Martes, 16 de dicembre de 2008
Atropellos a las libertades bajo el paraguas de la guerra contra el terrorismo
Por: Roberto Montoya
Safe Democracy Foundation
Conozca qué se esconde tras los supuestos desconocimientos de las autoridades españolas en torno a los polémicos vuelos de la CIA sobre territorio español.
EL PASADO DÍA 6 DE DICIEMBRE los dirigentes de los principales partidos políticos españoles dejaron por un momento de lado sus batallas políticas cotidianas para brindar juntos con coincidentes palabras grandilocuentes sobre las cualidades de la democracia, al celebrarse el 30º aniversario de la Constitución de 1978, considerada por la inmensa mayoría de la población como un mojón clave en la recuperación de la democracia.
Pocos días después, el 10 de diciembre algunos de ellos volverían a coincidir en sus loas a un avance democrático de trascendencia histórica aún mayor, mundial, al cumplirse el 60º aniversario de la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos por la Asamblea General de Naciones Unidas, tal día de 1948. Como digno homenaje a tal acontecimiento, el Gobierno de Rodríguez Zapatero anunciaba además un proyecto incluyendo 172 medidas de defensa a los derechos humanos y entre ellas importantes garantías para que se aplique un trato humanitario a todos los presos en España.
Los partidos mayoritarios españoles, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y el Partido Popular (PP), hacían así una tregua temporal antes de iniciar lo que muchos auguraban como la apertura de un nuevo tema de enfrentamiento, visto el primer cruce de acusaciones mutuas que había tenido lugar pocos días antes entre los dos partidos. En este caso no afectaba a la polémica abierta por la ley de la Memoria Histórica, sino a otra página negra de la historia de España, pero a una historia recientísima. A esa página en la que se vio salpicada de lleno –desde enero de 2002 hasta 2007 al menos– por los métodos ilegales utilizados por la Administración Bush en su cruzada planetaria contra el terror.
Si se celebrara el próximo 12 de agosto el 50º aniversario de la promulgación de los Cuatro Convenios de Ginebra, seguramente los máximos dirigentes políticos volverían a hacer elogios a la democracia, al derecho humanitario internacional… y al respeto de los prisioneros que éstas consagran. Y lo harían seguramente con sinceridad, sin sentir ni por un momento que la defensa de esas importantes conquistas de la humanidad es contradictoria con mantener una actitud cómplice con la guerra sucia de Estados Unidos, ni con los derechos conculcados a los prisioneros clandestinos transportados en esos aviones que pasaron por España. En definitiva, ser cómplices con el terrorismo de Estado estadounidense aplicado fuera de sus fronteras.
Hasta hoy tanto el PSOE como el PP habían mantenido un pacto de silencio sobre un tema tan embarazoso como ése y, todo apunta a que ambos intenten evitar que el tema se descontrole, a pesar de su duro cruce de acusaciones.
LOS VUELOS DE LA DISCORDIA
La vuelta al hemiciclo del tema de los vuelos de la CIA se originó por la aparición a inicios de diciembre en la prensa de una prueba documental clave, que reabrió la polémica surgida en 2005 y que parecía cerrada para siempre. El Gobierno del PP puso en marcha ya desde 2001 la colaboración con Estados Unidos que permitió sin más la utilización de los aeropuertos españoles para escalas de aviones transportando prisioneros clandestinos, pero el Gobierno del PSOE no la cortó ni denunció cuando llegó al poder en 2004, sino que la continuó al menos hasta 2007.
La prueba aparecida ahora con el sello de Muy secreto, es la carta que el entonces director general de Política Exterior para América del Norte y Seguridad y Desarme, Miguel Aguirre de Cárcer, dirigiera al entonces ministro de Asuntos Exteriores, Josep Piqué, en la que le notificaba que el consejero político militar de la embajada de Estados Unidos le había solicitado autorización para posibles escalas de emergencia de sus aviones que transportaban prisioneros talibán o de Al Qaeda hacia la base de Guantánamo. Cárcer, quien actualmente es embajador especial para Asuntos de Desarme, notificó igualmente a Javier Jiménez-Ugarte, entonces secretario general de Política de Defensa y mano derecha del ministro de Defensa, Federico Trillo, hoy día responsable del PP en temas de política antiterrorista.
La carta es del 10 de enero de 2002, precisamente en vísperas de que la opinión pública mundial se conmocionara al conocer las fotografías de esos prisioneros que habían pasado por el espacio aéreo español. A estos se los veía arrodillados y maniatados frente a sus celdas al aire libre, enfundados en monos naranja, con mascarillas quirúrgicas, gafas ciegas, grotescos guantes y orejas tapadas, siguiendo la táctica de insensibilidad sensorial.
Cárcer notificó igualmente del reclamo de la embajada de Estados Unidos al secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Miquel Nadal y Ramón Gil-Casares, director del departamento de Internacional y Seguridad del Gabinete del presidente del Gobierno, José María Aznar.
A través de la carta mencionada y otros memorandos conocidos ahora, se confirma la unánime respuesta positiva dada al reclamo de Estados Unidos y cómo se discutió al más alto nivel sobre cuáles eran los aeropuertos que podrían resultar más discretos. Se llegó a la conclusión que los más idóneos eran los de las bases militares de uso conjunto con Estados Unidos existentes en España.
LA GUERRA CONTRA EL TERROR
Ya para el momento en que se realizó ese primer vuelo a Guantánamo, organizaciones humanitarias como Amnistía Internacional y Human Rights Watch habían denunciando en varios informes los atropellos que bajo el paraguas de la guerra contra el terror venía cometiendo Estados Unidos desde el 11-S; tanto abusos, detenciones arbitrarias y deportaciones de numerosos inmigrantes de origen musulmán que residían en el propio territorio estadounidense, como abusos y daños colaterales mortales entre la población civil afgana como consecuencia de los masivos bombardeos contra el régimen de Kabul.
Por otro lado, a pesar de ser la de Afganistán una operación militar en la que participaban numerosos países, Estados Unidos unilateralmente había decidido trasladar a una parte de los prisioneros capturados allí al limbo legal de su prisión en Guantánamo.
A ese vuelo de enero de 2002 le seguirían numerosos más, con escalas fundamentalmente en aeropuertos civiles (Vigo, Santiago, Alicante, Barcelona, Ibiza, Madrid-Barajas, Málaga, Oviedo, Palma de Mallorca, Sevilla, Tenerife y Valencia) pero también, presumiblemente, en los aeropuertos de las bases militares de Rota y Morón de la Frontera. El mundo entero iba conociendo mientras tanto que cientos de prisioneros de 40 nacionalidades diferentes se agolpaban en Guantánamo, donde permanecían privados de todo tipo derechos, sometidos a extenuantes interrogatorios y torturas. En 2002 el Gobierno de Aznar envió ya agentes a interrogar a al menos 13 detenidos, que una y otra vez denunciaban ante ellos las situaciones extremas a las que estaban sometidos.
Según testimonios de algunas de las víctimas, algunas de esas visitas de agentes españoles se produjeron incluso tras el cambio de Gobierno de 2004, bajo el Gobierno de Rodríguez Zapatero.
Posteriores investigaciones exhaustivas de comisiones del Consejo de Europa y el Parlamento Europeo lograron confirmar que los aviones de la CIA hicieron más de 1.200 escalas en aeropuertos europeos, decenas de ellas en España.
LA COLABORACIÓN DEL PSOE
En el caso del Gobierno de José María Aznar, esa fluida colaboración se inscribía dentro de la nunca negada afinidad total con la política exterior y antiterrorista de George W. Bush, manifestada abiertamente desde los primeros pasos de andadura de la Administración de éste, a partir del 20 de enero de 2001, casi ocho meses antes del 11-S. Nada de extraño; fue una política de apoyo acrítico, ratificada luego ante la guerra de Irak y justificada incluso luego, mucho después de que se revelaran todas las mentiras inventadas por la Administración Bush para justificar la invasión.
En el caso del PSOE evidentemente las razones eran otras. Ni bien llegar al poder en marzo de 2004, José Luis Rodríguez Zapatero cumplió con su promesa de retirar las tropas de Irak, lo que provocó la ira de la Casa Blanca y el enfriamiento total de las relaciones entre ambos países. El Gobierno socialista de Rodríguez Zapatero cambiaba así drásticamente la postura que había mantenido otro gobierno socialista anterior, el de Felipe González, frente a la primera de guerra contra Sadam Husein, la Guerra del Golfo, durante 1990-91.
Desde que el primer Gobierno de González, a inicios de los 80, había dejado de lado uno de los lemas de su campaña electoral, ¡¡OTAN no, bases fuera!!, incorporando a España en la OTAN y teniendo hasta a uno de sus dirigentes como secretario general, Javier Solana, la colaboración del PSOE con Estados Unidos en materia de política exterior había sido inmejorable.
Muchos han querido ver precisamente en la continuidad de los vuelos de la CIA durante la época Zapatero, un intento de éste por no irritar más a un aliado tan poderoso como Estados Unidos después de la retirada de las tropas españolas de Irak, para tratar de volver a la normalidad.
Simplemente José Bono, quien sustituiría durante el primer Gobierno de Zapatero en Defensa a Federico Trillo, renovaría sin más el Protocolo de Enmienda al Convenio de Cooperación para la Defensa firmado el 10 de abril de 2002 por Federico Trillo y Donald Rumsfeld en nombre de España y Estados Unidos respectivamente. Ese documento oficializaba en parte de su articulado el no control a las operaciones estadounidenses en territorio español.
Bono y Rumsfeld reactivaron en 2005 en Washington el Comité Bilateral de Alto Nivel creado entre los dos países en 2002 y se estableció una agenda de reuniones periódicas entre ambos.
EL VINCULO ESPAÑOL CON LAS EXTRAORDINARY RENDITIONS
Desde que la trama española de esos vuelos, de esas extraordinary renditions –como llama Estados Unidos a su programa– se destapó a inicios de 2005, el PSOE y el PP cerraron filas para impedir que prosperara una investigación que afectaba a ambos gobiernos.
Estas escalas tuvieron lugar entre enero de 2002 y al menos hasta ya entrado 2007. A pesar de que, en el caso de las escalas en aeropuertos civiles, la CIA utilizara aviones civiles de distinto tipo y matrículas cambiantes, registrados a nombre de empresas fantasma como Premier Executive Transport Services Inc. y otras (al menos 27 de esos aparatos quedaron fichados), su paso por España –como por muchos otros países– dejaron su rastro en los archivos de las autoridades aeroportuarias.
Esta operación encubierta de la CIA, complementaria de las actividades de las fuerzas armadas y otros servicios de Inteligencia estadounidenses, se puso en práctica pocas semanas después del 11-S, convirtiéndose en su programa estrella. Recuperaba las experiencias puntuales realizadas en distintos países ya en la era Clinton por la célula encargada de buscar y capturar a Osama bin Laden que dirigió el súper agente Michael Scheuer, quien lo reconocería con orgullo ante las cámaras de la CBS en 2004, días después de dejar la agencia tras 20 años de servicio.
Una importante investigación de Newsweek publicada el 28 de febrero de 2005 sobre el secuestro por parte de la CIA en Macedonia del alemán de origen libanés Jaled el-Masri, permitió descubrir, a través de la reconstrucción de los hechos realizada por éste tras ser liberado, que el avión camuflado que lo había trasladado desde Macedonia hasta Irak, había partido el día anterior del aeropuerto de Mallorca, el 23 de enero de 2003. Esa primera pista e investigaciones posteriores de periodistas de Mallorca, permitieron descubrir la trama española. Pronto se sabría que ese no era el primer caso, sino que por aeropuertos de Canarias y Mallorca habían pasado varios de los aparatos de la CIA que ya habían sido fichados en diferentes países como protagonistas en traslados de personas secuestradas, varias de ellas en suelo europeo.
ACUSACIONES DESDE EL GOBIERNO BALEAR
Un grupo de personas de Mallorca decidió presentar una denuncia judicial en marzo. La Fiscalía de Mallorca abrió una investigación el 16 de marzo de ese año. Dos días antes, el 14, el coordinador general de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, presentaba varias preguntas al respecto al Gobierno a través de la Mesa del Congreso de los Diputados:
(…) ¿Ha solicitado el Gobierno de Estados Unidos autorización al Gobierno español para utilizar el aeropuerto de Son Sant Joan (Palma de Mallorca) como base de las operaciones de secuestro de presuntos terroristas en aviones sin ningún tipo de garantías de cumplimiento de los derechos humanos? ¿Se han puesto en conocimiento de la autoridad judicial la realización de las operaciones de secuestro de dos presuntos terroristas llevadas a cabo por la CIA en el aeropuerto de Son San Joan o cualquier otro aeropuerto nacional desde el año 2002 hasta la fecha para este tipo de secuestro? ¿Ha dado algún tipo de instrucción el Gobierno a la Fiscalía para abrir una investigación por la presunta vulneración de derechos humanos en las operaciones de secuestro llevadas a cabo por la CIA en aviones que utilizaban el aeropuerto de Son Sant Joan como base? (…).
En el escenario político de las islas Baleares el tema dio lugar a fuertes discusiones. Haciéndose eco del malestar provocado en Mallorca por el paso de las cárceles aéreas de la CIA, los representantes de Esquerra Unida (EU), Partido Socialista (PSM) y Unió Mallorquina (UM) en el Parlament balear, presentaron en abril de 2005 una proposición no de ley para que la Cámara instara al Govern a ponerse en contacto con el Gobierno central a fin de requerirle, al igual que ya había hecho Llamazares, que con urgencia se pudiera investigar la utilización por parte de la CIA de los aeropuertos de las islas Baleares para escalas de sus aviones de transporte ilegal de prisioneros.
Asimismo se pedía en la misma propuesta, que el Gobierno de Madrid tomara las medidas oportunas frente a ese problema violatorio de los derechos humanos.
En defensa de esa propuesta, el portavoz de EU-EV, Miquel Ramón, recordó que en definitiva lo que estaba pasando en las Baleares no era nada nuevo, porque ya las fiscalías de otros países europeos, en concreto las de Suecia, Alemania e Italia, habían tenido que actuar ante las probadas acciones de la CIA en sus propios territorios después del 11-S en operaciones igualmente ilegales.
Ramón dijo en aquel momento:
Ahora es fácil criticar lo que ocurrió con las dictaduras argentina o chilena con la ayuda de la CIA, pero parece que no es tan fácil actuar ante lo que ahora hace el Gobierno estadounidense.
Por su parte, Eduard Riudavets, diputado de PSM dijo, en claro respaldo a las posiciones de Ramón: Cerca de este Parlament han aterrizado aviones que llevan a gente a países donde se practica la tortura; eso ocurre aquí, en casa, no en Argentina o Chile.
SOCIALISTAS Y POPULARES BOICOTEAN LA INVESTIGACION
Los representantes de EU, PSM y UM se encontraron en el Parlament ante el rechazo del frente formado para la ocasión por el PP y por el PSIB, quienes unieron sus votos para impedir que prosperara la proposición no de ley.
Por parte del Partido Popular, Francesc Molina acusó por ejemplo a EU de mantener una postura demagógica y antiamericana, asegurando que en definitiva los aviones de Estados Unidos a que se hacía referencia estaban en regla y que por lo tanto no había ningún problema con ellos.
En Canarias tanto los nacionalistas como los Verdes se sumaron a los que pedían explicaciones al Gobierno por la presencia de los aviones de la CIA en sus aeropuertos.
Sin embargo, la postura del PP canario fue al menos inicialmente la de calificar la situación como de un tema muy delicado que tiene que ver con la seguridad y la de evitar tomar posición, mientras que el PSC-PSOE, siguiendo la postura mantenida a nivel nacional, tampoco se pronunció por prudencia y a falta de conocer más datos.
El Gobierno esquivó el tema durante muchos meses. El primer posicionamiento que hubo fue a través de la vicepresidenta Teresa Fernández de la Vega, cuando fue acosada por los medios de comunicación durante su visita a las Baleares en la Pascua de 2005. Es una denuncia que no tiene excesivo contenido, dijo.
El pedido de comparecencia de los ministros de Exteriores e Interior se producía precisamente en un momento delicado para las relaciones entre Estados Unidos y España. En ese mes de abril de 2005 el ministro Moratinos comparecía en la Comisión de Exteriores del Senado para explicar los avances logrados en las relaciones entre ambos países y para detallar los contactos que pocos días después mantendría en Washington con la Administración Bush. Por su parte, el ministro del Interior viajaba en esos mismos días para encontrarse nada menos que con los máximos directivos del FBI, de la agencia antidroga (DEA), de la CIA, con el fiscal general del Estado y responsables de la Seguridad Nacional.
No eran evidentemente esas visitas ocasiones muy oportunas para hablar de operaciones ilegales de la CIA a través de suelo español, si lo que se pretendía era cerrar las heridas abiertas con Estados Unidos por haber retirado las tropas de Irak.
ESQUIVANDO RESPUESTAS
El diputado Gaspar Llamazares, de Izquierda Unida, llegó a requerir una explicación del propio presidente Rodríguez Zapatero en la sesión de control del 19 de mayo de 2005 en el Palacio de Congreso de los Diputados:
(…) Pues bien, hay una parte de nuestro territorio donde nada de esto rige; no rige la soberanía y no rige el derecho internacional. Y no solamente es que el comandante James Jones haya dicho que en España pretenden una base de utilización para operaciones especiales, no es solamente eso, con lo que a nosotros nos preocupa esa materia teniendo en cuenta además lo que se denomina operaciones especiales por parte del Pentágono y el hecho de que algunos aviones hayan utlizado aeropuertos civiles españoles para trasladar a centros de tortura a ciudadanos de otros países -a ocurrido en Palma y el Gobierno no ha tomado una decisión en esa materia-. sino que básicamente nuestra preocupación es por la información que nos acaba de dar el Gobierno con respecto a la utilización de la base de Rota. (…)
El presidente esquivó la pregunta de Llamazares. Sin embargo, éste recibió al día siguiente una escueta respuesta de parte del Gobierno español, para compensar al menos lo que ni siquiera había mencionado el presidente. Estos son los términos de la respuesta, firmada por el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes:
Los Ministerios del Interior y de Defensa no han tenido conocimiento de que el aeropuerto de Son Sant Joan (Palma de Mallorca) sea utilizado para ningún tipo de actividades de secuestro por ningún país. Los hechos en base a los cuales se forma la pregunta coinciden con referencias que aparecieron relatadas en la prensa local y regional, y en esa misma prensa se ha informado de que la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Baleares ha abierto las oportunas diligencias informativas en orden a la averiguación de los mismos, por si pudiera derivarse a la presunta comisión de hechos delictivos de los que la jurisdicción penal de nuestro país deba conocer. […]
No fue hasta noviembre de 2005 cuando el gobierno español terminó por dar finalmente una explicación sobre las siniestras escalas de los aviones de la CIA en aeropuertos de las islas Baleares y las islas Canarias. Una cierta guerra interna entre ministerios, Interior, Exteriores y Defensa, con sus respectivas filtraciones en algunos medios de comunicación, influyeron en gran medida a que se produjera una gran presión sobre el gobierno. El gobierno delegó la misión de explicar al Congreso a su ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, quien se limitó a seguir un guión preestablecido. Según Moratinos, el Gobierno hizo las averiguaciones necesarias cuando se produjeron las denuncias de las escalas de aviones de la CIA y comprobó que no se había cometido ninguna violación de la legalidad.
En junio del año siguiente, el 16 de junio de 2006, el propio Moratinos publicaba un artículo de opinión en el diario El País, titulado La verdad como método, en el que el intentaba descalificar a los 11 ciudadanos involucrados judicialmente en la acusación popular sobre el tema ante los tribunales de Palma de Mallorca. Lo que está en cuestión no es si hubo o no vuelos de la CIA para realizar las llamadas rendiciones de presos, escribía Moratinos. Estados Unidos ha reconocido hace años que forman parte de su política de lucha contra el terrorismo internacional. Lo que está en cuestión es si el Gobierno español, el actual y el anterior, del Partido Popular, colaboraron con los mismos de manera activa o simplemente no dándose por enterados de los mismos a pesar de conocer o sospechar violaciones de la legislación española en nuestro territorio.
SIN PRUEBAS NI EXPLICACIONES
En marzo de 2007 habría una demostración más del nulo interés del Gobierno para que se esclareciera la verdad sobre los vuelos de la CIA en suelo español. Cuando el Centro Nacional (CNI, el servicio secreto español), remitió al juez Ismael Moreno el informe interno que había elaborado sobre los vuelos de la CIA, al menos una cuarta parte del mismo estaba cubierta por borrones y tachaduras, por cuestiones de seguridad. El resto del informe, compuesto por una serie de documentos de textos confeccionados en distintas fechas de 2005 y alguna de 2006, no aportaba absolutamente nada a la investigación. Por un lado confirmaba informaciones que ya habían publicado medios de comunicación y por otro se añadía coletillas del tipo: no hay pruebas sobre las denuncias, o hasta se llegaba a decir que no había seguridad de que los vuelos de aviones civiles de la CIA denunciados con lujo de detalles y corroborados por las autoridades aeroportuarias, tuvieran algo que ver con actividades relacionadas con la agencia de Inteligencia norteamericana o con organismos oficiales de Estados Unidos.
Cuando a inicios de diciembre de 2005 la secretaria de Estado norteamericana llegó de gira a Europa para tranquilizar precisamente a sus aliados europeos que se habían visto obligados a pedirle explicaciones sobre las prisiones y los aviones de la CIA se dieron muy rápido por satisfechos con las explicaciones de Condoleeza Rice.
En ningún momento ésta se preocupó en desmentir que esos aviones civiles camuflados fueran de la CIA. Simplemente sostuvo que ese tipo de operativos eran imprescindibles para salvar vidas y que eran parte sustancial de la guerra contra el terror recordando a sus aliados europeos, al igual que a los ministros de Asuntos Exteriores de la OTAN que todos estaban en la misma barca. Por otro lado, dio garantías de que su país no torturaba a los detenidos, ni dentro de Estados Unidos ni en el exterior. El propio representante español en la reunión, el secretario de Estado para Asuntos Exteriores, Bernardino León (que sustituía al ministro Miguel Ángel Moratinos, de gira en África), sostuvo tras el encuentro: Condoleeza Rice dejó claro que no se torturó y que la legislación internacional se aplica en Estados Unidos como en el resto de la comunidad internacional.
Ni Bernardino León ni ninguno de los otros ministros de Exteriores ni los representantes de la OTAN que se vieron con Condoleezza Rice que se quedaron tan conformes con las explicaciones de ésta, dijeron por qué si todas esas operaciones se ajustaban al derecho internacional se hacían con aviones civiles registrados a nombre de compañías fantasma. Tampoco explicaron por qué no se identificaba en los países en los que se hacía escala a los detenidos que se transportaba o por qué no se los llevaba ante tribunales de Estados Unidos, en vez de trasladarlos a las mazmorras de países que en la mayoría de los casos figuraban en las propias listas del Departamento de Justicia norteamericano como países que violaban los derechos humanos.
OTRA VEZ SE REHUYE EL DEBATE
Cuando a inicios de diciembre de 2008 la prensa española reveló el citado documento sobre la autorización que el Gobierno Aznar había dado a la escala en España de aviones de Estados Unidos transportando prisioneros a Guantánamo, algunos dirigentes del PSOE creyeron que el tema se circunscribiría a ese periodo del Gobierno del Partido Popular y se permitieron hacer declaraciones acusatorias contra él. Diputados y dirigentes del PP contraatacaron rápidamente tratando de demostrar que había habido más escalas de aviones de la CIA desde la llegada del PSOE al poder en 2004, que durante el Gobierno de Aznar. Ambos partidos reclamaron transparencia, que se supiera toda la verdad sobre el tema.
La comparecencia del ministro Moratinos precisamente el día en que se celebraba el aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, defraudó sin embargo a la opinión pública… pero tranquilizó al PP. Moratinos confirmó que Aznar había dado esa autorización a Estados Unidos, pero aseguró que las escalas previstas para eventuales casos de emergencia para las que se habían previsto los aeropuertos militares de Morón de la Frontera y Rota no fueron finalmente necesarias. Moratinos facilitó las cosas al PP al sostener que entendía que ese tipo de colaboración eran parte de los compromisos asumidos por España por la resolución 1.386 de la ONU contra el terrorismo aprobada tras los atentados del 11-S.
Y con esto zanjó el tema, por lo que el PP se dio por sumamente satisfecho y su responsable en política exterior, Gustavo de Arístegui, saludó efusivamente al ministro y declaró que desde antes estaba seguro de que esas iban a ser las conclusiones de Moratinos, de que en ningún caso se habían violado los derechos humanos.
De esta manera ambos partidos volvían a cerrar el tema que había vuelto a abrir la prensa, tan inoportunamente para ellos. Nadie, ni del PSOE ni del PP, mencionó siquiera durante el debate en el Congreso español ese 10 de diciembre, las otras escalas, las decenas de escalas que hicieron aviones de la CIA en aeropuertos civiles españoles, a pesar de que ninguno de los partidos se atrevía ya a negarlas.
Sólo la aparición de algún otro documento aún más comprometedor y/o conclusiones a las que pueda llegar el juez Ismael Moreno, que prosigue, a pesar de los obstáculos que se le ponen, con la investigación de los vuelos de la CIA y la identificación de los agentes que actuaron en territorio español utilizando identidades falsas, podrían hacer que esos secretos de Estado terminen saliendo finalmente a la luz.
Mientras tanto, la omertá garantiza el silencio.
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