TeleSUR
Entre las medidas mencionadas por la experta resaltan la recomendación a la comunidad mexicana para que no realicen actividades como el turismo en Arizona y se eviten comprar productos que provengan de este estado.
Indicó que los latinos no son los únicos que se verán afectados por esta medida sino todos aquellos que tengan una fisionomía parecida.
La experta en migración e investigadora del Centro de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Ana María Aragonés, consideró este martes que tras la aprobación de la ley contra los indocumentados en Arizona, Estados Unidos, las autoridades mexicanas deben tomar medidas extremas desde su país que afecten la economía de esa entidad estadounidense.
"La es una situación muy pesada para la gente que vive en Arizona y además para quienes visitan este estado (...) Me parece que se deben implementar unas medidas que vayan más allá de las acciones, factores como el turismo (...) No viajar durante un largo tiempo a este lugar, dejar de consumir los productos que provienen de Arizona", éstos serían algunos puntos de presión para que se derogue esa polémica ley, recomendó la experta en entrevista concedida a teleSUR.
Aragonés afirmó que existen personas que se están viendo desde este momento afectadas por este nuevo estatuto, "el cual viola los derechos humanos, laborales, etcétera".
Aademás aseguró que no sólo los indocumentados son los que se verán perjudicados con la aprobación de reglamento, sino también toda persona que tenga una fisionomía diferente a la de los estadounidenses.
"No es sólo a los indocumentados a los que se criminaliza, sino también que se va a hostigar a todos los que tengan una fisonomía de latino", lo que convierte a esta ley en algo muy incómodo para todos los habitantes de este lugar", indicó Aragonés en su diálogo con teleSUR.
La investigadora mencionó las acciones que tomará el Gobierno mexicano con respecto al tema de los inmigrantes, como por ejemplo el envío de un "ejército de abogados" para defender los derechos de los ilegales.
Asimismo, el presidente de México, Felipe Calderón, había declarado que este nuevo estatuto "abre la puerta a la intolerancia, al odio y a la discriminación contra los inmigrantes", por lo que "no podemos quedarnos cruzados de brazos con una ley injusta que abre las puertas a una inaceptable discriminación racial"
"No escatimaremos esfuerzos para que se respete la dignidad de nuestros paisanos", expresó Calderón durante la inauguración de la XV reunión del Consejo Consultivo del Instituto de los Mexicanos en el Exterior.
Aragonés agregó que "el Gobierno mexicano tiene que enviar recursos para apoyar a los consulados pues es la manera como se puede apoyar al los trabajadores" que se encuentran en estado de ilegalidad.
Por su parte, el abogado defensor de los derechos de los inmigrantes, Arturo Vizcarra, afirmó también en exclusiva para teleSUR que el estado de Arizona es conocido, tanto nacional como internacionalmente, como una de las localidades más antiinmigrantes de Estados Unidos, lo que lo convierte en un símbolo de odio y racismo.
"Es un estado que tiene mucha conflicto entre los antiinmigrantes y los inmigrantes latinos, en el que no quieren ver que el estado es un símbolo de odio y racismo, porque muchos de los programas que ya estaban implementados son racistas", sostuvo Vizcarra.
Añadió que este nuevo reglamento, llamado 287g, "es un síntoma del problema nacional, Arizona quiere quitar los poderes al Gobierno Federal desde la derecha extrema, afirmar que lo inmigrantes son una raza de problemas, de desempleo, de crímenes, y se ve que eso no es verdad".
El abogado señaló que, pese a que esta ley no ha sido puesta en marcha, actualmente se están realizando redadas "y desde hace dos semanas se ve que están tratando de meter miedo a los inmigrantes".
"Si yo viviera en Arizona estaría muy incómodo porque ahora te pueden preguntar si eres inmigrante, es más, es una obligación para los policías pedir los papeles de una persona que tenga una ligera sospecha de que esté indocumentado", dijo.
Hasta los momentos, tres grupos pro derechos civiles han presentado una demanda para exigir al Gobierno información y transparencia en el programa 287g.
La demanda fue interpuesta en la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York por la Red Nacional de Jornaleros (Ndlon), el Centro para Derechos Constitucionales (CCR) y la Clínica de Justicia e Inmigración, de la Facultad de Derecho Benjamin N. Cardozo, de la Universidad Yeshiva de Nueva York, informaron las organizaciones.
En una rueda de prensa en las escaleras de la entrada principal del Ayuntamiento del Distrito de Columbia, donde la responsable del Departamento de la Policía Metropolitana, Cathy Lanier, pretende implantar el programa 287g, una treintena de personas protestaron contra este plan, también denominado "Comunidades Seguras" y la recién aprobada ley S.B.1070 en Arizona.
Las organizaciones alegan que la ley, que opera ya en 168 jurisdicciones en 20 estados y sigue ampliándose con más acuerdos, han causado alarma, sobre todo porque la información que existe sobre el programa es "imprecisa" y "contradictoria".
Exigen que el Gobierno explique los métodos bajo los cuales opera el programa, cómo es la puesta en práctica del proceso en jurisdicciones locales, si éstas pueden decidir no participar, si existe un mecanismo de supervisión, cuál es el impacto fiscal y el impacto que tiene en la relación entre la comunidad y los agentes locales y cómo se garantiza que únicamente se centre en inmigrantes que hayan cometido o cometan un delito grave, entre otros aspectos.
Tanto el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, como los líderes de la mayoría demócrata en el Senado y la Cámara de Representantes han condenado la nueva ley y han reconocido que ese tipo de medidas refleja la falta de acción para una reforma migratoria, pese a que mantienen como prioridades los temas de reforma financiera y cambio climático.
Por su parte, activistas que están en contra de la 287g, afirman que la administración de Obama pudo haber acabado con este tipo de programas de cooperación entre el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) y la policía local, pero falló en hacerlo y la situación ha empeorado.
teleSUR/dag-MFD
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