Caracas, 22 Ene. AVN .- El Movimiento de Pobladores efectúa mesas de trabajo con miras a plantear un proyecto de reforma a la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, que esperan llevar a la Asamblea Nacional (AN) al cierre del primer trimestre de 2011, indicó Rígel Sérgent, vocero de la Red Metropolitana de Inquilinos.
Precisó que definirán un cronograma para la discusión de la normativa en las parroquias.
Uno de los planteamientos que discuten, comentó, es la posibilidad de que los inquilinos puedan comprar la vivienda y se les reconozcan los años y el monto cancelado como arrendatarios.
También prevén que se distinga a los pequeños propietarios, es decir, aquellas personas que sólo tienen uno o dos apartamentos en alquiler, de aquellos que tienen numerosas unidades habitacionales destinadas a este fin.
Incluir a quienes habitan en pensiones y el arrendamiento en los barrios también forma parte de la discusión.
Por su parte, Andrés Antillano, del Movimiento de Pobladores, comentó que la actual ley desfavorece al inquilino y al pequeño propietario.
“Un proceso de desalojo por tribunales es sumamente engorroso, injusto, violento, costoso, termina agrediendo al pequeño propietario y a los inquilinos. Beneficia a las empresas inmobiliarias, las administradoras, dueños de cientos de edificios, adquiridos muchas veces en forma dudosa”, apuntó.
Estimó que se exige una reforma del instrumento legal que humanice y haga más justa y equitativa la relación entre los inquilinos y los propietarios.
La actual Ley de Arrendamientos Inmobiliarios fue dictada en octubre de 1999, antes de la llegada a la Presidencia de Chávez.
Rige el arrendamiento y subarrendamiento de los inmuebles urbanos y suburbanos destinados a vivienda y al funcionamiento o desarrollo de actividades comerciales, industriales, profesionales y de enseñanza, entre otras.
Más normativas
Explicó Sérgent que también impulsan la discusión de otras leyes que el Ejecutivo Nacional dictará en el marco de la Habilitante que facultó al presidente Hugo Chávez para legislar por 18 meses, a fin de atender la emergencia ocasionada en el país por las lluvias de finales de 2010.
Una reforma a la Ley Especial para la Regularización y Ordenamiento Integral de Asentamientos Urbanos Populares, la norma que regule el mercado secundario de viviendas y otra para créditos colectivos destinados a desarrollos habitacionales están incluidos en el debate.
Entre los aspectos que han discutido, mencionó la posibilidad de incluir impuestos a espacios ociosos o inutilizados, de manera de garantizar el uso social del suelo.
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