TeleSUR
Según sectores sociales, las amenazas, que responden al patrón de actuación histórico de los grupos paramilitares, son parte de la estrategia del actual Gobierno colombiano de señalar y estigmatizar a quienes están en contra de sus políticas.
Más de 60 organizaciones de derechos humanos, fundaciones sociales y sindicales, han denunciado que han sido objeto de amenazas de nuevos grupos paramilitares en Colombia, que les acusan de mantener supuestos vínculos con grupos insurgentes como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
De acuerdo con un reporte del corresponsal de teleSUR en Colombia, Vladimir Carrillo, la directora de la Corporación Humanidad Vigente, Oneida Giraldo, figuró, por segunda vez, en un comunicado emitido por grupos paramilitares, en el que además se declaró como objetivo militar a otras 59 organizaciones humanitarias y sociales.
"Es una forma de persecución y de presión para que para que las organizaciones cesen en sus denuncias en su trabajo por la defensa de los derechos humanos", dijo Giraldo ante las cámaras de teleSUR.
Los amenazados creen que la medida de extorsión se debe a las denuncias que han realizado sobre la reagrupación y expansión del paramilitarismo en Colombia, fundamentadas en estudios que revelan que en 293 de los mil municipios de los 32 departamentos del país suramericano hay presencia de grupos paramilitares en la actualidad.
Las amenazas además coinciden con el patrón de actuación de los grupos paramilitares en Colombia y, según varios sectores sociales, forman parte de la estrategia del Gobierno del presidente Álvaro Uribe de señalar y estigmatizar a quienes son contrarios a sus políticas de Estado.
El director del DAS, Felipe Muñoz, afirmó que su entidad inició labores de inteligencia para corroborar las denuncias realizadas por la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes).
Además de las 60 organizaciones humanitarias, sociales y sindicales, se declararon como objetivos militares a delegados del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud, por su sigla en inglés) y a los senadores Jorge Robledo, Alexander López y Guillermo Jaramillo, del opositor Polo Democrático Alternativo (PDA).
Olga Amparo Sánchez, directora de la Casa de la Mujer, organización dirigida a brindar apoyo a la población desplazada por paramilitares en el departamento colombiano del Cesar (noreste), dijo a teleSUR que el estar contra posturas del Gobierno convierte a muchas organizaciones en blancos de los paramilitares.
"¿Cuándo se convierten en blanco para estos grupos? Cuando estamos en oposición a una política pública o a las posturas del Gobierno nacional o cuando exigimos que el Gobierno colombiano cumpla con los acuerdo nacionales e internacionales en materia de protección de los derechos humanos", dijo Sánchez.
Se cree que la extradición de ex jefes paramilitares de la Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) a Estados Unidos ha provocado resentimiento en los sectores de ultraderecha que, en respuesta a lo que consideran traición de parte del Gobierno colombiano, se han rearmado y emprendido nuevamente sus prácticas irregulares.
De acuerdo con algunas denuncias, muchas de las personas que están siendo amenzadas por los nuevos grupos paramilitares fueron víctimas de las llamadas chuzadas, el programa del Gobierno colombiano de intercepciones ilegales de conversaciones telefónicas ordenado al DAS.
teleSUR/MFD
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