Miércoles, 25 de marzo de 2009Cuatro juezas destituidas en Zulia por reunirse secretamente con Rosales
Prensa Web YVKE (JAA, LBR), VTV y Panorama
Las juristas destituidas son Iracema Vilchez, Guadalupe Sánchez, Gloris Cruz y Luisa Rojas; la medida se tomó de forma precautelar. El parlamentario Calixto Ortega indicó que se debe resguardar el derecho a la defensa del alcalde de Maracaibo, pero también condenar cualquier aspecto que afecte la imparcialidad.
Calixto Ortega, diputado por el Psuv a la Asamblea Nacional, señaló este martes que el proceso judicial del alcalde de Maracaibo, Manuel Rosales, podría desarrollarse en Caracas o Aragua, pues la ley venezolana prevé que cuando un juicio penal causa un cierto nivel de tensión en una determinada juridiscción, se trasladará de zona con el fin de que no afecte el sano criterio del juez.
En una entrevista telefónica concedida para "Despertó Venezuela," programa transmitido por Venezolana de Televisión (VTV), Ortega indicó que esta disposición es una decisión sabia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia y de la Fiscalía General de la República
Asimismo, informó que cuatro jueces superiores de Zulia, se reunieron con Rosales, razón por la cual la Sala Constitucional tomó la decisión de destituirlos de sus cargos, ante la situación irregular. “En un caso de tanta connotación pública es muy parcial que estos jueces se hayan reunido con Rosales, lo que trajo como consecuencia la decisión de la junta reestructurada del Tribunal”.
Las juristas destituidas son Iracema Vilchez, Guadalupe Sánchez, Gloris Cruz y Luisa Rojas. Indicó Ortega que a cualquiera de estos jueces le pudo haber correspondido la consulta de cualquier decisión que se hubiese tomado en primera instancia si el caso Rosales hubiera quedado en el estado Zulia
Indicó que se tomó contra ellos una medida precautelar. Para una supuesta destitución, explicó, el caso tendrá que ser estudiado para determinar la gravedad del asunto. Señaló que en una democracia “todos deben ser vigilantes” para que los procesos penales sean meticulosamente llevados por los jueces. “No sólo en cuanto al derecho a la defensa, sino ante cualquier otro aspecto que afecte la imparcialidad”.
El diario Panorama destaca en su sitio web:
Vílchez, Cruz y Rojas González se desempeñan como juezas de la Corte de Apelaciones del Zulia, que está compuesta por tres salas, que funcionan como tribunales colegiados. Mientras que Sánchez Caridad detenta el cargo de jueza provisoria de la Corte Superior de la sección adolescentes. Según la página web del Tribunal Supremo de Justicia, ha actuado como suplente especial en dos salas de la Corte de Apelación.
Irasema Vílchez tiene más de 20 años en el Poder Judicial, incluso se desempeñó como presidenta y vicepresidenta del Circuito Penal. “En realidad no se conocen las razones que privaron para que la Comisión suspendiera a las juezas”, destacó el informante.
Al ser consultada la jueza rectora del Zulia, Gloria Urdaneta, su secretario explicó, vía telefónica, que la medida fue conocida por la presidencia del Circuito Judicial del Zulia. Pero tras conversar con una secretaria de ese despacho —para conocer más detalles de la medida— no se obtuvo respuesta a la solicitud de entrevista con Domingo Arteaga, actual presidente del Circuito Judicial Penal.
Se desconoce si la medida se dio tras una denuncia en contra de las magistradas u otro procedimiento abierto por las autoridades. Se espera conocer más detalles sobre el proceso administrativo en los próximos días, ya que también se consultó a la sala de prensa del TSJ y no se obtuvo respuesta.
El pasado 18 de marzo, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia emitió la resolución 2009-0008, que establece “la reestructuración integral de todo el Poder Judicial venezolano”. Según explica, el documento “a los fines de garantizar la eficiencia y eficacia del proceso de reestructuración, los jueces y juezas y el personal administrativo serán sometidos a un proceso obligatorio de evaluación institucional”.
La Comisión Judicial, integrada por los presidentes de las siete salas del máximo tribunal del país, fue autorizada a suspender con o sin goce de sueldo a los jueces y personal administrativo “que no aprueben la evaluación institucional”. La resolución tendrá vigencia de un año y prorrogable un año más.
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