TeleSUR
El presidente colombiano valora el programa de su Gobierno pese a que los ciudadanos de su país lo rechazan por considerar que los obliga costear el servicio que requieran de acuerdo con su capacidad de pago.
El sector de la salud de Colombia, que se encuentra inmerso en una profunda crisis, se verá beneficiado por el cuestionado programa denominado Emergencia Social, adelantado por el Gobierno colombiano, según el presidente de ese país suramericano, Álvaro Uribe.
En declaraciones a la radio local, Uribe señaló que la iniciativa está orientada a hacer sostenible el aumento de la cobertura y la calidad de la salud en Colombia.
Resaltó que su Gobierno llevó a cabo acciones dirigidas a mejorar el servicio de salud en el departamento Antioquia y en todo el territorio nacional.
"Cuando nosotros empezamos, en Antioquia había un millón 198 mil afiliados al régimen subsidiado de salud, hoy hay dos millones 621 mil. El país tiene 23 millones en el régimen subsidiado y 18 millones en el régimen contributivo, ahí hay un gran avance. Primer beneficio, hacer sostenible esa cobertura", dijo el jefe de Estado colombiano.
Pese a estas declaraciones, los médicos, gremios de la salud y usuarios están en la incertidumbre de si las Emergencia Social declarada por el gobierno tendrá algún efecto sobre la calidad del servicio en el futuro.
El gremio de la salud, pacientes y ciudadanos colombianos además han manifestado su malestar por la iniciativa para aliviar la emergencia sanitaria del país, por considerar que, entre otras cosas, obliga a los ciudadanos costear el servicio que requieran de acuerdo con su capacidad de pago.
El Gobierno de Uribe estudiará a cada persona por su patrimonio personal y familiar, controlará los precios de medicamentos y se encargará de funciones extras a la Superintendencia de Salud.
De acuerdo con las nuevas medidas expedidas por el Estado, los servicios del Plan Obligatorio de Salud (POS) se llamarán "prestaciones excepcionales en salud". Esto abre la posibilidad de que los pacientes recurran a sus cesantías, ahorros pensionales e incluso a créditos para responder por estas prestaciones.
Además, algunos analistas sostienen que los pobres terminarán por financiar el sistema de salud. También, otra de las preocupaciones es que se restrinja el acceso a determinados tratamientos, a raíz del decreto que modifica la prestación de los servicios no incluidos en el POS, ahora denominados Prestaciones Excepcionales de Salud.
Para acceder a ese servicio se deberá ahora contar con la aprobación de un comité científico-técnico y ante el cual el afiliado tendrá que demostrar capacidad de pago para financiar los tratamientos y medicamentos.
En tanto, los pacientes de escasos recursos acudirán al Fondo de Prestaciones Excepcionales en Salud, el cual, según expertos, no está en condiciones de cubrir la totalidad de los costos, por lo que los usuarios se endeudarán o en el mejor de los casos pagarán con el dinero de sus cesantías o del fondo de pensiones.
El Gobierno colombiano expidió el pasado 23 de diciembre un decreto por el cual se establece la Emergencia Social en la salud debido a la crisis que afecta al sector en el país.
La crisis estalló a raíz de las deudas que el Fondo de Solidaridad y Garantía tiene con las Empresas Prestadoras de Salud (EPS), las cuales se acercan, según la Asociación Colombiana de Medicina Integral, a los 900 mil millones de pesos (más de 460 millones de dólares).
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