del país suramericano, Rosario Fernández, anunció el sábado que se había alcanzado un acuerdo con las autoridades de Puno, que incluye la suspensión por un año de nuevas concesiones mineras y la consulta previa a las comunidades sobre la operación de la minera Santa Ana en esta región.
Aunque Ferández instó a los líderes de la protesta a reabrir el paso en el puente Desaguadero, principal vía de comunicación entre Perú y Bolivia, las comunidades en Puno decidieron que los acuerdos alcanzados eran insuficientes.
El Frente de Defensa de los Recursos Naturales de la Zona Sur de Perú exige al Gobierno de Alan García, que concluye su gestión el próximo 28 de julio, que prohíba las concesiones mineras en la región de Puno, ubicada a más de mil kilómetros al sur de Lima, y que paralice el proyecto de la minera Santa Ana, que ya cuenta con una autorización de explotación.
Los manifestantes aseguran que la explotación minera produce contaminación en el lago Titicaca y el río Desaguadero, entre otros afluentes.
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