YVKE Mundial/Marly Sierra
Todos los requisitos tienen un precio y los gestores siempre obtienen una ganancia, definitivamente el envío de remesas familiares se convierte en una "forma legal" de obtener divisas de "manera ilegal"
Todo debería comenzar cuando una persona que vive en nuestro país decide ayudar a sus familiares, quienes por diversas razones se encuentran en el exterior, a través del envío de una ayuda económica que haga aumentar los ingresos de ese hogar.
Los envíos de remesas son fondos que los emigrantes envían a su país de origen, normalmente a sus familiares.
Ese sería el deber ser del asunto, pero al enfocar con lupa la situación de miles de extranjeros, que viven en nuestro país, surgen otras intenciones de las remesas, ya que es un secreto a voces que, muchas personas utilizan estos cupos en dólares, para beneficio personal.
Anteriormente, la fuga de divisas se evidenciaba en el acto ilícito de “raspar la tarjeta de crédito”, que consistía en darle el documento plástico a terceros, para que éstos usaran los 5 mil dólares establecidos en el cupo viajero y, por esto, los propietarios de las tarjetas obtenían un capital ofrecido.
CADIVI como ente regulador, con el fin de frenar los actos ilícitos, hizo una serie de reformas a la providencia de adquisición de los cupos viajeros.
Al mismo tiempo, el ente regulador puso en marcha a partir del 1 de junio del 2009, la entrada en vigencia la Providencia Nº 096, la cual establece los requisitos y el trámite para la Autorización de Adquisición de Divisas (AAD), destinadas a operaciones de remesas a familiares residenciados en el extranjero, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.189, del 29 de mayo de 2009.
Estas providencias establecen que el usuario podrá remesar mensualmente hasta la cantidad de $ 900 dólares de los Estados Unidos de América, distribuidos entre sus familiares hasta por un monto máximo de US $ 300 por cada uno de ellos. Los beneficiarios contemplados en la normativa son: abuelos, abuelas, padres, madres, hijos, hijas, nietos, nietas, cónyuges del usuario, que se encuentren legalmente residenciados en el exterior y, en su condición de receptor de las divisas.
Esta providencia garantiza a venezolanos y extranjeros, legalmente residenciados en el país, principalmente los trabajadores migrantes, la posibilidad de solicitar divisas para enviarlas a sus familiares, residenciados en el extranjero, dando cumplimiento a los convenios internacionales sobre la materia, suscritos por nuestro país.
¿Cómo funciona?
El problema es cuando estas remesas no son realmente utilizadas para el fin que fueron creadas, ya que por cada familiar son autorizados US $ 300 y cada remesario puede enviarle hasta a tres personas, serían US $ 900, si sacamos cuentas, las personas depositarían en bolívares 1.290 a un familiar y Bs. 3.870 a tres. Sin embargo, en las casas de cambio los usuarios envían un promedio Bs.1.450 por cupo de remesa y Bs. 4.350 por tres, donde aproximadamente Bs. 160 por cada cupo, son utilizados por las casa de cambios para gastos operativos.
Este dinero al ser depositado en el exterior, y tomamos como ejemplo Colombia, por ser el país al que más se remiten divisas, es canjeado al precio del dólar con respecto a la moneda nacional, en pesos 1 dólar equivale a 1.858 pesos colombianos, esto quiere decir que al ser depositados los US $ 300 serían 557.400 pesos, que cambiándolos a bolívares serían más de Bs. 2.500, evidenciando una ganancia solamente cambiaría de más de Bs.1.000.
Por eso, no es coincidencia que al pasar por las adyacencias de alguna casa de cambio se evidencien largas colas, que suponen gran movilidad de recibo y envió de materiales entre usuarios, pero detrás de esto se esconde una nueva manera de lucrarse legalmente, debido a que se gestionan uno o varias parejas en el extranjero, se inventan un hijo o hija con registros civiles falsos o hacen el envío a familiares colombianos, quienes también viven en nuestro país, por mencionar algunos casos sabidos, pero escondidos por muchos.
Un negocio redondo
El negocio redondo comienza desde que los remesarios van a las casas de cambio, que son empresas que se encargan de procesar desde la solicitud del envío de remesas ante el ente regulador, que es la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi), hasta la remisión de la misma en el país destino.
La cadena de gestores inicia con algunos de los requisitos establecidos en el Acta de Consignación de Documentos FORMACADIVI 351-03, comenzando con la planilla original "Solicitud de Registro y Autorización de Adquisición de Divisas para Remesas a Familiares Residentes en el Exterior" (Rusad-033), por la cual cobran Bsf. 60.
Luego continúa la carta de residencia, documento que se obtiene en la prefectura de cada parroquia o en el registro civil, hay dos modalidades para el trámite, en algunos casos el solicitante debe llevar dos testigos con su respectiva fotocopia de cédula cada uno, así como una fotocopia de algún recibo de servicio (agua, luz, teléfono), en caso de no ser el titular del recibo deberá llevar una constancia firmada por éste con la fotocopia de cédula. Otra forma es que además de llevar sus dos testigos, con sus respectivas fotocopias de cédulas, presente una carta emitida del consejo comunal, que hacen constar que la persona reside en la zona.
Algunas personas confirmaron, aunque no pudo constatarse, que hasta la carta de residencia es elaborada por los gestores en algunos cyber’s, donde falsifican sellos, firmas e incluso testigos.
Con respecto a la certificación de ingresos, que es un documento que muestra en un período de tiempo determinado (es decir, en un rango de fechas), la cantidad de ingresos que recibió el solicitante y que generalmente, se muestra en valores mensuales promedio, se consiguen en sitios señalados por los usuarios en dos tarifas: Bs. 80 visados y Bs. 60 sin visar, es decir, certificado o no, por un contador público colegiado o por el colegio de contadores público.
En relación a otro requisito establecido por el ente regulador, la carta de residencia del familiar receptor de la remesa, así como también la cédula de ciudadanía, en el caso de Colombia, ambos deben estar apostillados, es decir, legalizados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del país de origen del documento, a efectos de verificar su autenticidad en el ámbito internacional. Según los usuarios de las remesas, cada documento apostillado se puede conseguir en Bs. 250.
A través de este trabajo de investigación podemos constatar que a pesar que muchos usuarios extranjeros en nuestro país, en especial colombianos, se ven beneficiados por el envío de remesas, a través de las casas de cambio, también es cierto que otras personas han aprovechado para lucrarse haciendo de estos envíos su única actividad productiva, basta ver si Cadivi como ente regulador, pondrá fin a esta fuga de divisas, tal y como lo hizo hace algunos años con los cupos viajeros o en cambio, será más estricto en la verificación de documentos presentados por los remesarios, porque para muchos estas regulaciones del Estado venezolano son un negocio redondo.
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