ONU designa nueva Comisionada de derechos humanos pero omite reforzar su autoridadAndrei Fediashin,
RIA Novosti.
Esta semana, la Asamblea General de la ONU ratificó a la juez sudafricana Navanethem Pillay como Alta Comisionada de Derechos Humanos, cargo que comenzará a desempeñar en próximo mes de septiembre.
De ascendencia tamil, y de 57 años, Pillay desempeñará uno de los cargos más difíciles y menos codiciados de la ONU, porque la labor del alto comisionado de Derechos Humanos siempre ha sido objeto de valoraciones antagónicas, reclamos, críticas, y protestas por parte de gobiernos, partidos políticos, medios de prensa y hasta la población.
Ataques inevitables para un funcionario dedicado a denunciar las violaciones contra las garantías individuales, libertad de expresión, reunión o confesión religiosa a nivel global.
El comisionado de derechos humanos de la ONU no puede pasar por alto el más mínimo atropello contra los desprotegidos, mujeres, niños, ancianos, inválidos, entidades sociales, políticas y hasta la prensa, en un conglomerado integrado por 191 países.
Hasta ahora, ningún alto comisionado de derechos humanos de la ONU ha podido abandonar la sede de la entidad en Ginebra sin reproches y objeciones por su trabajo realizado.
La excepción, posiblemente fue el portugués Sergio Vieira de Mello, quién murió a consecuencia de una explosión en Bagdad en 2003, pocos meses después de ser nombrado en el cargo.
Según observan los expertos, la mayoría de los comisarios de DDHH de la ONU abandonan el cargo a consecuencia de presiones e intrigas políticas y en estado de profunda depresión.
Como la comisionada saliente, la canadiense Louise Arbour quien abandonó su cargo sin recibir siquiera el agradecimiento protocolario del Gobierno de su país.
Lo que pasó fue que los gobiernos de Estados Unidos y Canadá estaban más que incómodos por la postura adoptada por Albour frente a situaciones de derechos humanos en varios países del mundo.
Washington y Ottawa no podían soportar más las agudas críticas de la alta comisionada a la política de Israel en los territorios palestinos ocupados.
Precisamente la postura de EEUU y Canadá, que no apoyaron a Arbour para renovar su mandato, promovió el nombramiento de la nueva alta comisionada, Pillay, que fue jueza del Tribunal Internacional para Rwanda, establecido para juzgar a los responsables del genocidio cometido en el país africano en 1994.
Pillay llega a Ginebra en momentos cuando toda la estructura de la ONU destinada a la defensa de los derechos humano es objeto de una profunda y reciente transformación cuyos resultados todavía están por verse.
Teniendo en cuenta las agrias disputas y debates que protagonizan los países al momento de pactar las condiciones para arbitrar la observancia de los derechos humanos, es muy probable que la situación siga igual o peor que antes.
En 2006 la ONU puso fin a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU fundada en 1946, y en su lugar, estableció el Consejo de Derechos Humanos.
El nuevo Consejo de Derechos Humanos está integrado por 47 países en lugar de los 53 que formaban parte de la abolida comisión.
Los países que integran el Consejo son elegidos por mayoría de votos en la Asamblea General de la ONU, lo que supone cierto progreso, porque antes, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU se formaba por resoluciones del Consejo Económico y Social (ECOSOC) de la ONU.
Cabe resaltar que el nuevo consejo comienza a funcionar con muchas dificultades, porque EEUU, Israel, las Islas Marshall y Palau, se manifestaron en contra de la creación de la entidad.
Por ahora, Washington ha impuesto un boicot a la nueva organización, y sin la participación estadounidense, las posibilidades de la nueva estructura de la ONU son muy limitadas.
Al justificar su postura, el Gobierno estadounidense estimó que el consejo puede perder autoridad si ingresan países que regularmente violan los derechos humanos.
En realidad, el motivo de la negativa estadounidense es otro.
Por todos los medios, Washington evita adquirir compromisos ante una entidad que en primer lugar, condenará las torturas en las cárceles secretas de la CIA, la detención ilegal de los presos en Guantánamo y otras violaciones que tienen lugar en otras partes del mundo donde EEUU combate el terrorismo pisoteando los derechos humanos.
Por su parte, Rusia forma parte de ese consejo porque obtuvo el respaldo de 137 países que votaron a favor de su candidatura.
Entre los países del espacio postsoviético, que también formarán parte del consejo figuran Armenia, Georgia, Kirguizistán, Letonia y Lituania.
Al exponer sus planes, Moscú declaró que en el Consejo de la ONU denunciará la violación de los derechos civiles de la población ruso-hablante que desprovistos de los derechos civiles fundamentales, residen en los Estados bálticos, especialmente en Letonia y Estonia, países miembros de la Unión Europea y la OTAN.
Rusia también denunciará las recientes campañas desplegadas en países de Europa Oriental para procesar a los civiles que participaron en las brigadas de resistencia durante la II Guerra Mundial, y las campañas para convertir en héroes a los policías y colaboracionistas de las tropas alemanas nazis involucrados en el exterminio de civiles en los territorios ocupados en Europa durante la guerra.
Al mismo tiempo, los diplomáticos rusos advirtieron que en el consejo impedirán a toda costa cualquier intento para cuestionar la observancia de los derechos humanos en Chechenia, una advertencia a todas luces improcedente, si se consideran ciertas las aseveraciones del Gobierno ruso de que esa región ha vuelto a la normalidad.
Aquí, con Rusia, pasa lo que ocurre con todos los países miembros de la ONU, que están dispuestos a discutir el tema de la violación de los derechos humanos en cualquier parte del planeta, pero bajo ninguna circunstancia en su propio país.
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