Caracas, 02 Nov. AVN .- La medida de expropiación que este domingo anunció el presidente de la República, Hugo Chávez, sobre seis conjuntos residenciales, recae sobre inmobiliarias privadas que estafaron de manera continuada a familias venezolanas, a las cuales les exigieron elevadas sumas de dinero con la promesa de entregarles una vivienda que jamás concretaron.
Así lo resaltó este martes el ministro del Poder Popular para la Vivienda y Hábitat, Ricardo Molina, quien añadió: “Los compradores son los beneficiarios, que ven luz al final del túnel y sienten la seguridad, gracias a la intervención del Estado, de que por fin obtendrán su vivienda”.
“Los compradores tienen un derecho adquirido, porque tienen en su mano un documento que no respetaron las empresas privadas. El Gobierno los hará respetar”, expresó Molina en el programa Despertó Venezuela, que transmite Venezolana de Televisión (VTV).
Indicó que este lunes comenzaron las evaluaciones de cada uno de los urbanismos sobre los cuales pesan las medidas.
El jefe de Estado anunció el domingo seis expropiaciones, ocho ocupaciones temporales y 19 medidas sobre proyectos que, de acuerdo con Molina, están bajo observación, “porque lo que se les pide es demostrar que son empresas serias y cumplirán con el compromiso que adquirieron con las personas compradoras”.
Indicó que el Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (Indepabis) tiene varios meses levantando información de los adquirientes, los inmuebles y montos cancelados.
Señaló que en esas mesas de trabajo entre instituciones y familias víctimas de la estafa se generaron espacios de discusión y se exigió a las promotoras inmobiliarias que cumplieran con su deber, pero éstas no dieron respuestas. Por ello, el Estado tuvo que intervenir para asegurar el respeto a los derechos de los propietarios.
Reiteró que los apartamentos se entregarán a los adquirientes al precio que pactaron inicialmente, y que el Estado asumirá la culminación de las obras. “Hay un compromiso que estamos obligados a mantener”, agregó.
Acotó que, producto de los análisis que realicen sobre los desarrollos, seguramente mejorarán los proyectos.
En el caso de las ocupaciones temporales, explicó el ministro que esta medida obedece a que detectaron que en muchos edificios, aunque ya están culminados, los apartamentos no habían sido entregados a sus compradores.
“Estamos poniendo seriedad en el tema, de manera que quienes tengan el negocio inmobiliario como oficio lo hagan seria y honestamente”, resaltó.
Garantía de la propiedad privada
Molina puntualizó que el Estado tomó estas acciones “para garantizar la propiedad privada de las familias venezolanas, en este caso, de clase media”.
Recordó que estas construcciones son financiadas en parte por créditos de la banca, que cuentan con tasas de interés preferenciales ordenadas por el Gobierno. Pese a ello, las inmobiliarias “extorsionan a la gente, cobran cuotas indebidas, tienen precios finales exorbitantes, irrespetando la búsqueda de la propiedad privada por la que trabaja la familia venezolana”.
“El Estado defiende la propiedad privada, queremos el fortalecimiento de las familias y la burguesía trata de desmembrarlas, de exprimirlas lo más que pueda”, apuntó.
El ministro también rechazó las declaraciones de sectores de oposición según las cuales el Ejecutivo destinará menos recursos vía presupuesto al tema de las viviendas en 2011.
“Es una manipulación burda. El presupuesto considera principalmente los costos operativos para que las instituciones funcionen. Lo que tiene que ver con la inversión en viviendas viene por otras vías: excedentes petroleros, que antes se robaban y llevaban al extranjero; de la Cantv (Compañía Anónima Nacional de Teléfonos de Venezuela)”, agregó.
Sostuvo que su despacho trabaja en diversos proyectos urbanísticos, en conjunto con el sector privado serio y las comunidades organizadas. “Entre todos podemos poner en práctica un plan nacional que tienda a resolver el problema de la vivienda”, dijo.
El presidente Chávez asumió como problema de Estado el déficit de viviendas que existe en el país. Recientemente, en su gira internacional por Rusia, Bielorrusia, Ucrania, Irán, Siria, Libia y Portugal, suscribió acuerdos para construir más de 37.000 viviendas en el país.
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