TeleSUR
A través de un comunicado, el Departamento de Administración de Seguridad (DAS) de Colombia negó cualquier acción ilegal en contra de altos funcionarios del Gobierno ecuatoriano.
La negativa se dio después que se publicara en un diario que el DAS había chuzado a autoridades del Ecuador.
El ministro de Seguridad Interna y Externa de Ecuador, Miguel Carvajal, anunció que su país pedirá de manera oficial a Colombia información sobre la presunta intercepción ilegal de conversaciones telefónicas del presidente ecuatoriano, Rafael Correa, por parte del colombiano Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).
Carvajal, en declaraciones a la prensa, indicó que la Cancillería ecuatoriana pedirá nuevamente a Colombia información sobre el llamado Proyecto Salomón del DAS, con el cual, según una publicación del diario El Universo, se interceptó en el 2008 los teléfonos del presidente Correa y de otros altos funcionarios de Ecuador.
"Debido a que esta denuncia, indudablemente muy grave (...) Cancillería va a insistir en el pedido realizado anteriormente, de que Colombia, por las vías oficiales entregue información sobre el proyecto Salomón y sus alcances" sostuvo Carvajal.
De acuerdo con el diario El Universo, el DAS logró que efectivos de la Policía Nacional ecuatoriana les entregará listados de direcciones de correo electrónicos y números telefónicos de funcionarios del Gobierno ecuatoriano, incluyendo al presidente Correa.
"Nosotros vamos a actuar con la prudencia debida, recabando mayor información. a través de los canales regulares, oficiales, nuestra Cancillería, pero también a través de nuestros organismos de inteligencia que ya venían trabajando respecto al Proyecto Salomón desde hace varios meses. Le pediremos a la Fiscalia General de la nación que intervenga, puesto que según la publicación de El Universo se mencionan también a miembros de la Policía Nacional", añadió el ministro ecuatoriano.
Sin embargo, el DAS negó que haya interceptado ilegalmente la privacidad del presidente ecuatoriano.
"De ninguna manera y bajo ningún medio el DAS ha intervenido en la privacidad del Presidente de la República del Ecuador, Rafael Correa, o de ciudadano ecuatoriano alguno", indicó la agencia de inteligencia colombiana a través de un comunicado.
El texto indicó que existen personas que intentan confundir a la opinión pública "con informaciones tergiversadas", con el objetivo de "enturbiar el camino de mejoramiento de las relaciones entre los dos países".
Entretanto, el Fiscal General de Ecuador, Washington Pesántez, dispuso que "el Departamento de Cooperación Internacional y el de Indagaciones Previas actúen de oficio en este grave suceso relatado por el diario" así como que "un fiscal viaje a Colombia para que investigue e informe" sobre el asunto.
Del mismo modo, Pesántez consideró que las escuchas telefónicas ilegales atentan contra la soberanía y la seguridad interna de Ecuador.
Antecedentes
En mayo pasado, Carvajal manifestó que Ecuador investigaría el presunto espionaje ilegal del DAS contra la embajada ecuatoriana en Bogotá, según lo reveló un ex agente del mencionado servicio de inteligencia.
"Ecuador necesita tener una explicación", resaltó el ministro ecuatoriano, tras reclamar que hasta el momento su país no ha obtenido "una explicación plausible de este aspecto".
Carvajal apuntó que el supuesto espionaje "evidencia nuevamente hasta dónde puede llevar una política de uso extraterritorial, no sólo de la fuerza sino también de las medidas de seguridad, acciones preventivas que no respetan soberanía de otros países".
Advirtió que esas "operaciones de contrainteligencia" formarían parte de la "feroz campaña mediática" de Colombia para "involucrar a Ecuador con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)".
El ministro ecuatoriano reiteró su preocupación por el posible conocimiento, de las chuzadas, por parte del presidente colombiano, Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos, presidente electo de ese país y anterior ministro de Defensa de Colombia.
Uribe aseguró el pasado mes de abril, que "si el Gobierno ordenara el espionaje ilegal tendría que ir a la cárcel, empezando por el Presidente de la República".
El escándalo de las chuzadas o intercepciones ilegales telefónicas se reactivó recientemente, luego de que la Fiscalía General de la República de Colombia ordenara la captura de cinco antiguos funcionarios de la cuestionada central de inteligencia del Estado.
Para entonces, indicó que las declaraciones de las intercepciones eran para desprestigiar a su Gobierno y la campaña electoral. Del mismo modo, negó su responsabilidad en las chuzadas.
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