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Varios proyectos de ley prácticamente listos esperan por ser aprobados, entre ellos, sobre el adulto mayor, la venta social de medicamentos y Seguros y Reaseguros.
La Asamblea Nacional nicaragüense volverá a abrir sus puertas este jueves a los diputados, en un nuevo intento de iniciar sus sesiones tras la suspensión decretada ayer por el boicot de los parlamentarios de la oposición.
Reunida en plenaria, la Asamblea debió iniciar este miércoles los debates sobre numerosos proyectos de ley pendientes de aprobación, pero no se logró la inscripción de 47 diputados -la mitad más uno-, el mínimo previsto por la ley para efectuar la sesión.
La oposición liberal en el hemiciclo parlamentario utiliza este método desde hace varias semanas para tratar de que se incluya en el orden del día el debate de una iniciativa de ley sobre un decreto emitido por el presidente Daniel Ortega en enero de este año, que califica de inconstitucional.
Con ese decreto, el primer mandatario prorrogó en sus cargos a 23 funcionarios públicos, cuyos períodos se vencen en el transcurso de este año, porque en el Parlamento se dilataba su ratificación o la designación de sus sustitutos.
Se trata de los magistrados del Consejo Supremo Electoral (CSE) y de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), los miembros de la Contraloría General de la República, el Superintendente de bancos y el Procurador y Subprocurador de Derechos Humanos.
Detrás de esas acciones de la oposición, está el interés de cambiar la composición del CSE y de la CSJ e inclinar la balanza a su favor en la actuación de esos dos poderes del Estado, que considera controlados por el sandinismo.
Mientras tanto, se mantienen en espera varios importantes proyectos de ley que están prácticamente listos para ser aprobados, entre ellos, sobre el adulto mayor sobre la cinematografía y las artes visuales, la venta social de medicamentos y Seguros y Reaseguros.
También están pendientes de discusión un préstamo del Banco Centroamericano de Integracion Económica (BCIE), para la construcción del proyecto hidroeléctrico Larreynaga y otro del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), dirigido a la lucha contra la extrema pobreza para ser implementado en diversos municipios del país.
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