ABN.- “Se suspenden de sus cargos a los diputados principales y suplentes de la Asamblea Nacional (...) Se destituyen de sus cargos al Presidente y demás magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, así como al Fiscal General de la República, al Contralor General de la República, al Defensor del Pueblo y a los miembros del Consejo Nacional Electoral”.
Este era parte del decreto de la fugaz dictadura de Pedro Carmona Estanga, que el Procurador General impuesto, Daniel Romero, leyó la mañana del 12 de abril de 2002 en el Palacio de Miraflores ante representantes de la iglesia católica, partidos políticos, militares, empresarios y medios de comunicación, luego que el presidente de Fedecámaras, con su mano derecha al aire, y en la izquierda su discurso, se autoproclamara Presidente de la República de Venezuela.
Esto ocurrió un día después que en la avenida Baralt asesinaran a 19 personas e hirieran a más de 80 por armas de fuego, luego de que militares retirados y representantes de partidos opositores al gobierno de Hugo Chávez desviaran una marcha opositora que se concentraría frente a una de las sedes de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), ubicada en Chuao (este de la ciudad), hacia al Palacio de Miraflores (centro).
Iván Simonovis, Henry Vivas y Lázaro Forero, para ese entonces eran secretario de Seguridad Ciudadana de la Alcaldía Mayor, director de la Policía Metropolitana y subdirector de esta institución, respectivamente, fueron acusados y sentenciados a 30 años de prisión por los delitos de homicidio calificado y frustrado, los tres en grado de complicidad correspectiva contra los ciudadanos Erasmo Sánchez y Rudy Alfonso Duque, así como por las lesiones sufridas por otras 29 personas, incluidas las de Víctor Dávila, Luis Mata y Adrián Linares.
Estas personas que murieron y las otras que cayeron heridas se encontraban entre las esquinas Muñoz, La Pedrera y Piñango del centro de la ciudad, entre las 2:30 de la tarde y las 7:00 de la noche de ese 11 de abril de 2002.
Simonovis, Vivas y Forero, son candidatos de los grupos opositores al gobierno de Chávez para optar por una silla en la Asamblea Nacional. Este último ya tiene definido dónde se lanzará, y será por Vargas. Los dos primeros aún no tienen establecido su circunscripción.
Todavía queda por resolver la muerte de 17 personas que se encontraban ese 11 de abril en las adyacencias de la avenida Baralt de Caracas, así como el resto de los heridos por bala.
Fuera del aire VTV
“A esa basura, que se llama el canal ocho, la vamos a sacar fuera del aire”, amenazó el entonces gobernador Enrique Mendoza, desde los estudios de RCTV, tiempo antes de quitar la señal de Venezolana de Televisión (VTV) el 11 de abril de 2002, se gestaba el golpe de Estado contra el presidente Hugo Chávez.
La última transmisión de VTV fue en la noche de ese 11 de abril desde el Palacio de Miraflores. En ella, diputados y ministros del gobierno de Chávez se dirigieron al pueblo para explicar lo que ocurría en ese momento y, de esta manera, desmontar lo que transmitían la prensa privada y las trasnacionales de la información.
El entonces diputado Juan Barreto reveló en ese momento que la Policía Metropolitana (PM) fue la que inició los disparos contra los simpatizantes chavistas apostados en el Puente Llaguno, en las cercanías de Miraflores, y explicó que existían videos que lo comprobaban, los cuales serían transmitidos en minutos.
Acto seguido la señal quedó interrumpida, luego que fueran apagados los equipos de retransmisión ubicados en Mecedores, en el cerro el Ávila.
Esta fue parte de la participación de Mendoza en los actos que llevaron al derrocamiento por dos días del presidente Chávez. Una vez que el Presidente retomó el poder, Mendoza culminó sin inconvenientes su período como gobernador en el estado Miranda, hasta 2004.
Este militante de Copei, partido hermano del Partido Popular de España, desapareció de la palestra pública, hasta hace unas semanas que volvió decidido a obtener un curul en la Asamblea Nacional, guste o no al grupo de opositores al presidente Chávez que se pelean los circuitos para lanzarse como diputados que están seguros pueden ganar.
En la llamada 'mesa de la unidad' de la oposición Mendoza hace ruido, pues Julio Borges, de Primero Justicia, se pelea por el mismo circuito que quiere el copeiano para lanzarse a la candidatura para diputado el próximo 26 de septiembre.
Los aurinegros candidatos pa’la Asamblea
El partido de derecha primero Justicia expulsó a su militante Leopoldo Martínez, una vez restituido el presidente Chávez, para desentenderse de su aparición en la lista de ministros del gobierno de facto de Carmona Estanga. Ocuparía el de Finanzas. Sin embargo, no lo hizo con Leopoldo López, ni con Henrique Capriles Radonski por sus actuación del 12 de abril.
“Están esposando al ex ministro de Interior y Justicia, capitán de Navío Ramón Rodríguez Chacín”, es el reporte que hizo un periodista de una televisora privada venezolana durante la acción de López y Capriles Radonski, ambos alcaldes, en ese entonces, de los municipios Chacao y Baruta, respectivamente, de sacar de su casa a la fuerza a este funcionario del gobierno de Chávez, el 12 de abril de 2002.
Las imágenes que transmitió este canal de televisión desde la urbanización Santa Fe, en Baruta, mostraron a una turba eufórica por la detención de este ministro chavista por parte de las autoridades municipales.
Empujones, gritos, escupitajos y golpes contra Rodríguez Chacín fueron permitidos por López y Capriles Radonski, y las cámaras de televisión se hicieron testigo.
López también apareció la mañana del 12 de abril en el programa 24 horas, que transmitía el canal Venevisión, en donde su anfitrión, Napoleón Bravo, inició con un “buenos días, tenemos nuevo presidente”. Programa que develó el plan para derrocar al gobierno del presidente Chávez.
El ex alcalde López está inhabilitado de optar por nuevos cargos públicos hasta, por lo menos, el 2021, por hechos de corrupción durante su gestión como alcalde del Municipio Chacao, en Caracas; pero con su partido Movimiento Voluntad Popular espera colocar a sus candidatos para la Asamblea Nacional.
López, fundador de Primero Justicia, tuvo disputas internas con su partido, lo que lo llevó a pasar a las filas de otra tolda política. Estuvo en Un Nuevo Tiempo (UNT), fundado por Manuel Rosales, uno de los que firmó el decreto de Carmona en representación de los gobernadores de oposición y que ahora se encuentra prófugo de la justicia venezolana porque no ha podido comprobar la procedencia de su riqueza y propiedades, que tiene una valoración superior a su declaración jurada de bienes. Huyó a Lima, Perú.
Asedio a Cuba
Capriles Radonski se vio el 12 de abril de 2002 en la Embajada de Cuba, al este de la ciudad, saltando un muro que separa a la residencia diplomática de la calle, para luego presionar al embajador de esta nación caribeña que lo deje revisar la edificación y constatar si no se encontraban “escondidos” personeros del gobierno de Chávez, contraviniendo al derecho internacional de asilo político.
Tiempo antes de la aparición de Capriles Radonski en la Embajada, manifestantes anticastristas y antichavistas llevaban horas frente a la sede cubana en Venezuela amenazando al personal diplomático con insultos mientras destruían los vehículos que se encontraban estacionados fuera de la sede, ante la complacencia de las autoridades policiales del municipio Baruta, donde está radicada la edificación.
“Miren señores, los que están ahí adentro, Diosdado y su combo, se van a tener que comer las alfombras, se van a tener que comer las mesas y las sillas que están ahí adentro, porque no les va a entrar comida, a entrar agua, les vamos a cortar la luz después de que vean esta transmisión”, dijo Juan Cristóbal Romero , un manifestante que se encontraba frente a la sede de la Embajada, ante las cámaras de televisión.
Junto a este personaje, que se dio a conocer públicamente ese día por su advertencia, se encontraban los cubanos anticastristas Salvador Romaní y Ricardo Koesling, organizadores del asalto a la Embajada.
Romaní es un antiguo agente cubano, disidente y conspirador, férreo opositor a los gobiernos de Hugo Chávez y de Fidel Castro. Koesling es un abogado al servicio de las mafias del narcotráfico y de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) en Venezuela, conocido como “el abogado del diablo”.
Romaní y Koesling fueron imputados por los delitos de quebrantamiento de principios internacionales, privación arbitraria de la libertad, intimidación pública y daños a la propiedad. También se les relaciona con el asesinato del fiscal Danilo Anderson en 2004, quien llevaba estos casos y el de los “carmonafirmantes”.
El ex alcalde Capriles Radonski también fue imputado por estos hechos. Como autoridad de este municipio avaló el asalto y la agresión a la sede diplomática.
A sumarse para el 26-S
La rúbrica de María Corina Machado, fundadora del movimiento Súmate (2002), se encuentra entre las 700 firmas que respaldaron el decreto de Carmona Estanga, que abolió todos los poderes públicos del país.
Súmate es una organización abiertamente opositora al gobierno de Chávez financiada por Washington a través de la National Endowment for Democracy (NED), un fondo del Departamento de Estado del gobierno de los Estados Unidos (EEUU).
A través de Súmate, este grupo de personas opositoras al gobierno de Chávez en todas las elecciones, desde 2004, han pretendido desacreditar a la autoridad en esta materia, al Consejo Nacional Electoral (CNE).
Machado sostuvo una reunión en la Casa Blanca, en Washington, con el presidente de los Estados Unidos, George W. Bush, en 2005. Su foto sentada a un lado del ex mandatario, mostrando sus rodillas y sonrisa forzada, comprobaron su relación directa con este gobierno belicista abiertamente opositor al presidente Chávez.
En lo conversado por ambos, se publicó que Machado le expresó a Bush “sus preocupaciones” sobre el proceso electoral en Venezuela, y le indicó al mandatario estadounidense que ella cree que el CNE viola las leyes electorales del país y amenaza “la posibilidad de tener elecciones secretas y libres”.
El Ministerio Público acusó a Súmate de haber cometido traición a la patria y otros crímenes por haber recibido de la NED dinero para realizar la campaña del referendo revocatorio en contra del presidente Chavez en 2004.
Las leyes venezolanas prohíben el financiamiento de gobiernos extranjeros para promover campañas políticas y desestabilizadoras.
Súmate ha recibido mas de US$ 130,000 de la NED y de la Agencia Internacional para el Desarrollo de los EEUU (USAID, por sus siglas en inglés), otro fondo del Departamento de Estado. Tanto la NED como la USAID, han tenido vínculos probados con la CIA desde su formación.
Machado es precandidata “independiente” a diputada por la oposición para las próximas elecciones parlamentarias.
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