Por: Waldo Mendiluza
Caracas, 4 oct (PL) Las elecciones legislativas del 26 de septiembre en Venezuela generan desde ya un debate sobre las leyes que socialistas y opositores impulsarán en la Asamblea Nacional para el periodo 2011-2016.
Ambos sectores adelantan proyectos en sintonía con sus visiones de país, por demás bien diferentes.
Factores a tener en cuenta hay muchos, como la correlación de fuerzas que tendrá el Hemiciclo a partir del próximo 5 de enero, los tipos de leyes establecidas por la Constitución de 1999 y las mayorías requeridas para sancionarlas.
En las parlamentarias, los seguidores del presidente Hugo Chávez alcanzaron 98 diputados y sus rivales políticos 65, quedando dos curules en manos del Partido Patria para Todos, agrupación distanciada del Gobierno.
Avalados por su dominio, los ganadores en las urnas ratifican la prioridad de acelerar la construcción del socialismo, lo cual implica promover iniciativas garantes del poder popular y de la implantación de un nuevo modelo económico.
Se trata -precisan- de otorgar competencias y recursos a los ciudadanos y de desmontar el aparato de producción capitalista, al que atribuyen la creación de grandes asimetrías sociales.
Leyes sobre las comunas, la contraloría social, la economía comunal, el trabajo, la tenencia de tierras en asentamientos urbanos y la vivienda sobresalen en la agenda.
Por su parte, los opositores prometen normas, cuyo carácter implica sobre todo críticas a la gestión del Ejecutivo.
En esa dirección, algunos de sus diputados electos mencionan una llamada ley candado, encaminada a controlar lo que consideran gastos innecesarios del Gobierno.
También promueven mecanismos para la descentralización, bajo el argumento de un supuesto freno gubernamental a la entrega de recursos y la autonomía regionales.
Mucho más polémica es la iniciativa destinada a la amnistía de presos políticos (personas en realidad encerradas por delitos comunes) y exiliados, en la mayoría de los casos prófugos de la justicia por hechos de corrupción e incluso terrorismo, amparados por países como Estados Unidos y Perú.
La posibilidad de imponer uno u otro criterio dependerá ante todo de la composición de la Asamblea, lo que dejará a los opositores mal parados, porque ni siquiera contarán con la mayoría simple (83 votos).
Sin embargo, tampoco los socialistas tendrán los dos tercios exigidos (110) para aprobar determinados tratados internacionales y leyes orgánicas, normas dictadas para organizar los poderes públicos, desarrollar derechos constitucionales o servir de marco a otras leyes.
Tampoco podrán disfrutar de los tres quintos (99) demandados para impulsar las habilitantes, encargadas de dotar al presidente de capacidad de adoptar decisiones con rango y valor de ley.
El escenario previsible
Para los opositores, el escenario previsible en el Hemiciclo no parece distar del descrito, o sea, su clara minoría no le permitirá probablemente mucho más que dilatar, molestar o en el mejor de los casos negociar.
Sin embargo, los socialistas disponen de posibilidades de maniobra, en aras de neutralizar o minimizar la falta de los dos tercios o los tres quintos para la mayoría calificada, una vez instalada la nueva Asamblea.
En ese sentido, queda un trimestre al actual periodo legislativo, suficiente tiempo para sancionar casi todo lo que necesitan.
Además, para las leyes orgánicas indicadas por la Constitución bastará la mayoría simple.
Respecto a la proyección internacional, sólo casos muy puntuales pudieran entorpecer las políticas del Gobierno, orientadas hacia la integración regional.
Motivado por ese panorama, Chávez aseguró que la construcción del socialismo no encontrará grandes obstáculos en la minoría de 63 diputados o 65, si Patria para Todos toma en definitiva partido al lado de la derecha.
No debemos tener grandes problemas, las leyes que saldrán de la nueva Asamblea serán leyes revolucionarias, apuntó. Conscientes de su situación, los opositores reclaman la instalación inmediata del Legislativo recién electo y amenazan con revertir las normas que los socialistas saquen en los tres meses restantes de 2010.
Ambos reclamos carecen de sustento. El primero porque la Carta Magna es clara en lo referente al inicio de sesiones del Parlamento (5 de enero de 2011), y el segundo porque no tendrán en el Hemiciclo quórum para anular las leyes vigentes.
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