ABN.- La agenda política opositora de cara a las elecciones parlamentarias de septiembre próximo está dirigida a la derogación de las leyes socialistas aprobadas por la Asamblea Nacional (AN), reafirmaron voceros de la “mesa de la unidad democrática” opositora.
Pedro Benítez, miembro de la comisión de propuestas de la pacto partidista, aseguró que las prioridades opositoras serían derogar o modificar la Ley de Consejo Federal de Gobierno, la Ley de Responsabilidad en Radio y Televisión, de acuerdo a información divulgada este martes por el rotativo opositor Tal Cual.
El representante de la “mesa unitaria” agregó que también proponen una “ley de amnistía” que permitiría librar de sus responsabilidades penales a ciudadanos como los ex comisarios Henry Vivas, Lázaro Forero, Iván Simonovis, José Sánchez alias “Mazuco” o al ex candidato presidencial opositor Manuel Rosales, asilado en Perú.
Lo dicho por Benítez se suma a los anuncios hechos con anterioridad por voceros opositores como Julio Borges (Primero Justicia) y Omar Barboza (Un Nuevo Tiempo), que resumen el contenido del documento llamado '100 ideas para Venezuela', presentado a finales de abril pasado por el pacto opositor.
Barboza dio a conocer este lunes en su columna en el diario Últimas Noticias que entre los objetivos que se plantean los partidos opositores se encuentran reforzar las competencias de los estados y municipios en el manejo de los recursos a través de la modificación de la Ley del Consejo Federal de Gobierno y la sanción de una “Ley de Hacienda Pública Estadal”.
En ese marco, la participación popular en los gobiernos locales sería también reglamentada, tal como se anuncia en el documento “100 ideas para Venezuela”, en el cual se afirma que los Consejos Comunales son inconstitucionales.
“Adecuar los consejos comunales y otras formas de participación comunitaria a la Constitución, dotándolos de autonomía y conectándolos con los niveles locales y estadales de gobierno”, se afirma en el punto número 52 del referido texto.
Asimismo, los planes legislativos opositores prevén la modificación del marco legal que regula las finanzas del Estado, como la Ley del Banco Central de Venezuela, aunque se apela a acusaciones políticas y no a argumentos técnicos para ello, pues aseguran que los recursos son administrados de acuerdo a las “conveniencias políticas del Ejecutivo”, de manera “discrecional, sin control y clandestina”.
También se recalca su interés en promocionar la propiedad privada, garantizada constitucionalmente, como única en el sistema económico venezolano, desconociendo múltiples formas de propiedad reconocidas por el Estado, que prevé entre otras la social y la comunal.
La AN en su gestión actual ha aprobado un total de 418 leyes, de las cuales 144 son leyes de fondo y 264 legislaciones aprobatorias.
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