Por: Waldo Mendiluza
Prensa Latina
La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó esta semana un grupo de leyes encaminadas a garantizar la soberanía nacional y la participación popular en las transformaciones estructurales en marcha.
En sesiones extraordinarias, los diputados del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) hicieron valer su amplia mayoría en el hemiciclo para sancionar normas a tono con la profundización del proceso de cambios iniciado en 1999.
Prolongados e intensos debates caracterizaron la segunda y definitiva discusión de siete iniciativas, que sacaron a relucir una vez más las diferencias entre socialistas y opositores.
Las posiciones encontradas trascendieron el marco parlamentario, siendo los medios de comunicación y las calles testigos de dos visiones de país bien distanciadas.
Por su impacto y alcance, atrajeron mayor atención las leyes de Defensa de la Soberanía Política, Universidades, Partidos Políticos y Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos (conocida aquí por Resorte).
Otras normas sancionadas durante la semana fueron las de Contraloría, Telecomunicaciones y Reglamento de Interior y Debate.
La ley de Defensa de la Soberanía Política tiene entre sus prioridades la protección contra el financiamiento extranjero para fines desestabilizadores y el combate a la circulación de dinero procedente del narcotráfico y la legitimación de capitales.
Durante los debates salió a relucir la impunidad con la que entidades estadounidenses como la NED y la Usaid entregan millones de dólares para la subversión interna.
Por su parte, la Ley de Universidades estableció el acceso sin exclusiones a la educación superior, el manejo transparente de los presupuestos y la implementación de programas docentes en sintonía con los procesos de cambio que vive el país.
Profesores y estudiantes salieron a las calles para manifestarse a favor y contra la iniciativa, considerada por los opositores un ataque a la autonomía universitaria y la pluralidad de ideas.
No menos polémicas resultaron las reformas a las leyes de Partidos Políticos y Resorte.
La primera promueve la fidelidad de los diputados a sus electores, criticando o sancionando a quienes una vez en el hemiciclo traicionan a los votantes con el cambio de partido o postura política.
Para los socialistas se trata de reivindicar la ética y el respeto al pueblo, mientras los opositores la consideran una camisa de fuerza contraria a la libertad de expresión.
En el caso de Resorte, busca evitar la influencia dañina de los medios de comunicación que divulgan contenidos contrarios a la moral y las buenas costumbres.
Además esa ley impulsa una mayor presencia de programas nacionales en los medios.
Sectores populares respaldaron la norma por su elevado enfoque social y educativo, pero la oposición la calificó de mecanismo de control de Internet.
Con respecto a las de Contraloría, Telecomunicaciones y Reglamento de Interior y Debate, todas recogen una mayor participación ciudadana en sus ámbitos de incidencia.
Las siete leyes complementan instrumentos jurídicos aprobados días antes, entre ellos un paquete de iniciativas para fortalecer el Poder Popular y el sistema financiero.
La Asamblea Nacional concluyó sus sesiones ordinarias el 15 de diciembre, y desde entonces trabaja de manera extraordinaria para dotar al país de una plataforma legislativa a tono con el proceso de construcción del socialismo.
El próximo 5 de enero se instalará el nuevo Parlamento, en el cual el PSUV mantendrá su dominio (98 de 165 diputados).
Fuente: http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=249902&Itemid=1
rCR
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