Por: Ángel Guerra Cabrera
La Jornada
El lunes 28 de junio se cumplió un año del golpe de Estado en Honduras. Contrariamente a las intenciones de sus promotores, el primer gran acontecimiento político de la era Obama hacia América Latina –que en eso ha devenido– creó una situación de efervescencia y radicalización política y social de las masas en el país centroamericano, sin precedente por su magnitud y profundidad.
O tal vez sería más acertado decir que en eso desembocó gracias a la fecunda estrategia y táctica construidas por el Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP). Ello permitió crear una gran acumulación política y cultural de energía trasformadora a partir de las singulares condiciones de indignación y rebeldía social provocadas por el brutal derrocamiento del presidente constitucional Manuel Zelaya, que había conseguido ya, pese a su origen oligárquico, ser querido y apreciado por el pueblo en virtud de una sensibilidad y obra sociales que lo diferenciaban ostensiblemente de los gobernantes anteriores. Un amplio y consciente sector del pueblo y la juventud rechaza el actual orden oligárquico y dependiente del imperialismo, del cual Porfirio Lobo no es más que un empleado, como lo demuestra un año de combativa resistencia.
Así que este gobierno ha continuado los rasgos principales del de Micheletti: el desmantelamiento de las conquistas sociales y laborales, el sucesivo empobrecimiento de la gran mayoría de los hondureños, el uso del ejército y la policía para reprimir protestas populares y desplazar a campesinos de sus tierras, el cierre de radios alternativas y comunitarias y otras muchas violaciones a los derechos humanos denunciadas por organismos nacionales e internacionales. Según la cuenta de estas organizaciones, bajo Lobo se han registrado alrededor de 760 casos de agresiones por razones políticas, entre ellas asesinatos de opositores, sindicalistas y nueve periodistas. El actual gobierno tampoco ha hecho nada por investigar, mucho menos por reparar a las víctimas, de las miles de violaciones a los derechos humanos, incluyendo decenas de asesinatos de miembros de la resistencia perpetrados a partir del golpe. Lejos de ello, ha reciclado a conspicuos militares golpistas en importantes cargos de la administración pública. Esto no debiera sorprender a nadie puesto que Lobo fue impuesto en la silla presidencial mediante un amañado y fraudulento proceso electoral organizado y dirigido por los propios autores del golpe de Estado, al que no concurrió el 60 por ciento de los electores, que acataron el llamado al abstencionismo del FNRP.
Mientras tanto, Estados Unidos hace una desaforada campaña por el reconocimiento de Lobo frente a la oposición de todos los gobiernos integrantes de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América y la mayoría de los de América del Sur, incluidos Brasil y Argentina. Así, hace un mes la secretaria de Estado Hillary Clinton instaba a los miembros de la OEA, sin éxito, a dar la bienvenida al retorno de Honduras dentro de la comunidad interamericana. Y el colmo, a un año exacto del golpe Obama recibía en ceremonia oficial en la Casa Blanca las credenciales del embajador de Tegucigalpa con estas palabras: “Admiro el compromiso del presidente Lobo de promover la reconciliación nacional, la prosperidad y seguridad de todos los hondureños y todo lo que ha hecho hasta el momento demuestra que va encaminado al cumplimiento de esos objetivos. Estados Unidos apoya... la pronta reintegración plena de Honduras a la comunidad internacional y haremos lo que sea necesario… para que esto se logre”.
Si creemos en sus declaraciones de apoyo a Zelaya como único presidente que reconozco en las semanas posteriores al golpe podríamos suponer que Obama no tuvo que ver con su gestación pero de lo que no cabe duda es que lo hizo suyo, todo suyo, a partir de la artera mediación de Arias instrumentada por la señora Clinton y en consecuencia ha actuado. Lo mínimo que debe exigirse al actual gobierno hondureño como base para considerar su reconocimiento internacional es el regreso incondicional del presidente Manuel Zelaya y los más de 200 exiliados políticos, una de las principales demandas del FNRP.
El regreso de Zelaya sería una gran victoria política. Pero el FPRP ha dejado claro que con o sin su valiosa presencia mantendrá incólume su exigencia de la convocatoria a una Asamblea Constituyente con el objetivo de refundar el país. Ni más ni menos.
Fuente: http://www.jornada.unam.mx/2010/07/01/index.php?section=opinion&article=034a1mun
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